Buenos días. Estas son algunas noticias que nos tuvieron ocupados esta semana.
El lunes nos enteramos de que Alfredo Sánchez, alcalde de Florencio Sánchez, y varios miembros de su familia, iban camino a ser procesados por asociación para delinquir, fraude, concusión, cohecho calificado, falsificación ideológica y encubrimiento. La cobertura que hizo Francisco Abella para la edición coloniense de la diaria pinta de manera breve pero contundente al “hombre de las mil gauchadas” y a la vez muestra cómo estaba trabajando electoralmente con varios dirigentes del Partido Nacional, incluido el actual intendente de Colonia, Carlos Moreira, quien, pese a todo, se mostró sorprendido por el accionar de su correligionario.
Otro hombre del Partido Nacional, Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, opinó el miércoles que lo de Sánchez, quien para entonces ya había sido condenado, había que tomarlo como un caso aislado.
También el miércoles se supo que un cuarto hombre del Partido Nacional, el intendente de Lavalleja, Mario García, había decidido consultar a la Junta de Transperencia y Ética Pública (Jutep) acerca de la compensación salarial que su administración departamental le paga a su hermano. La situación había sido denunciada por ediles de la oposición.
Tanto nuestro editorial del sábado como esta columna publicada unos días antes reflexionan sobre la conveniencia ‒para el sector político involucrado‒ y la inconveniencia ‒para la sociedad democrática‒ de considerar las maniobras de Sánchez un simple caso aislado.
También esta semana dos ministros del Partido Nacional fueron interpelados por la oposición. Javier García, titular de Defensa Nacional, debió justificar la compra de dos aviones cincuentenarios, mientras que Luis Alberto Heber, cabeza del Ministerio del Interior, tuvo que responder por la grave situación en las cárceles.
Recordemos que hace poco, Heber había sido interpelado por la responsabilidad que tuvo cuando era ministro de Transporte y Obras Públicas en la concesión del puerto de Montevideo a la empresa Katoen Natie hasta el año 2080. Esta semana ese acuerdo comenzó a regir y, sumado a diferencias en la negociación colectiva, los trabajadores portuarios tomaron medidas gremiales que paralizaron la actividad durante tres días. Además, el miércoles Heber fue denunciado formalmente ante la Fiscalía por su rol en la concesión del puerto, tras lo cual recibió un cuestionable respaldo del presidente de la República
Hasta la semana que viene.