América Latina necesita multiplicar entre cinco y ocho veces su inversión climática para 2030 si quiere cerrar la brecha de financiamiento y evitar que la falta de recursos comprometa su desarrollo productivo. Aunque el dinero movilizado para enfrentar el cambio climático se duplicó entre 2020 y 2024, al pasar de 54.000 millones a 108.000 millones de dólares anuales, todavía está lejos de los niveles necesarios. La inversión debería alcanzar entre 450.000 y 800.000 millones de dólares por año.
Así lo señaló, en diálogo con la diaria, Guillermo Martínez Currielche, analista sénior de Climate Policy Initiative, organización especializada en análisis y asesoramiento en materia de finanzas y políticas climáticas. El economista mexicano advirtió que, si bien existe “mucho interés” en invertir en la región, aún no se ha traducido en inversiones “concretas”.
“No invertir sosteniblemente puede tener dos consecuencias. Por un lado, nuestros sistemas productivos pueden dejar de ser saludables, porque se mantienen prácticas como los monocultivos o el uso de fertilizantes que no necesariamente son sostenibles. Por el otro, podemos perder oportunidades en mercados que están dispuestos a pagar más por esos productos”, afirmó el coautor y analista de datos del primer Panorama del financiamiento climático en América Latina y el Caribe, que mapeó los flujos de inversión climática y las brechas de financiamiento de la región.
En este escenario, consideró que Uruguay es un “caso interesante” y destacó la continuidad de la agenda climática a través de distintos gobiernos, el protagonismo que tuvo el sector privado en el financiamiento entre 2020 y 2024 y el avance hacia una matriz eléctrica con más de 90% de generación renovable. “De cara al futuro, las oportunidades de Uruguay son muy únicas y específicas porque ya alcanzó una meta grande: contar con una matriz energética limpia. El siguiente paso es definir cómo aprovechar esa energía y esa electricidad limpia en el transporte y la industria”, reflexionó.
Martínez Currielche estuvo en Uruguay entre el 15 y el 17 de octubre para participar en actividades del Certificado en Finanzas Climáticas para el Desarrollo Sostenible, una propuesta de formación coordinada por el gobierno uruguayo e implementada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Además, se lleva adelante en articulación con la Red de Universidades por la Sostenibilidad (Red UNIS), que nuclea a universidades públicas y privadas, y cuenta con el soporte académico de la Universidad Tecnológica (UTEC).
¿Cuánto financiamiento climático moviliza actualmente América Latina y el Caribe por año y cuánto necesitaría invertir para cumplir sus objetivos? ¿De qué magnitud es la brecha?
Actualmente, América Latina está movilizando alrededor de 108.000 millones de dólares, según los datos de 2024. En comparación con 2020, el financiamiento se duplicó: pasó de 54.000 millones a 108.000 millones de dólares. Sin embargo, la brecha de financiamiento sigue siendo considerable. La inversión debería aumentar entre cinco y ocho veces para 2030, dependiendo de los escenarios que se consideren: cinco veces en los más conservadores y hasta ocho veces en otros. Es decir, si en 2024 se movilizaron 108.000 millones de dólares, deberíamos estar invirtiendo entre 450.000 y 800.000 millones por año. Todavía existe una brecha importante.
¿Qué países o sectores concentran actualmente el financiamiento climático en la región?
Brasil concentró el 58% de los flujos de financiamiento de toda la región. Allí se destinó una parte importante a los sistemas energéticos y a inversiones en agricultura, silvicultura y otros usos del suelo. El resto de América del Sur –Uruguay, Chile, Argentina y Perú, entre otros países– concentró alrededor del 16% de todos los flujos regionales. En esta parte de la región, el financiamiento se dirigió principalmente a sistemas energéticos e infraestructura de gran escala.
En términos generales, hay una tendencia clara a invertir en energía. También existe mucho interés en los sistemas agrícolas, forestales y otros usos del suelo. Sin embargo, ese interés todavía no se ha traducido en inversiones concretas. Lo mismo ocurre con la adaptación y el incremento de la resiliencia de nuestros sistemas.
¿Existen diferencias importantes entre los recursos que reciben las economías más grandes y los países pequeños como Uruguay?
En nuestro estudio tenemos dos ejemplos muy claros de economías grandes: Brasil y México. Los recursos que se movilizan en ambos países tienden a ser domésticos, es decir, provienen de sus propios mercados, y del sector privado, como empresas y bancos comerciales que ya están ofreciendo líneas de crédito para estos temas. El resto de la región depende en gran medida de recursos internacionales, como los provenientes de la banca internacional o de la asistencia internacional.
En el caso específico de Uruguay, observamos un caso muy interesante: entre 2020 y 2024 el sector privado tuvo una participación mayoritaria. Sin embargo, en 2024 disminuyó su participación y, al mismo tiempo, aumentó la del sector público. Esto se explica, en buena medida, por programas como los del Banco Interamericano [de Desarrollo, BID] que comenzaron a ejecutarse ese año.
¿Por qué existe interés en invertir en determinadas áreas, pero esas inversiones finalmente no se concretan?
Depende mucho del sector. Cada uno tiene sus propias barreras específicas, pero, en términos generales, identificamos algunos obstáculos principales. Uno de ellos es el riesgo –tanto percibido como real– de los inversionistas. Pueden considerar que una tecnología o una solución es demasiado nueva para su apetito de riesgo o que todavía no está suficientemente probada.
Otra barrera es la desalineación entre las expectativas de riesgo y las de retorno. En el mundo de los inversionistas suele existir la expectativa de que, a mayor riesgo, recibirán un mayor retorno. Sin embargo, eso no necesariamente ocurre en el contexto de todas las inversiones climáticas en este momento. Por lo tanto, esa desalineación también es una barrera.
También está el problema de la escala. Los inversionistas suelen tener apetito por proyectos grandes, pero en el mundo de las inversiones climáticas no todos los proyectos tienen que ser gigantescos. Podemos pensar, por ejemplo, en iniciativas que involucran a ganaderos o agricultores, a diferencia de una infraestructura eólica de gran porte. Cuando se trata de proyectos pequeños o complejos, esto se traduce en costos de transacción elevados. Para que un inversionista pueda participar en estos proyectos, generalmente debe asumir costos mayores que los que tendría en un proyecto tradicional.
¿Qué consecuencias económicas puede tener para la región no cerrar esa brecha de inversión? ¿Cómo podría impactar en la productividad, la infraestructura, el empleo y las cuentas públicas?
Respondería diferenciando los sectores. En primer lugar, somos una región con una productividad agrícola muy importante. De hecho, los pequeños productores de la región proveen entre el 70% y el 80% de los alimentos que se exportan. No invertir sosteniblemente en estos sistemas significa no acompañar a esos productores para que puedan hacer la transición. A largo plazo, eso puede tener dos consecuencias. Por un lado, nuestros sistemas productivos pueden dejar de ser saludables, porque se mantienen prácticas como los monocultivos o el uso de fertilizantes que no necesariamente son sostenibles. Por otro, podemos perder oportunidades en mercados que están dispuestos a pagar más por esos productos.
Foto: Alessandro Maradei
Por ejemplo, si una empresa le vende a otra en la Unión Europea, debe tener en cuenta que actualmente existen estándares de producción que buscan que las prácticas productivas cumplan determinados requisitos de conservación del agua, uso de pesticidas y otros criterios. Por lo tanto, si no se invierte en agricultura sostenible, no solo se deja de invertir en una actividad económica muy relevante para la región, sino que también se pierde una oportunidad económica de acceder a mercados más grandes y dispuestos a pagar más.
Lo mismo podemos pensar en el caso del agua. Es un recurso que se utiliza para la industria, la agricultura y el consumo humano. Si no invertimos en ese sector, podemos quedarnos atrás en necesidades fundamentales para el desarrollo, como el acceso al agua y la electrificación, y también perder oportunidades de financiamiento.
¿Se puede decir que, al no cerrar esa brecha de inversión climática, la región le está dando la espalda a su economía futura?
Exactamente; si no somos conscientes de estos temas, vamos a perder oportunidades.
¿Cómo observa la situación de Uruguay en materia de financiamiento climático?
Uruguay es un caso bastante interesante. En la región se observan distintas tendencias respecto de quiénes participan en este tipo de inversiones. En Uruguay hay un ecosistema relativamente activo: la conversación sobre sostenibilidad y cambio climático se ha mantenido a lo largo de los distintos gobiernos y no ha perdido impulso.
El país ha estado a la vanguardia en temas como las energías renovables. La generación hidroeléctrica tiene una trayectoria de bastante tiempo y, posteriormente, se incorporaron la energía fotovoltaica, solar, la biomasa y otras fuentes.
Hay algunos puntos específicos que vale la pena destacar. Uruguay tiene un ecosistema activo, un gobierno que no ha dificultado el avance de esta agenda y un sector privado que también ha tenido una participación importante. Entre 2020 y 2024 el sector privado aportó tres cuartas partes del financiamiento climático.
Además, actualmente la matriz energética uruguaya ya supera el 90% de generación a partir de fuentes renovables. De cara al futuro, las oportunidades de Uruguay son muy únicas y específicas porque ya alcanzó una meta grande: contar con una matriz energética limpia.
El siguiente paso es cómo aprovechar esa energía y esa electricidad limpia en el transporte y la industria, dos sectores en los que Uruguay está muy bien posicionado para avanzar. También existe una enorme oportunidad en agricultura, forestación y uso del suelo, teniendo en cuenta la producción agrícola y ganadera del país.
¿Qué desafíos tiene Uruguay para aprovechar esas oportunidades?
Creo que el principal desafío es traducir esas oportunidades en inversiones reales. Existen oportunidades y hay interés, pero eso no significa necesariamente que los sectores ya estén preparados para recibir inversiones.
Esto puede deberse a algunas de las barreras que mencionaba anteriormente. Por ejemplo, si pensamos en cómo invertir más en agricultura, forestación y uso sostenible del suelo, una de las dificultades es la escala y la desagregación. Hay productores distribuidos en distintos lugares y surge la pregunta de cómo trabajar con todos ellos al mismo tiempo. Por eso, considero que la escala y los altos costos de transacción pueden convertirse en obstáculos importantes.
¿Cómo puede hacer Uruguay para que esas inversiones se concreten?
Es necesario articular entre distintos actores, porque estas inversiones no necesariamente las va a hacer un único gobierno, una empresa o un desarrollador de proyectos. En realidad, muchas de ellas requieren que esos actores trabajen juntos. Y eso es algo que ya se está haciendo.
El programa de las Naciones Unidas y la UTEC justamente están buscando agrupar a todos estos actores para que, desde sus respectivas instituciones, puedan intercambiar cómo ven estos temas y articular formas de colaboración.
¿Cree que Uruguay tiene una oportunidad importante de convertirse en un referente regional en finanzas climáticas si logra concretar esas inversiones?
Sí, por supuesto. Creo que, de alguna manera, Uruguay ya es un referente por su matriz energética limpia y porque alcanzar ese objetivo fue resultado de un esfuerzo sostenido.
Pero, mirando más allá de la matriz energética, creo que las oportunidades están muy vinculadas con las otras actividades productivas del país, especialmente la agricultura, la ganadería y la forestación. Existe una gran oportunidad de aprovechar sosteniblemente los recursos que utilizan esas actividades. Si un ganadero comienza a adoptar prácticas sostenibles, por ejemplo, puede acceder a mercados que quizás estén dispuestos a pagar más por su carne, su leche y otros productos.
Por eso, considero que Uruguay tiene una oportunidad muy grande para posicionarse a nivel regional, sobre todo porque buena parte de su actividad económica gira alrededor de ese sector.
Si tuviera que elegir tres decisiones prioritarias para movilizar más inversión climática en Uruguay durante los próximos cinco años, ¿cuáles serían?
La primera sería continuar con los programas de capacitación. Es importantísimo que los gobiernos, las empresas y la academia, cuando hablan de cambio climático, entiendan lo mismo y compartan los mismos conceptos. La capacitación es fundamental para construir ese conocimiento común.
La segunda decisión sería identificar lo que conocemos como la cartera de inversiones. Esto tiene que estar muy alineado con las principales actividades económicas del país. Es necesario identificar cuáles son las oportunidades de inversión en ganadería, en las distintas industrias y en el transporte eléctrico, por ejemplo, para que puedan adoptarse a mayor escala.
La tercera es que las inversiones no recaigan exclusivamente en un solo actor. No podemos esperar que el gobierno o un banco público, como el BID, cubran por completo esas necesidades de financiamiento. Es necesario involucrar a otros actores y a las partes interesadas, incluidas las empresas. Cuando pensamos en las ciudades y sus servicios, incluso los propios ciudadanos pueden participar en esquemas facilitados por el gobierno.