En enero de 2018, Luis Pereira asumió la Dirección de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Colonia. Anteriormente, cumplió funciones en varios destacamentos policiales del país, culminando su carrera policial como subjefe de la Jefatura de Policía de Colonia.
“Luego de mi jubilación, el intendente de Colonia, [Carlos] Moreira (Partido Nacional), me ofreció este desafío que acepté con la condición de que no haya camisetas políticas ni amiguismos”, dijo Pereira en diálogo con la diaria.
“Los códigos” de los colonienses, “la estructura departamental con la que cuentan” y “porque los temas se los toman en serio” fueron aspectos fundamentales “para asumir este cargo” en la órbita de la comuna, explicó.
La dirección que encabeza Pereira está en el foco de la atención luego de que la Junta Departamental de Colonia aprobara la creación de una comisión investigadora para analizar supuestas irregularidades ocurridas en esa cartera, presentadas por el inspector Walter Espino.
Luego de casi dos años, este miércoles 17 se realizará una sesión extraordinaria en la Junta Departamental donde se evaluarán los informes presentados por esa comisión.
En la zona del parque Otto Wulff de Colonia del Sacramento, lejos del bullicio del Palacio Municipal, la Dirección de Tránsito comandada por Pereira tiene sus oficinas, una pista para la realización de libretas de conducir y cientos de motos incautadas. En ese lugar se desarrolló esta entrevista, en la cual el funcionario evitó hablar sobre el centro de las denuncias presentadas en su contra.
¿Como analiza estos años que lleva al frente de la Dirección de Tránsito?
Bien, de mucho trabajo. La dirección trabaja con 80 funcionarios, de los cuales el 50% se dedica a la expedición del Permiso Único Nacional de Conducir (PUNC). Esta tarea se realiza en tres bases, ubicadas en Colonia del Sacramento, Carmelo y Rosario. El cuerpo inspectivo se divide también en esas tres zonas y accede a sus centros poblados en esas zonas. Esta dirección requiere un insumo de recursos humanos muy grande, ya sea por ayudantía y dirección, jefatura de inspectores, transporte, educación vial y equipo técnico. Los funcionarios que se dividen en estas tareas cumplen hasta tres responsabilidades en las distintas áreas. Los trabajos de señalización y pintura los realizan seis funcionarios distribuidos en dos por cada zona. Ellos constantemente están trabajando, salvo cuando hay mal tiempo.
¿Existe falta de recursos humanos?
Nosotros querríamos más, pero a veces preferimos pocos y buenos y no muchos y multiplicadores de problemas sociales y personales. Ahora los que están realizando ese trabajo son unas máquinas de trabajar.
¿La cantidad de multas que se aplican a los conductores ha disminuido en este período?
Sí. Desde 2018 hasta ahora hemos bajado un 64% el volumen total. Además, hemos logrado que se llegara más a las personas, con buen diálogo por parte de los inspectores, y en ese sentido se está dando un buen resultado. La ignorancia y la soberbia son una mezcla fatal en materia de tránsito. Cuando la persona no entiende, el volumen de multa aumenta. El acta que el inspector levanta en la calle es un acta de infracción. Eso está destinado para cortar una inconducta.
¿Qué opinión tiene sobre la comisión investigadora que trata el tema sobre las denuncias del inspector Walter Espino?
Antes de este encuentro con usted consulté al secretario general de la comuna, Guillermo Rodríguez, sobre este tema, y me informó que no dé declaraciones al respecto, dado que quien debe expedirse sobre este tema es la comisión investigadora de la Junta Departamental de Colonia, integrada por ediles de todos los partidos políticos.
¿Pero usted qué opina al respecto?
Lo que yo opine, diga o sugiera es contraproducente. Por algo se denunció y por algo se pidió que se forme la comisión. Está sujeto a derecho y esperemos a ver qué pronuncia.
El año pasado, 28 personas perdieron la vida en siniestros de tránsito en distintas calles y rutas del departamento. Teniendo en cuenta que los datos van a contrapelo de lo que ocurre en el resto del país, según el último informe realizado por la Unasev, ¿cómo analiza esta situación?
Oportunamente estuvimos muy afectados porque fue un índice de siniestralidad muy grande que tuvimos. Colonia cuenta con más de 3.000 kilómetros de caminería interna, divididos en jurisdicción nacional, local y compartida. La jurisdicción nacional surca todo el departamento, los habitantes de Colonia, en su mayoría, utilizan estas vías para estudiar, trabajar y movilizarse diariamente. En ese sentido, tenemos una megaplanta en Nueva Palmira que provee de granos a Montevideo y se mueve por rutas nacionales. Además, contamos con Montes del Plata, ubicada en Conchillas, que moviliza miles de camiones cargados con 40 toneladas de madera, todo por jurisdicción nacional. También tenemos la principal puerta de entrada de turismo al país, que es el puerto de Colonia. Esto trae una transculturación que los colonienses no lo ven en su día a día, pero que los afecta directamente.
A principios de este año se reclamó por mayor control en distintas localidades del departamento debido a la realización de picadas de motos. ¿Qué atención pone la Dirección de Tránsito a este tema?
En el departamento de Colonia no se realizan picadas de motos. En otras oportunidades me tocó trabajar en tema de picadas, y nada tiene que ver con estos casos puntuales de algunas motos realizando ruidos molestos a velocidades excesivas con gran peligrosidad para todos los ciudadanos. Estos casos son puntuales y atendidos. La Dirección de Tránsito no puede hacerlo sola este trabajo, por lo que siempre lo realizamos con la Jefatura de Policía de Colonia y el apoyo de los municipios. Ojalá el fenómeno picadas, Dios quiera, nunca llegue al departamento, porque traería un montón de irregularidades, sobre todo un submundo alrededor de todo eso, que Colonia no merece.
¿Cómo se gestiona mientras ocurran este tipo de situaciones?
Mientras se pueda atender a esa gente que está rompiendo los márgenes, haremos lo posible. Un inspector tiene determinadas atribuciones como levantar actas de infracción y especializarse en tránsito, no puedo pedirle la responsabilidad de un Estado policial. Por eso trabajamos con la Policía, pedimos apoyo a Prefectura y muchas veces a la Policía Caminera, que es una dirección nacional. Como todas las cosas, es un reflejo social, y si no lo atacamos en conjunto con todos los operadores, si la comunidad no quiere cambiar, va a ser muy difícil, porque las variables escapan específicamente a tránsito. Podemos entrar en la parte de prevención con los demás operadores, de disuasión con nuestra fiscalización, pero ya la parte represiva no nos incumbe. Lo mas represivo que tenemos es la retención de los vehículos, que lo podemos hacer sujeto a normas, aunque no estén tripulados.
Con respecto a la incautación de vehículos, ¿cómo se desarrolla ese proceso?
Tenemos un convenio con el Instituto Nacional de Rehabilitación para que en el complejo penitenciario Piedra de los Indios se desguace y se realice la chatarrización de vehículos incautados, donde ya llevamos más de 5.000 y tenemos otro tanto en ese proceso. La Intendencia de Colonia mantiene un convenio con la Jefatura de Policía, que involucra a la Dirección de Tránsito, ya que somos quienes recibimos los vehículos retenidos y cumplimos con todo un proceso administrativo para posteriormente devolver al dueño o iniciar el proceso de chatarrización.
¿Es un problema la cantidad de motos que circulan en el departamento?
Sí, lo es. Prácticamente su valor de mercado lleva a que todo ese submundo que hay de vehículos irregulares tengan poco costo, sean fácilmente adquiribles y al final es como que vamos sacando y se van reproduciendo igual.
¿La cantidad de taxis irregulares en Carmelo duplican a los formales como denunciaron los propietarios de taxímetros de esa localidad?
Hubo irregularidades, sí. Le puedo decir al respecto que en la dirección tenemos una oficina que atiende esos problemas, y este específicamente lo visualizó, se atendió y se hicieron las gestiones que había que hacer. No le puedo dar números ni volúmenes, pero ni bien tomamos conocimiento se intervino y se está trabajando. Tratamos de que aquel competidor desleal entienda que así no se debe realizar.
La concejala del Frente Amplio (FA) de Tarariras reclamó la atención de la Dirección de Tránsito, dado que no responde a las solicitudes que realiza ese municipio con respecto a la señalización y pintura de cebras y sendas peatonales. ¿Cómo gestiona estos reclamos?
Para pintar y poner señalítica en cualquier localidad debemos recibir una solicitud por expediente. Siempre nos manejamos de esa manera. Tenemos una muy buena relación con el Municipio de Tarariras. Hemos realizado distintos trabajos, asesoramientos, hemos corregidos algunas cosas. Lo que sucede en Tarariras es que hay señalización que fue colocada en jurisdicción que no nos compete, o que fueron puestas de forma irregular, y en ese caso no intervenimos, salvo para hacer la observación al ejecutivo departamental y decir que en determinado lugar hicieron una intervención sin la consulta. En esa localidad se da un fenómeno particular que es el tránsito diario y continuo de transporte pesado, y no tenemos la posibilidad de tener personal constante. Los recursos humanos en este caso son muy cortos.
¿Pero recibió solicitud por expediente desde ese municipio?
De Tarariras tenemos una cantidad de expedientes e intervenciones, pero lo que sucede es que las localidades requieren una atención constante, y nosotros se la damos de acuerdo a las posibilidades logísticas y de recursos humanos. En todo el departamento hay 14 centros poblados y cada uno quiere lo mejor para su chacra. Es entendible. En ese sentido, ahora terminamos una obra muy grande en Rosario, que fue el reordenamiento de cartelería y señalización. Eso nos llevó a trabajar permanentemente allí y atender esporádicamente otros lugares, y quizás pueda ser que se haya desatendido otras localidades.