El aumento de tarifas portuarias en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), definido en consenso con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), es una “perla más al largo collar” que sufren los exportadores, según expresó esta semana la Unión de Exportadores del Uruguay en un comunicado. A esto se suma la falta de competitividad, atada al atraso cambiario, además de la sustancial disminución de la colocación de productos fuera de fronteras, según se puede constatar en los últimos informes de Uruguay XXI.
La empresa belga Katoen Natie tiene el 80% de las acciones de TCP y la Administración Nacional de Puertos (ANP), el 20% restante. El ajuste de precios, que es siete puntos menos que el planteado unilateralmente por la empresa belga hace dos meses y que en su momento trajo críticas en el seno del gobierno, ahora implica aumentar 17% la tarifa para las importaciones y 13% para las exportaciones. En una entrevista con la diaria, el titular del MTOP, José Luis Falero, había adelantado que el pasado lunes iba a hacer una propuesta de aumento desde la cartera, y admitió que podía “haber discrepancias”, tal como se hicieron ver. Sin embargo, llamó a “conciliar” y también a “evaluar el momento en el que está hoy el país”. Una de las razones de la empresa para la suba fue la inflación en Estados Unidos y el atraso cambiario, que también sufren los productores, exportadores e importadores.
No obstante, según un informe que elaboró esta semana la vocal del Frente Amplio en la ANP, Alejandra Koch, la empresa “nada menciona respecto del crecimiento de sus ingresos, que, en 2022, sin hacer inversión alguna, han aumentado en 17 millones de dólares”, con base en la Constancia de Registros de Estados Financieros de la Auditoría Interna de la Nación.
Facundo Márquez, presidente de la Unión de Exportadores, dijo que la empresa belga pasó de tener una actividad del entorno del 30% a operar casi el 80% del volumen de contenedores que hay en el puerto. “Lo que nosotros siempre dijimos era, en el momento en que se dio el acuerdo, que nosotros no nos pronunciamos respecto de temas jurídicos de esa ampliación de la concesión y nos concentramos mirando el futuro. Lo que nos interesa es tener un puerto competitivo, con terminales que nos den un buen servicio, con seguridad y a bajo costo”, expresó.
En ese marco, señaló en diálogo con la diaria que desde hace “mucho tiempo” trabajan en un programa de rebajas porque “eso venía de la mano de un aumento del movimiento de contenedores que iba a tener TCP luego de obtener la ampliación de la concesión y pasar a tener un precio de prioridad” y de “casi monopolio”.
Para Márquez, TCP tiene “actitudes monopólicas” porque alegan que tienen problemas de costos y “nos trasladan los mismos a todo el sistema productivo del país”. “Nosotros no podemos hacer eso en un régimen de competencia. Perderíamos clientes. Ellos aluden a que la principal problemática es el atraso cambiario. Nosotros, los exportadores, también la estamos sufriendo, ¡y cuánto! Nosotros no podemos simplemente ir a nuestros clientes y decir que como hay un problema de atraso cambiario, vamos a trasladar todos los costos”, apuntó.
Con el incremento, que empezó a regir el pasado miércoles, el costo básico terminal para exportar un contenedor vía TCP pasó a ser de 324 dólares, mientras en otros puertos, como el de Río Grande en Brasil o el de San Antonio en Chile, el costo ronda los 80 dólares; esto quiere decir que el costo de TCP es cuatro veces más caro, ejemplificó Márquez. Katoen Natie niega estas cifras.
De todas partes vienen
A la queja de los exportadores se sumó la de las gremiales rurales, que en un comunicado manifestaron una “profunda preocupación”. Para la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Asociación Rural del Uruguay, la Comisión Nacional de Fomento Rural, las Cooperativas Agrarias Federadas y la Federación Rural, el ajuste supone “un nuevo y severo perjuicio al sector productivo nacional, al que se carga con un costo que viene a agravar aún más la sostenida pérdida de competitividad sobre la que hemos venido advirtiendo con insistencia”.
A estos reclamos adhirió la Cámara de Zonas Francas, que en un comunicado difundido este viernes expresó que “resulta imperioso y fundamental” un “esfuerzo conjunto” de los actores públicos y privados involucrados en el tema para lograr una “mejora significativa en la competitividad y eficiencia de toda la cadena logística, siendo varios los aspectos que amenazan el presente y futuro del Uruguay industrial y logístico”.
En ese sentido, consideraron “urgente” llevar adelante una “revisión profunda en materia de procedimientos, costos y requisitos, así como implementar mecanismos de regulación que garanticen la competitividad de nuestro país”.
El presidente de la ACA, Alfredo Lago, expresó a la diaria que es una decisión “perjudicial” y que impacta en la competitividad del país, que viene siendo “muy afectada por la realidad de la tasa cambiaria”, en alusión al dólar “bajo”. “Lamentablemente, ha sido la única variable en los últimos tiempos para ajustar competitividad porque, por otro lado, en todo lo que tiene que ver con la logística que hace también a la competitividad tenemos indicadores que no son buenos”, expresó, en referencia a la “conformación del costo de transporte” y al encarecimiento de la energía.
A eso se agrega que la “gran salida” que tiene Uruguay es a través del puerto Montevideo, “que históricamente ha sido más caro que los demás”. Esos son dos factores que “jaquean” la competitividad, afirmó.
Para Lago, la situación es “bastante adversa” e “incomprensible” pues se da en “beneplácito” con el gobierno, que fue quien negoció con la empresa para que se llegara a ese número final. Cuando se dio la firma de concesión por 50 años más -hasta 2081-, la ACA alertó que esto podría generar un incremento en los costos. “La competencia dentro del puerto es muy precaria, obviamente que entre Montecon y TCP, si bien tenían un servicio parecido, no se generaba mucha competencia, pero siempre estaba la alternativa”, apuntó Lago.
El gremialista expresó que desde 2021 había un compromiso por parte del gobierno -sobre el que admitieron desde la propia asociación ser “incrédulos”- de buscar disminuir las tarifas de TCP: “Era bastante difícil pensar que esto se diera cuando vos empezabas a quedar solo; ya de por sí nos parece totalmente inaceptable, pero es todavía más inaceptable cuando vemos que con lo que se decía, que el gobierno podría tener incidencia en lo que está en el marco tarifario, estamos viendo que no tiene ninguna, sino peor”.
Asimismo, remarcó que también hay un “impacto negativo” en los productos para el consumidor uruguayo. “A nosotros nos pega mucho; la verdad que puede estar comprometiéndose mucho del desarrollo productivo que Uruguay tiene, y en lo que se van a crear en este tiempo”, expresó.
Lago señaló que “al menos sería lógico esperar que el propio gobierno diera la cara y llamara a interactuar sobre esto y dar sus explicaciones”.
Unidad reguladora
El acuerdo de la actual administración con Katoen Natie abarcará 11 períodos de gobierno. Según Márquez, hoy quien debería actuar como “mediador, como apriete de balanza, como controlador, es socio de la empresa”. Por ende, ya desde ahí, creen que se está ante un “problema”, porque “quien controla es el controlado”.
Tras la polémica por la concesión a la empresa hasta 2081, el Partido Colorado propuso la creación de un ente regulador -Unidad Reguladora de Servicios Portuarios- que, según dijo Márquez, fue a propuesta de ellos. “No hay nadie independiente que controle. En su momento se preparó un proyecto en el que se comprometieron a crear esta unidad reguladora”, cosa que al momento no pasó.
El diputado colorado Ope Pasquet, promotor del proyecto, señaló que si no había acuerdo para crear ese nuevo ente, se podría aceptar que la ANP continuara con ese rol, pero con la condición de que ya no tuviera 20% de las acciones que hoy sostiene en la TCP, en sociedad con Katoen Natie, que tiene el 80% restante. El objetivo, según señaló el diputado, es que ese organismo no siga siendo “regulador y socio” a la vez.
Según supo la diaria, hay un anteproyecto de Pasquet que está siendo estudiado por el Poder Ejecutivo. Por las reacciones de los exportadores y gremiales, Pasquet dijo a la diaria que pedirá al gobierno que agilice la devolución de su propuesta.
Sin embargo, en una entrevista con el programa En perspectiva, el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, se mostró contrario a la creación de la unidad reguladora. Según comentó en el programa radial, genera “más burocracia”, y afirmó que “la propia ley establece la potestad de la ANP y del MTOP de estar encima de las tarifas portuarias cuando es necesario”.
“Tenemos el marco legal adecuado. Muchas veces en Uruguay la respuesta ante los problemas es generar más burocracia, generar un nuevo organismo. Yo creo que así estamos con organismos replicados y con competencias similares en distintas áreas”, concluyó.
Pedido de informes y falta de información
El senador frenteamplista Charles Carrera cursó un pedido de informes al MTOP para conocer cómo se dio el aumento de tarifas en TCP. De acuerdo con el documento, al que accedió la diaria, la idea es conocer si el MTOP tuvo “conocimiento o injerencia” en la redacción del comunicado emitido por TCP, en el que anunciaba el aumento de tarifas. Lo mismo para la ANP.
Por su parte, la directora de la ANP por el Frente Amplio, Alejandra Koch, señaló que el jueves sesionó el Directorio y “no se hizo entrega del informe elaborado por la comisión designada en el ámbito del MTOP”. A su vez, afirmó que no concurrieron los directores de la ANP en TCP para informar acerca de la posición que tienen; se espera que comparezcan recién dentro de dos semanas para dar cuenta de sus actuaciones. Quienes están a cargo de la dirección en el organismo son José Andrés Arocena -exdiputado blanco- e Irene Caballero -diputada suplente nacionalista-.
“Lamentablemente, la metodología a puertas cerradas, sin participación del Directorio de ANP, empleada en todo el proceso relacionado a la Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo y el acuerdo entre el Estado y Katoen Natie, aún permanece, afectando el rol de esta Directora Vocal y en definitiva a la representación democrática”, publicó en su cuenta de X -ex Twitter-.