El capítulo de educación del anteproyecto de ley de urgente consideración (LUC) que presentó Luis Lacalle Pou el miércoles generó repercusiones. Rosana Cortazzo, consejera de Formación en Educación electa por los docentes, considera que es “un retroceso terrible”, mientras que para su par en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, Pablo Caggiani, “centraliza la administración de la educación pública, elimina la participación docente y contiene políticas regresivas en materia del sistema de primera infancia”. El representante docente en el Consejo de Formación Técnico Profesional, Freddy Amaro, piensa que la iniciativa “concentra la toma de decisiones, por lo que se recorta la representación de los colectivos”.
Sin representación docente
Los consejos desconcentrados pasarían a ser direcciones generales con un director y subdirector, por lo que se elimina la representación docente en esos ámbitos y se limita a dos delegados en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). El único que mantendría la estructura de Consejo sería el de Formación en Educación (CFE), y los designaría el Codicen con una mayoría de tres votos: “Es decir, que los tres votos designados por el Poder Ejecutivo en el Codicen ya son suficientes para designar a los consejeros del CFE, por lo tanto, aunque haya dos consejeros electos por los docentes, su voto puede no incidir en la designación de los consejeros del CFE. En realidad la representación docente se reduce a una mínima expresión”, indicó Cortazzo.
Los integrantes del Codicen, según el texto, “deberán poseer condiciones personales relevantes, reconocida solvencia y méritos acreditados en temas de educación”, según la LUC. El consejero de Primaria cuestionó que se elimine la exigencia de ser docente de la ANEP, además de tener un mínimo de diez años en la educación pública. “Da la idea de tratar al sistema educativo como un botín político donde hay cargos para repartir”, dijo Caggiani. Cortazzo opinó que este cambio se debe a que dentro del partido electo “no hay representantes que tengan amplio trabajo en formación docente, o al menos yo no los conozco”.
El MEC al centro
Los representantes docentes consultados por la diaria coinciden en definir como “preocupante” la concentración de funciones en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que estará conducido por Pablo Da Silveira. La ANEP deberá trabajar supeditada al Plan Nacional de Educación que elabore el MEC, al que se le agregan “competencias que tienen en general las instituciones educativas de carácter universitario, como el reconocimiento de títulos, que se le quita a la Universidad de la República y se le da al MEC. Hay un proceso de centralización del gobierno de la educación”, aseguró Caggiani.
Para Amaro, que la definición de las políticas educativas dependa directamente del MEC es “una línea que siguen otros países y habrá que ver cómo se implementa en Uruguay”. El consejero entiende que muchas de las decisiones de política educativa estaban concentradas en el propio Codicen y sobre eso tiene discrepancias, pero centrarlas en el MEC sólo “aumentaría la falta de participación”. A su entender, “si las decisiones las toma sólo una persona claro que va a ser más eficiente, más rápido, pero hay que ver si es lo más acertado”.
Según Cortazzo, “Uruguay tiene en su larga tradición un ente autónomo que regula el sistema de educación formal obligatorio, independiente de las políticas que emergen del Poder Ejecutivo. Eso nos ha salvaguardado de que cada gobierno, más allá de la estabilidad democrática que tenemos, cambie la política de la educación, que pueda haber políticas que trasciendan, y ahora eso corre riesgo”.
La carrera y el estatuto docente
Caggiani también advirtió sobre la propuesta de creación de un segundo estatuto docente, habilitando la coexistencia del actual y del nuevo.
El anteproyecto, en su artículo 162, plantea que los funcionarios de la ANEP “podrán elegir al estatuto al que se acogerán”, y que quienes elijan el nuevo podrán volver al anterior por un plazo máximo de tres años, y una vez cumplidos “la elección de un nuevo estatuto implicará aceptar definitivamente las condiciones establecidas en el mismo”.
El nuevo estatuto, que coexistiría con el actual, plantea que se establezcan “compensaciones salariales y otros beneficios, atendiendo a circunstancias como la ubicación geográfica del lugar de trabajo, el contexto socio-cultural en el que funciona un establecimiento, o el cumplimiento de metas de política pública establecidas en cada caso”, y deberá fomentar “la conformación de planteles estables, con permanencia de funcionarios y concentración de carga horaria en un mismo centro educativo, pudiendo delegar estas atribuciones a las Direcciones Generales de los subsistemas educativos, y estas a las direcciones de los centros educativos”, lo que habilita a que sean los directores de los centros los que definan qué docentes trabajan en cada institución.
Además, el nuevo estatuto deberá contemplar, para el ascenso en la carrera de los docentes, la antigüedad, “la evaluación de desempeños y el desarrollo profesional permanente, en un marco general de no discriminación”, y podrá disponer “condiciones de orden funcional (como el compromiso con una metodología de trabajo o un proyecto de centro) para el acceso o permanencia en un lugar de trabajo específico”, facultad que también tendrán las direcciones generales de los subsistemas o los directores de los centros educativos.
Para Caggiani, estos cambios “implican una transformación importante en cómo se proveen los servicios educativos”, lo que implicaría “que se está instalando un sistema muy parecido a la lógica de la educación concertada en otros países o al financiamiento del centro como si fuera un efector”. Como los directores generales pueden delegar en los directores de centros educativos la selección del personal se “traslada el régimen de construcción de la carrera docente a como funciona un centro de educación privado, donde el director o el dueño elige a sus docentes”. Así, entiende Caggiani, “desarmás la carrera docente tal como se conoce hoy, y van a tener que aparecen organismos que califiquen docentes, como en Chile”. El consejero dijo que “dos maestros, con los mismos años de experiencia y formación, de acuerdo a dónde trabajen y con qué estatuto, van a tener un pago diferente. No sé cómo lo van a implementar”, advirtió, y dijo que esto termina “por fraccionar el sistema educativo, por centro o por departamento”.
La consejera del CFE también está preocupada por los cambios en este sentido. “No sólo se elimina toda mención al Instituto Universitario de Educación y la idea de que la formación docente tiene caracter universitario, sino que la generación de políticas nacionales en relación a la profesionalización docente pasa a estar en la órbita del MEC; es un retroceso”, afirmó.
“Alguna estructura organizativa para la formación en educación de carácter universitario tiene que estar, y no pueden estar en la órbita del MEC las políticas relacionadas a la formación docente. Las universidades privadas tienen esa potestad de formar docentes y no se la va a quitar nadie, sólo le sacan la potestad al ámbito público”, subrayó la consejera. Cortazzo agregó: “Estamos entre indignados y sorprendidos. Yo apelo a los 3.100 docentes que somos, a los 29.000 estudiantes que tenemos y a los egresados de todos los institutos de formación docente del país a que mostremos capacidad de organizarnos para dar batalla en esto, que realmente es grave”.
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