El viernes, después del Consejo de Ministros, se despejaron algunas dudas en torno a la utilización de blindados del Ejército por parte de la Policía. El tema, instalado el lunes por una investigación periodística, causó numerosos debates dentro y fuera del oficialismo.
Desde filas gubernamentales, se escucharon algunas voces, como la del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, del Partido Comunista, que apuntó al impacto simbólico que generaría la presencia de personal militar en las calles, y fue el propio presidente de la República quien salió a rectificarlo al marcar la priorización de la seguridad pública.
De todos modos, otros actores del oficialismo, como la senadora Constanza Moreira, recordaron las razones por las que muchas personas con sensibilidad de izquierda no ven favorablemente este tipo de anuncios.
La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, a su vez, aclaró que no habría militares patrullando las ciudades, sino solamente sus vehículos, aunque persistió la incertidumbre acerca de la repartición a la que pertenecerán los choferes y llegó a hablarse de un pase en comisión de personal de las Fuerzas Armadas al Ministerio del Interior para conducir los vehículos.
Con el convenio firmado el viernes entre los ministerios de Defensa e Interior se saldaron varias incertidumbres en torno a esta nueva modalidad de intervención en la seguridad, especialmente respecto del estatus jurídico del personal militar involucrado y de las características de los vehículos asignados al patrullaje.
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En la misma conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros se dieron señales sobre incrementos de la inversión en la atención a la infancia y en el combate a la pobreza que marcarán el tono de la próxima Rendición de Cuentas.
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