Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La situación del diputado Gerardo Núñez es un problema mucho más complejo que lo que parece para las organizaciones políticas que integra, el Partido Comunista de Uruguay (PCU) y el Frente Amplio (FA). Puede ser también una oportunidad de reflexión, aprendizaje y avance.
Una expareja de Núñez lo denunció por violencia de género, y la jueza actuante decidió, además de medidas cautelares, intimar al diputado a que concurra a un servicio de apoyo para varones que ejercen ese tipo de violencia. Más adelante verificará si Núñez lo hizo, y en tal caso, si no hay datos nuevos relevantes, esto será todo.
Las resoluciones de la magistrada (como corresponde) no se refieren en detalle a los hechos denunciados, pero parece obvio que no identificó conductas tipificadas como delitos que pudieran requerir una condena. Sin embargo, también es obvio que, con independencia de la resolución judicial, el caso se vincula con fuertes debates sociales contemporáneos sobre lo que no puede aceptarse “en la vida privada”, y moviliza demandas de pronunciamiento político.
Dentro del FA hay reclamos de que Núñez sea sancionado, por lo menos con el cese en su cargo de legislador. En principio, la idea fue trasladar el caso al Tribunal de Conducta Política (TCP), pero se han planteado algunas dificultades para que actúe ese organismo, y hay otras que no se han planteado pero existen.
Las organizaciones que fundaron el FA se cuidaron de mantener espacios de autonomía. La autoridad de los organismos comunes se ejerce sólo en lo relativo al cumplimiento de normas internas acordadas, y estas se centran en cuestiones como el cumplimiento de los mandatos colectivos o la abstención de acuerdos por cuenta propia con fuerzas ajenas al FA. Las disposiciones éticas apuntan básicamente al desempeño en organismos estatales.
Los gobiernos frenteamplistas impulsaron la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, que en casi un centenar de artículos establece criterios, procedimientos, protecciones y sanciones, pero el FA no incorporó esta elaboración a sus normas internas.
El TCP no tiene un marco de referencia explícito, y si aun así interviniera, sólo podría presentar un informe al Plenario Nacional. Este organismo, integrado por representación política, es el único que puede aplicar sanciones, pero no en todos los casos.
El Compromiso Político aprobado en 1972 indica que “los legisladores y ediles [...] sólo podrán ser sancionados por sus respectivos sectores”, que las autoridades del FA “no normarán, dirigirán ni sancionarán la conducta de los afiliados, militantes y dirigentes de las organizaciones políticas integrantes”, y que serán estas las “responsables de los actos de sus miembros en cuanto tengan relevancia para la disciplina común”.
El PCU tiene una Comisión de Control a la que se trasladó el caso de Núñez y que dispone de 60 días para pronunciarse. El FA, por su parte, quizá haría bien en discutir, y si es posible acordar, una actualización de sus normas internas. Esto tendría valor por sí mismo, y además le daría mayor autoridad para criticar lo que hacen y dejan de hacer otros partidos ante denuncias contra sus integrantes.
Hasta el lunes.