A casi dos meses de que el presidente Luis Lacalle Pou marcara como prioridad la reforma de la seguridad social —al hablar la noche del referéndum por la derogación parcial de la ley de urgente consideración (LUC)—, el gobierno continúa trabajando en el proyecto de ley que debe enviar al Parlamento. En este tiempo, hubo contactos del Ejecutivo con la bancada de la coalición, declaraciones que apuntaron hacia la responsabilidad del Frente Amplio (FA) y la necesidad de procesar cambios al sistema, así como una defensa de las medidas que recomendaron los técnicos del oficialismo en la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS); sin embargo, no se informaron aún definiciones sobre el contenido del proyecto.
Ante este panorama, así como los posicionamientos que han tomado los distintos actores políticos en las últimas semanas, es que los economistas Gabriel Oddone y Javier de Haedo, así como el exministro de Economía y Finanzas y senador del FA Danilo Astori, expresaron que ven complejo el escenario de cara a la aprobación de la reforma jubilatoria. Con matices en sus observaciones, los tres coincidieron en que no se visualiza el nivel de consenso político que requiere un proyecto de esta dimensión, sumado a que el período de gobierno está llegando a la mitad y comienzan los análisis electorales de cara a 2024, que atentan contra las posibilidades de acordar políticas de largo alcance entre los partidos.
A su vez, los tres coincidieron en la necesidad de procesar cambios a nivel del régimen previsional en pos de la sustentabilidad, algo que también se viene marcando desde el gobierno. El domingo, en una entrevista con El País, el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Alfredo Cabrera, opinó que “la reforma de la seguridad social es inevitable” e informó que el organismo recibió de Rentas Generales en 2021 unos 600 millones de dólares “para paliar su déficit”.
“Hay que solucionar este problema. Esto debería ser una política de Estado que trascienda los partidos y los períodos de gobierno. Con este panorama, el consenso debería ser muy amplio, porque las soluciones que se adopten no van a tener efecto en este período y quizá tampoco en el que viene. Esto es arreglar un problema para dentro de diez o 20 años”, dijo Cabrera.
Tomar “las opiniones que permitan acuerdos”
En diálogo con la diaria, Astori dijo que la reforma “es una transformación social imprescindible para el país”, pero apuntó al contexto y las señales negativas que ve para procesar el debate a nivel político. “Por un lado tenemos unas propuestas que hizo el grupo que nombró el gobierno [los técnicos oficialistas en la CESS], con las que hay discrepancias, pero no tenemos un proyecto de transformación de la seguridad social que sea el punto de partida para estudiar el tema”, analizó.
Señaló que sobre lo previsional “no hay soluciones fáciles”, pero tampoco observa que haya “voluntad por buscar un punto de partida” a partir del cual sellar acuerdos entre oficialismo y oposición. La iniciativa “la tiene que tener el gobierno, que es el responsable de conducir al país, y obviamente que la oposición tendrá que jugar su papel”.
“Necesitamos una transformación de la previsión social. Allí el gobierno tiene que dar el primer paso y no con la idea facilona de alargar la edad de trabajo y arreglamos el tema, no es así; debería ser una propuesta más clarificada según las situaciones”, manifestó Astori. También subrayó que “se tiene que involucrar a todas las cajas de previsión social” dentro de la reforma, porque “hay situaciones que no admiten la mayor demora, como la Caja Militar, que le está costando al país entre 400 y 500 millones de dólares al año”.
Sobre la edad de retiro, la propuesta del oficialismo en la CESS fue elevar de forma gradual —un año por cada año calendario— el mínimo legal, hoy en 60 años, hasta los 65 años, con dos posibles escenarios, que contemplan comenzar esa transición con los que tengan 50 o 55 años al momento de la reforma. Cabrera, presidente del BPS, dijo que “el promedio de la edad de jubilación en Uruguay no son los 60 años, que es lo que permite la ley, sino los 62 y medio. Es decir, el uruguayo ya trabaja más tiempo”.
El exministro de Economía advirtió al respecto: “Dadas las declaraciones que estoy escuchando, sobre todo de parte del gobierno, veo muy complejo [aprobar una reforma], pero hay que hacer un esfuerzo porque es un tema crucial. Lo tenemos que abordar teniendo en cuenta las opiniones que permitan acuerdos, porque si lo abordamos afirmados en lo que pensamos cada uno… Por ejemplo [los debates en torno a] la edad de retiro, es un ejemplo de la inflexibilidad que debemos superar”.
El exvicepresidente evaluó que el sistema de seguridad social de Uruguay “es uno de los mejores, si no el mejor, de América Latina”, por lo que al pensar la reforma se debe valorar “no desmejorar lo que tenemos, sino asegurar un mejor futuro”. En ese sentido, planteó que “lo que tenemos hoy es muy bueno, pero muy caro”.
Astori dijo que el FA “apoyará lo que entiende” correcto de la reforma, y que debe “haber un esfuerzo [del gobierno] por tener en cuenta lo que el FA proponga”. Pero reclamó que la oposición “necesita un insumo, que todavía no tenemos, que es el proyecto de ley”. Sobre lo acordado por el oficialismo en la CESS, marcó: “Son un conjunto de consideración sobre las cuales tenemos algunas discrepancias y puede haber algún acuerdo, hay que buscarlos”. Consultado sobre lo que implicará para la población la reforma a procesarse, Astori sostuvo: “Es probable que al menos para una parte sea poco simpática, pero si lo hacemos con buenos fundamentos y sobre todo con base en un acuerdo político el grado de simpatía puede aumentar”.
“Muchos jugadores” e “intereses diversos”
Oddone, socio de CPA Ferrere y responsable del Departamento de Análisis Económico de la consultora, dijo que si bien no cuenta “con elementos suficientemente potentes para hacer un juicio contundente”, está observando que resulta “complejo” realizar “en este período la arquitectura que se requiere emplear para poder generar los consensos necesarios para una reforma de seguridad social”. Explicó que un proyecto de ley de este tipo precisa “tejer mucho a nivel político, porque las propuestas a nivel técnico ya están”; y que se trata de un asunto “con muchas aristas y con muchos jugadores que entran y salen en sus apoyos en función de la diversidad de temas”.
Sobre esto último, el economista señaló que al estar bajo análisis los distintos regímenes, que involucran a las cinco cajas por fuera del BPS —Militar, Policial, Bancaria, Notarial y de Profesionales—, “la coalición no se mueve de manera homogénea y hay intereses diversos”. A su vez, consideró que será “muy difícil pasar una reforma de la seguridad social que no comprenda a los colectivos con mejores jubilaciones [de las cinco cajas], que son deficitarias y algunas nunca fueron reformadas”. Complementó que sería una dificultad en términos “políticos” si no hay acuerdo en el oficialismo para incluir a todos los subsistemas y poblaciones afectadas en los cambios, y, de ocurrir, “eso puede contaminar todo el proceso”. “Si el proyecto de ley no se aprueba en este período y queda para el próximo no sería algo placentero, pero no es algo grave. No obstante, hay situaciones financieras que deben ser atacadas aunque no haya reforma, de las que no hay forma de escapar de hacer cambios, como la Caja de Profesionales. Eso va a tener el tema arriba de la mesa”, declaró.
Oddone evaluó que los cambios previsionales “son imprescindibles y cuanto más rápido se hagan, mejor”, pero valoró que es “una reforma con una economía política compleja”, que implica que deben “trabajar mucho el gobierno y la oposición para que llegue a buen puerto”. Dentro de ese análisis, indicó que ahora cambió el nivel de presión que tiene Uruguay para hacerla, porque pospandemia “el mundo se relajó fiscalmente; el tema es que si el mundo se ordena en cuatro o cinco años Uruguay volverá a tener un problema”.
Por su parte, De Haedo, director del Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Católica, que fuera asesor económico del Partido de la Gente en la última campaña e integrante del gobierno de Luis Lacalle de Herrera (1990-1995), habló en una entrevista con Bloomberg Línea sobre las perspectivas de cara a la reforma. Planteó que “lo ideal” es pensar cambios “que impliquen una clara baja del desequilibrio del balance previsional intertemporalmente y que pueda durar otros 25 años”, mientras que mostró dudas sobre que sea conveniente ir por “el camino del medio”, es decir, una reforma que brinde oxígeno al sistema “para tirar diez años”, porque en ese escenario está el riesgo de “que te quedes conforme y por 20 años no vuelvas a hablar del tema”.
Igualmente, valoró que ese objetivo ideal no parece probable: “No estoy convencido porque no veo unanimidades para hacer algo así”. Sobre esa línea, continuó: “Tendría que ser una reforma global pero para estas cosas se requiere un buen ánimo, o dejar que se aprueben las cosas. Lo peor del caso es que en el gobierno anterior Astori se cansó de decir que había que hacerlo y ahora el FA no estaría acompañando. El FA le dice al gobierno: tú sos mano, mandá el proyecto y lo vemos en el Parlamento. Yo creo que el presidente debería mandar el mejor proyecto que crea que puede haber. Que sea el Parlamento el que discuta y él queda exonerado de responsabilidad porque cumplió”.