A mediados de agosto la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), que funciona desde noviembre con representantes técnicos de los partidos políticos y sectores sociales, deberá elevar su propuesta de reforma previsional al Poder Ejecutivo, que luego enviará un proyecto de ley al Parlamento. Son varios los asuntos que están bajo consideración de cara a la reforma, entre ellos las modificaciones en los subsistemas como las cajas paraestatales (Bancaria, Notarial y de Profesionales) y los que gestiona el Estado, la Caja Militar y Policial.

En el diagnóstico que aprobó en marzo la mayoría oficialista de la CESS, se planteó que “todos los regímenes previsionales vigentes en el país, incluso los recientemente reformados, presentan debilidades”. Respecto de la Caja Bancaria, se menciona que “se encuentra en una situación de déficit operativo por aproximadamente una década” y se cuestiona la prestación complementaria patronal (PCP), incorporada en la última reforma del subsistema en 2008. Esto es un aporte extra de las empresas financieras que varía en función de sus activos y hoy representa 21% de lo recaudado por la caja.

La evaluación realizada y distintas expresiones públicas del presidente de la CESS, Rodolfo Saldain —designado por el gobierno— provocaron un editorial de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) en el que se menciona que se busca “influir indebidamente en la opinión pública a fin de justificar un proyecto preconcebido que destruya las cajas paraestatales, y en particular la Caja Bancaria”. El artículo, publicado en la web del sindicato el 28 de mayo, provocó una respuesta vía Twitter de Saldain, y un posterior mensaje de AEBU con comentarios.

“Las afirmaciones surgidas de miembros de la CESS que plantean la inviabilidad de la Caja Bancaria no tienen asidero técnico”, sostuvo el sindicato. El equilibrio que se alcanzó a partir de la reforma de 2008 mantiene “proyecciones de largo plazo sostenibles”, agregó. “Es una fuente complementaria que resulta un estabilizador de los ingresos de la seguridad social frente a la evolución del empleo”, que permitió desde su incorporación “una rebaja en cinco puntos y medio del porcentaje de aportes sobre la nómina” que realizan las empresas, explicó el sindicato.

La visión de AEBU, respaldada en entrevista con la diaria por el representante del PIT-CNT en la CESS, Hugo Bai, es que la existencia de aportes asociados a los activos o al nivel patrimonial de las empresas el una forma de financiación de la seguridad social que mitiga los impactos en el empleo —cuyo nivel determina la recaudación del Banco de Previsión Social y cuánta asistencia necesita para el pago de jubilaciones— de la tecnología y la automatización del trabajo.

Saldain respondió al editorial que “la existencia” de la Caja Bancaria y las otras paraestatales “está fuera de duda” y “no ha habido ningún planteo en otro sentido”; sin embargo, apuntó que “eso no quiere decir que no existan problemas graves de sustentabilidad, equidad y eficiencia”. La sustentabilidad del subsistema “dista de estar asegurada”, según el presidente de la CESS, que recordó que “pese a las medidas de rescate dispuestas en 2008, los resultados financieros son deficitarios desde 2017 y lo seguirán siendo”. Añadió que “el desfinanciamiento perdurará hasta ingresada la década de 2030”.

A su vez, Saldain criticó la PCP: “Es inequitativa e ineficiente. La inequidad proviene de que es un ‘impuesto’ destinado a financiar prestaciones para un grupo de ingresos medios-altos [los trabajadores bancarios], que recae sobre toda la sociedad vía mayores costos del sistema financiero y asegurador”. Esto en el entendido de que el pago por la contribución extra que tienen los bancos y entidades financieras se termina trasladando en costos al cliente. Por eso, sostuvo que aunque “se mire con simpatía” la PCP, porque “podría estar gravando la riqueza” de los bancos, “se parece más a un contra Robin Hood”.

“Dada la fragilidad financiera de la Caja Bancaria, la PCP le es imprescindible. Sin embargo, eso no la transforma en un buen ‘impuesto’, sino que evidencia problemas de equidad social y de eficiencia económica”, sentenció el representante del gobierno.

AEBU respondió a los planteos de Saldain con un hilo en Twitter, donde explicó que “la tensión sobre los equilibrios de la Caja Bancaria tiene origen en la presión sobre el empleo generada por la pandemia y en las restricciones a la reposición de vacantes” en el caso de los organismos públicos. El sindicato subrayó que, superado ese período de tensión, “todos los estudios indican que la Caja Bancaria tendrá un crecimiento sostenido” de sus ingresos.

Asimismo, AEBU retrucó el planteo de Saldain de que el aporte complementario termina afectando a los usuarios del sistema financiero por el traslado a costos que hacen las empresas. Entre otros puntos, mencionó el crecimiento que tuvo el sector desde la reforma de 2008: un volumen de negocios superior en 183% y más de 400% de mejora en los resultados.

“Para analizar el costo de la seguridad social sobre el empleo es relevante dimensionar su peso en la escala de las empresas. El costo del BPS es mucho más gravoso para un pequeño comercio que para grandes superficies. ¿Será una aportación vinculada a la productividad una alternativa?”, concluyó el sindicato bancario. Tras el intercambio por la red social, Saldain cerró: “Exponer razones y argumentos nos permitirá encontrar caminos para avanzar en un territorio donde las opciones no son lineales”.