El número de egresados de la Universidad de la República (Udelar) creció 64% entre 2004 y 2017, unas 2.500 personas más, una evolución que tiene correlato con lo que ocurrió con la cantidad de aportantes a la Caja de Profesionales, que creció 22% entre 2011 y 2019 (esto son más de 10.000 personas). Si bien en este período también crecieron 35% los jubilados de la entidad, unos 17.000, la relación activo-pasivo es la mejor de todos los subsistemas del régimen previsional: 3,52. En el otro extremo, por ejemplo, se encuentra la Caja Militar, con 0,5 –hay más retirados que aportantes–.
Esta mayor cantidad de profesionales ejerciendo y aportando a su caja de jubilaciones podría sugerir que las cuentas deberían cerrar sin problemas. Sin embargo, desde 2014 la Caja de Profesionales arrastra un déficit operativo que cubre con activos (inversiones) acumulados previamente, aunque las alarmas se encienden cuando se considera que estas reservas se agotarían hacia 2024. Es en este contexto en el que se inscriben los intercambios –de propuestas y declaraciones públicas– entre el directorio de la Caja de Profesionales, entidad que tendrá elecciones en octubre, y las autoridades del gobierno.
Sin embargo, distintas fuentes comentaron a la diaria que desde hace una década hay informes a la interna de la caja que advierten sobre la necesidad de cambios paramétricos, y que la imposibilidad de concretar una reforma es producto de disputas internas que han frenado cualquier modificación. El Poder Ejecutivo tiene dos representantes en la Caja de Profesionales, pero son minoría en el directorio, ya que la entidad se autogestiona y elige a sus autoridades, aunque, como en todo sistema de seguridad social, en última instancia el garante será el Estado.
“La gobernanza de la Caja de Profesionales ha sido inoperante para corregir la situación a tiempo. Su diseño es parte del problema”, escribió en Twitter ayer Rodolfo Saldain –que respondió en la red social distintos mensajes, con consultas y críticas sobre este tema–, presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) que formó el gobierno con representantes de los partidos políticos y de sectores sociales. En ese ámbito se discuten las futuras reformas de todo el sistema previsional, y ahora la CESS tiene 45 días más de plazo para presentar su informe al Poder Ejecutivo.
Si bien el oficialismo esbozó que por la urgencia la Caja de Profesionales podría quedar por fuera de este proceso, de momento se mantiene y es allí donde se definirán los posibles cambios al subsistema.
El exministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro, integrante de la CESS por el Frente Amplio (FA), también apuntó a quienes conducen la Caja de Profesionales, en diálogo con la diaria. Recordó que el directorio actual, que asumió en 2017, “se opuso a todas las reformas razonables que quisimos hacer mediante el diálogo en los gobiernos del FA”. Además, dijo que le advirtió al gobierno actual que quienes ejercieron esta resistencia son “en su mayoría sus votantes”, en referencia a que hay integrantes del directorio con militancia en el Partido Nacional. Igualmente, Murro remarcó que a su entender el asunto “no tiene la urgencia y la importancia” de la reforma de la Caja Militar, y sostuvo que, por ejemplo, cuando se reformó la Caja Bancaria en 2008 la situación financiera era aún más agobiante.
También apuntó hacia atrás, pero con otro relato, el presidente de la Caja de Profesionales, Gonzalo Deleón. “El tema hubo dos directorios anteriores que no lo pudieron resolver. Hoy la caja tiene que empezar a liquidar activos [para pagar sus obligaciones] y en octubre del año pasado presentamos [al gobierno y la CESS] un anteproyecto de reforma. Luego, hubo un deterioro por la pandemia y disminuyeron los aportes. Hoy la solución está fuera de la caja; nosotros hicimos lo que pudimos y lo que otros no hicieron antes”, expresó hace dos semanas en Informativo Carve.
Ocurre que para cualquier reforma de la seguridad social el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa privativa, y un eventual proyecto debe llegar al Parlamento con cierto consenso –no sólo político, sino también a nivel de los colectivos de profesionales– para que termine prosperando. Por esto, a la hora de discutir las reformas, en los últimos años ha habido tires y aflojes entre el directorio de la Caja de Profesionales y los gobiernos.
Murro recordó que el actual directorio llegó en 2017 con una plataforma que incluía dar marcha atrás con la principal medida para contener las finanzas que se había tomado en el período anterior: en 2016, y tras un buen tiempo de negociación interna, se quitaron los llamados “beneficios adicionales” que gozaban los afiliados. Estos beneficios consistían en una tasa de reemplazo mínima mayor –de 60% en lugar de 50%–, el pago de un aguinaldo en junio y cobertura médica. Todo esto surgía de la ley vigente (que data de 2004), que establecía que los beneficios adicionales debían otorgarse previo estudio sobre la viabilidad financiera.
En buena medida, esa decisión de quitar los beneficios, y la oposición de las actuales autoridades, definieron la elección de la Caja de Profesionales en la que se conformó la nueva conducción. Una de las primeras medidas, destacada por Deleón en la entrevista radial, fue crear una Comisión del Marco Legal para trabajar en un proyecto de reforma, con lo que se dejó de lado un anteproyecto elaborado por las autoridades anteriores.
Así las cosas, en los últimos días las expresiones desde el gobierno subieron de tono, ya que no se comparten las propuestas que entregó la Caja de Profesionales como posible solución a las urgencias financieras. “La respuesta del directorio es: trasladémosle al Estado y a la sociedad los problemas. Sin cuantificar nada”, cuestionó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, el jueves en el semanario Búsqueda, mientras que Saldain opinó que la propuesta “tiene una debilidad básica: mantiene un régimen estructuralmente inviable y se limita a correr unos años el problema pidiendo recursos al Estado y al resto de la comunidad; debe transitarse otro camino a futuro, un plan autofinanciado”.
Esto responde a que el directorio de la Caja de Profesionales –sin los votos de los representantes del Poder Ejecutivo– aprobó “un pool de medidas”, en palabras de Deleón, para enfrentar la situación de debilidad financiera: recibir un préstamo del Estado, que se destine a la caja lo que sus jubilados pagan del impuesto a la asistencia de la seguridad social –impuesto a las jubilaciones mayores de 38.860 pesos, que se destina al Banco de Previsión Social (BPS)– o que comiencen a tributar los profesionales no obligados. El presidente de la entidad sostuvo que aumentar el nivel de aportes de los activos “está en la lista [de posibles medidas] pero bien abajo”, porque como 45% de profesionales no están obligados y lo hacen de forma voluntaria, esto podría ser contraproducente y operar en detrimento de la recaudación.
Según las proyecciones que entregó la caja a la CESS para su informe diagnóstico de principios de año, los egresos crecerían en 20 años 78%, al tiempo que los ingresos estimados subirían 51%. Sin procesarse reformas, y con números previos al impacto de la pandemia –que provocó baja de afiliados, menores aportes y adelanto del retiro por parte de profesionales–, hacia la próxima década el patrimonio de la entidad sería negativo y las pérdidas anuales ascenderían a 158 millones de dólares hacia 2038.
En el diagnóstico de la CESS ya se marcaba que el proyecto de reforma que presentó el directorio en 2020 tenía un “horizonte temporal modesto”, dado que “asume la necesidad de generar nuevos ajustes en el futuro cercano”. También apuntaba que hay “desequilibrios significativos entre lo aportado y los beneficios recibidos” por parte de los jubilados profesionales.
Un sistema de aportes distinto al resto
Son varias las particularidades que tiene en el diseño la Caja de Profesionales, lo que la hace un sistema diferente a los demás. Para empezar, los afiliados no aportan en función de sus ingresos reales, sino a través de una escala de fictos que tiene diez niveles. Es decir, cada afiliado –respetando ciertas reglas y condiciones– puede optar por qué franja aportar. El mínimo supone un sueldo de 25.000 pesos y un aporte de 4.200 pesos; la franja cinco, 101.000 pesos y 16.800 pesos respectivamente, y la máxima implica un ingreso ficto de 135.000 pesos y aportes por 22.500 pesos al mes.
Otro punto clave es que el cálculo jubilatorio se realiza dando relevancia a los últimos tres años de aporte de la persona, por lo que es habitual contribuir por una determinada franja y cerca del retiro elevar el volumen de aportes.
Tanto este esquema con base en fictos como la obligación de aportar a la caja por parte de los profesionales independientes genera críticas de los afiliados de las carreras que tienen menores remuneraciones –no es lo mismo un arquitecto o un médico que un trabajador social o un profesor de educación física–, ya que, por ejemplo, en meses donde no obtienen ingresos, igualmente mantienen la obligación. Según un estudio de 2018 recogido en el informe diagnóstico de la CESS, de haber aportado por ingresos reales y no por fictos, la recaudación habría sido entre 58% y 86% inferior.
Respecto de la obligatoriedad o no de aportar a la Caja de Profesionales se distinguen dos situaciones: todos los egresados universitarios –hay unas 55 carreras abarcadas– de la Udelar o de instituciones privadas tienen la opción de aportar, y los únicos obligados son quienes ejercen la profesión de forma independiente. A 2019 había 60.000 activos y 82.000 profesionales inactivos. Entre los primeros, más de la mitad tienen además un trabajo en relación de dependencia y, por ende, aportan tanto a la caja como al BPS.
A su vez, 45% del total de activos realiza la contribución de forma voluntaria, es decir, pensando en acceder a una mejor jubilación. “Para el profesional que puede financiar el aporte con sus ingresos aportar a la Caja de Profesionales ha sido un muy buen negocio. La tasa de retorno [la jubilación a la que se accede] es excelente. Fue posible gracias a los timbres (30% de los ingresos) y al número creciente de activos (la mejor relación activo-pasivo del país)”, evaluó Saldain. La jubilación promedio, según datos de 2017 de un estudio del Observatorio de Seguridad Social del Centro de Investigaciones Económicas, era 56.400 pesos.
La referencia del presidente de la CESS a los timbres profesionales reflota otro debate interno sobre el diseño del subsistema. El artículo 71 de la ley vigente establece un gravamen por recetas médicas, informes y estudios de otras variadas profesiones que deben pagar los usuarios para recibir el documento, que se destina a la caja y representa 30% de sus ingresos. Saldain ha manifestado que esto, así como el aporte patronal complementario que tiene la Caja Bancaria –de otras características–, son “sobrecostos” que paga la población dirigidos a financiar las jubilaciones de trabajadores de ingresos medios o altos.
Consultado al respecto, Murro expresó que “en forma más o menos directa siempre la sociedad es la que paga la protección social”, y que el debate debería dirigirse hacia “ver cómo se hace” viable financieramente este subsistema. “No debemos entrar en esa discusión. Me preocupa mucho más lo que pasa con los grandes temas, como el BPS o las AFAP. Esto [los problemas de la Caja de Profesionales] es algo que se ha exagerado para distraer”, concluyó el exministro.
Tiempo atrás, cuando comenzó a hacerse público el debate, el directorio de la Caja de Profesionales emitió un mensaje a sus afiliados en que detalló que “la emergencia sanitaria ha generado dificultades adicionales a las preexistentes para la sostenibilidad” del subsistema de jubilaciones. Más allá de esto, aclaró que el gobierno les comunicó que “la caja continuará existiendo como sistema previsional de los profesionales y mantendrá su autonomía en todos sus términos”.
Con este panorama presente, heredado de encrucijadas del pasado y que amenaza con poner en jaque el futuro, la Caja de Profesionales y el sistema político deberán tomar una decisión. Al igual que ocurre con todas las aristas de este asunto, tampoco hay consenso sobre si los plazos de la reforma general del sistema pueden acompasarse a esta realidad o si habrá que actuar con más premura. Como algo colateral, pero que podría ser relevante para el futuro de la reforma, en octubre la entidad renueva su directorio.