Durante las últimas semanas, distintos integrantes del gobierno mostraron posiciones diferentes respecto de si la Rendición de Cuentas debe implicar un incremento de lo pautado en la Ley de Presupuesto que se votó el año pasado. La idea del “gasto cero” quedó definitivamente atrás el martes, cuando el proyecto ingresó al Parlamento y se conoció que habrá un plus de 31 millones de dólares.
Además, se supo que el gasto adicional estará destinado a atacar la pobreza infantil, a reforzar las políticas de seguridad pública y educación y a atender a las personas en situación de calle. El gobierno pasa así a proponer la agenda política, luego de semanas de traspiés y encuestas adversas, y lo aprovecha en el plano comunicacional: primero hubo un video del presidente Orsi, que destacó los avances de su administración y de la propuesta de Rendición, y le siguieron comunicaciones similares del secretario de Presidencia y del ministro de Desarrollo Social en las que se retoma el discurso de atención a los más desfavorecidos con independencia de los resultados macroeconómicos.
El gobierno “impulsa la reforma de transferencias para la infancia más importante en dos décadas”, dijo el director de la OPP, y desde la oposición se adelantó la intención de apoyar la iniciativa.
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La seguridad, tema transversal
Además del respaldo que recibirá en la Rendición de Cuentas, la seguridad pública sigue en la agenda local y regional.
Una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana indicó que la mayor parte de la población consultada estaba de acuerdo con utilizar vehículos militares para patrullaje policial, en sintonía con la propuesta de Orsi; la aprobación es mayoría en todas las tiendas políticas, y es especialmente alta en las de la oposición.
Orsi asumió la presidencia rotativa del Mercosur el miércoles, en Luque (Paraguay), y también en el bloque la seguridad se perfila como un tema a discutir, al igual que en otros organismos regionales.
Al otro día, al recibir en Montevideo al presidente chileno, José Antonio Kast, Orsi manifestó la intención de que Uruguay se pliegue al Acuerdo de Santiago, que busca regionalizar el combate al crimen organizado.
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