“Es una ley necesaria y hay que aprobarla sin perder tiempo”, dijo el martes en una rueda de prensa el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto (CA), sobre el proyecto de ley para limitar los terrenos destinados a la producción forestal que fue presentado por el diputado de la misma fuerza política Rafael Menéndez. El proyecto ya tiene media sanción; en diciembre fue aprobado en la Cámara de Diputados con los votos de CA, el Frente Amplio y el Partido Ecologista Radical Intransigente. El Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado votaron en contra.
Manini dijo que ahora que empezó el período ordinario en el Parlamento se planteará el proyecto para ser tratado “lo antes posible” en la comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado. “Vamos a seguir adelante, porque entendemos que es una ley necesaria e imprescindible para preservar nuestras tierras para una explotación agropecuaria que comprenda los distintos rubros”, señaló.
La firme posición de Manini, de seguir adelante con el proyecto, pone en un brete a la coalición y augura un largo camino de discusión sobre el tema dentro de la coalición de gobierno. De hecho, este miércoles, luego de la reunión de los coordinadores de la coalición, se resolvió crear un grupo de trabajo integrado por los miembros de la comisión de Ganadería que empezará a trabajar para llegar a un acuerdo sobre el tema.
La comisión se reunirá este jueves a las 13.00 y seguramente trate el tema, señaló a la diaria el senador blanco Jorge Gandini, y adelantó que en la comisión deberán dar su opinión “todo los que tengan que ir”, empezando por los jerarcas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y también las “organizaciones, empresas y grupos”. “Mi postura es que la comisión primero tiene que escuchar todas las opiniones, como habitualmente lo hacemos, para después empezar a depurar el texto”, señaló, y agregó que cuando se trató el proyecto en la Cámara de Diputados no se citó a todos los implicados para que dieran su visión sobre el tema.
Haciendo memoria
El proyecto de CA hace modificaciones a la Ley Forestal (15.939), uno de los caballitos de batalla del primer gobierno del presidente colorado Julio María Sanguinetti (1985-1990), aprobada en diciembre de 1987. Aquella ley en su primer artículo declara “de interés nacional la defensa, el mejoramiento, la ampliación, la creación de los recursos forestales, el desarrollo de las industrias forestales y, en general, de la economía forestal”.
La iniciativa de CA establece que la plantación de bosques generales y de rendimiento “queda limitada a los suelos de prioridad forestal”, definiéndose a estos según lo establecido en la ley de 1987. El segundo artículo del proyecto determina que “la superficie total de bosques de rendimiento y generales en todo el país no podrá superar el 10% de la superficie nacional bajo explotación agropecuaria definida en el Censo General Agropecuario”. Además, el tercer artículo del proyecto establece que “la superficie destinada a bosques de servicio en cualquier predio agropecuario no podrá superar el 8% de la extensión total del mismo, cuando se ubiquen en suelos fuera de prioridad forestal”.
Cabildo con K
A su vez, el senador blanco Sebastián da Silva, que también integra la comisión de Ganadería, siguió la misma línea que Gandini y en diálogo con la diaria añadió que el tratamiento del proyecto en el Senado será “inversamente proporcional al que se hizo en la Cámara de Diputados”. Aseguró que llamarán “a todos los actores”, desde la mesa de Un Solo Uruguay hasta la Asociación Rural del Uruguay, la Sociedad de Productores Forestales, la Federación Rural y la Comisión Nacional de Fomento Rural, ya que la Ley Forestal tiene “mucho tiempo de vigencia” y hay que tenerle “el respeto que se merece”. Agregó que, por supuesto, también tienen la intención de que ante la comisión comparezca, además del titular del MGAP (Carlos María Uriarte), el del Ministerio de Ambiente (Adrián Peña).
Da Silva subrayó que el proyecto “así como está no tiene el apoyo del PN”, porque entiende que a la Ley Forestal hay que modernizarla, actualizando y sacando tipos de suelos y adaptando las excepciones, “siempre en el eje de respetar el fino equilibrio entre la propiedad privada y el uso que se quiera hacer de la propiedad y la sustentabilidad de un recurso finito como es el suelo”. Agregó que “Uruguay no puede permitirse tener un porcentaje legal que limite ningún tipo de producción” porque “eso es kirchnerismo”, por lo tanto, “eso tiene que salir” del proyecto.
Además, Da Silva subrayó que “es un mito que los proyectos forestales no tienen regulación”, ya que en realidad tienen “triple regulación”: de la Dirección Forestal del MGAP, la evaluación del impacto ambiental del Ministerio de Ambiente y la regulación departamental. “Esos son los tres pasos burocráticos que un emprendimiento forestal tiene que hacer. Entonces, la regulación existe, habrá que adaptarla”, acotó. Por último, el senador dijo que a este proyecto “hay que quitarle mucho titular en la prensa y agregarle mucha agronomía”.
En tanto, según supo la diaria por fuentes del Ministerio de Ambiente, en esa cartera se está trabajando en una propuesta para cambiar los criterios de clasificación de los proyectos forestales, teniendo en cuenta el agua, el suelo y la biodiversidad. La iniciativa surgió luego de un intercambio de tres meses con la Dirección General Forestal del MGAP y con la Sociedad de Productores Forestales. De todos modos, estos serían cambios a la reglamentación existente, independientemente de que el proyecto de CA se apruebe o no.