Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia informó ayer que las situaciones detectadas en 2021 fueron 43% más que en el año anterior. La directora del sistema acotó que esto no necesariamente indica un aumento de la violencia, ya que el regreso a la presencialidad de los equipos técnicos y en los centros educativos incrementó las posibilidades de acceder a información e intervenir.
No sucede lo mismo con los síntomas de otros problemas sociales. El hecho de que en las ollas populares y merenderos atendidos por la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) se entreguen cada semana 30.000 porciones más que el año pasado señala con claridad un aumento de la cantidad de personas que no tienen qué comer.
Esto tiene obviamente relación con el aumento de precios de los alimentos, y hay que señalar que la CPS se ocupa sólo de unos dos tercios de las ollas populares y merenderos en Montevideo. No cabe duda del impacto social que está causando la combinación de la pérdida acumulada de salario real, el aumento de la pobreza que sólo se ha revertido en parte y la inflación acelerada.
Los pequeños aumentos de salarios públicos, jubilaciones y pensiones, dispuestos por el Poder Ejecutivo a partir del 1º de julio y a cuenta de ajustes venideros, tendrán un efecto parcial y relativo, porque gran parte de la población afectada no tiene un empleo público, y en las pasividades menores el incremento anunciado de 3% será muy poco dinero.
Es lógico que desde el sistema partidario se plantee la necesidad de más medidas para reducir daños. Lo han hecho el Partido Colorado y Cabildo Abierto, oficialistas, y el Frente Amplio (FA) le entregará hoy propuestas al presidente Luis Lacalle Pou.
Las iniciativas del FA abarcan la eliminación del IVA a 19 productos de la canasta básica, que ya solicitó el Senado y que la coalición de izquierda propone aplicar durante seis meses; reducciones de tarifas para la población más vulnerable; duplicar las transferencias de la Tarjeta Uruguay Social y la Asignación Familiar Plan de Equidad, y luego ajustarlas mensualmente, durante un año, de acuerdo con la evolución del índice de precios al consumo; y un aumento, no a cuenta, de salarios públicos y jubilaciones a partir del 1º de mayo, con mayor porcentaje para las remuneraciones más bajas.
Por otra parte, se propone eliminar por seis meses el IVA al supergás y también al gasoil para micro, pequeñas y medianas empresas, y no aumentar el precio de ningún combustible por lo menos hasta fin de año, financiando esta medida mediante aportes de Rentas Generales.
Todo esto, al igual que el apoyo estatal a las ollas populares y merenderos –intermediado por la organización privada Uruguay Adelante–, implica por supuesto más gasto público, y de dónde corresponde obtener ingresos es una cuestión profundamente política. De todos modos, es muy relevante registrar la opinión de Esteban Corrales, integrante de la CPS, quien señaló que esta no se concibe como instrumento de una política pública permanente de asistencialismo, sino que aspira a que cambie un “modelo social que no está funcionando”.
Hasta mañana.