Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El oficialismo insiste en plantear, como justificación total o parcial de sus políticas, cuestionamientos a la gestión de los gobiernos frenteamplistas. Da la impresión de que hasta ahora ese recurso le ha servido, aunque caben dudas de que siga siendo así por mucho tiempo más. En todo caso, resulta muy discutible que al Frente Amplio (FA) le convenga destacar la discusión en este terreno como elemento central de sus diferencias con el oficialismo.
Consideremos, por ejemplo, el caso de los debates sobre la reforma del sistema de seguridad social, en la comisión de expertos que se ocupa del tema, y las discrepancias del FA con el diagnóstico propuesto por el presidente de esa comisión, Rodolfo Saldain.
Objetar la propuesta de Saldain porque critica las consecuencias de lo que hizo el FA cuando gobernaba es algo que le puede parecer importante sobre todo a los frenteamplistas convencidos. Señalar que las medidas criticadas ampliaron derechos y mejoraron las condiciones de retiro de mucha gente, en especial de las mujeres y de las personas más pobres, es un argumento de alcance notablemente más amplio.
Aún más eficaz, para ganar opinión pública, es destacar que los sesgos del diagnóstico planteado por Saldain muestran intenciones de apoyar en él propuestas que empeorarán el actual acceso a beneficios de la mayoría de la población, así como poca inclinación a disminuir privilegios minoritarios.
También parece muy acertado introducir en el debate público sobre esta reforma la cuestión del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Este es, sin dudas, parte de la seguridad social, pero en sus primeras etapas de desarrollo no se ha financiado como las jubilaciones o el sistema de salud, incluyendo aportes de la ciudadanía que implican redistribución de ingresos. Cabe apuntar esto porque, en los tiempos que corren, hay quienes consideran que ya requiere demasiado gasto estatal, y que en vez de tender a su universalización hay que reducirlo a una política asistencial para las personas más vulnerables.
Según el artículo 86 de la Constitución, los proyectos que modifiquen causales o beneficios de las pensiones y jubilaciones sólo pueden ser presentados por el Poder Ejecutivo. A su vez, el artículo 79 indica que no se pueden impulsar recursos de referéndum contra las leyes sobre cuestiones en que la iniciativa le corresponde exclusivamente al Ejecutivo. De esto se desprende que lo crucial en relación con la reforma de la seguridad social será la decisión del Parlamento.
Por lo antedicho, si el FA pretende evitar el triunfo de determinadas orientaciones, deberá lograr que sus cuestionamientos tengan eco en la ciudadanía, y que esta a su vez presione para impedir el alineamiento de todo el oficialismo detrás de esas orientaciones.
Lo mismo sucede en otros terrenos, ya se trate de los recursos para el desarrollo de la ciencia, o de las políticas para reactivar la actividad económica y reducir los daños sociales asociados con la emergencia sanitaria. Y por eso es tan importante para el oficialismo evitar fisuras en su bancada parlamentaria.
Hasta mañana.