En su última sesión, la Junta Departamental de Colonia aprobó por unanimidad conformar una comisión investigadora para analizar las denuncias de supuestas irregularidades ocurridas en el ámbito de la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Colonia presentadas por el inspector Walter Espino. Este funcionario presentó las denuncias en la Fiscalía Letrada de Colonia del Sacramento, en la Intendencia y en la Junta Departamental de Colonia.
En abril Espino emitió una carta pública en la cual aseveró estar “cansado de las arbitrariedades, destratos y malas prácticas en la función pública” a cargo de “los jerarcas” en la Dirección de Tránsito, encabezada por el director Luis Carlos Pereira, “y de los cuales no queremos ser cómplices o rehenes de esta situación”.
Entre otras cosas, Espino denunció hechos que “conllevan pérdidas para el erario público”, como el pago de diferencias salariales injustificadas a una trabajadora durante un año, o “inventar un cargo que no existe en el escalafón y trabajos que nunca se realizaron”. También dijo que los jerarcas de esa repartición abonaban viáticos y horas extras a un funcionario que había sido “condenado por la Justicia”. “Una de las perlas del caos administrativo que hay en la Dirección de Tránsito y que roza con la corrupción es el caso de un funcionario que, habiendo sido condenado por la Justicia, siguió cobrando sueldo, viáticos y horas extras”, subrayó.
Espino dijo que en esa repartición también se abonaron porcentajes de cobros de multas a personas que no revestían como inspectores de tránsito.
Por otro lado, el inspector aseguró que existen “graves irregularidades posteriores a la incautación de vehículos”: “Hemos podido comprobar que motos que aparecían en el sistema como desguazadas” en realidad “estaban en un depósito municipal”, así como vehículos “que han sido entregados sin ningún tipo de documentación por ser el titular, familiar de un jerarca de la Intendencia”.
Espino denunció “la desaparición” de “equipos para inspectores, hidrolavadora, muebles, pintura, aspiradora industrial”, entre otras cosas, “sin que se haya hecho ningún tipo de investigación administrativa al respecto”.
La denuncia presentada por el funcionario apunta a “un grupo de jerarcas que, desde hace muchos años, hacen y deshacen a su antojo, violando toda normativa de la función pública, sosteniendo estos procedimientos en otros funcionarios que realizan tareas contraviniendo las normas administrativas y que luego de una u otra manera reciben prebendas o beneficios de otra naturaleza”.