El Grupo de Reflexión en Educación (GRE), un colectivo conformado por personas dedicadas a la educación que desde 2009 se ha pronunciado sobre las principales discusiones educativas, elaboró su décimo documento sobre el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) tal como fue aprobado en el Senado y que actualmente se discute en la cámara baja.
Si bien el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, ha insistido en que con la LUC no se busca instalar una ley de educación alternativa, y de hecho ante los diputados que estudian el proyecto reiteró el martes que “no está en la agenda de este gobierno, a corto plazo, generar una ley de educación sustitutiva, porque nos parece que hacerlo bien lleva mucho tiempo, consume mucha energía política e institucional”, el GRE sostiene que “sí se está frente a una ley alternativa, que propone una transformación radical en los principios rectores, el gobierno, la estructura, el funcionamiento y los equilibrios del sistema educativo, de tal envergadura, que merece un tratamiento sin urgencias”.
El documento analiza en profundidad el proyecto de ley y sus diversas modificaciones. Sobre la eliminación del Sistema Nacional de Educación Pública, el grupo considera que “no se trata de un simple cambio de nomenclatura; se suprime el concepto de ‘sistema’, que implica un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de la educación pública, por el de ‘organización’, que simplemente da cuenta de un ordenamiento de los distintos organismos”, y si bien menciona que en el Senado se incorporó la Comisión Coordinadora de la Educación Pública, señala que tendrá “un rol totalmente secundario respecto de la Comisión Coordinadora de la Educación que integran las instituciones privadas”.
Sobre el rol que pasará a tener el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), por ejemplo, al elaborar el Plan de Política Educativa Nacional, el documento indica que “el avance centralizador de este proyecto va en el sentido señalado de sujetar el campo educativo al gobierno central que cambia cada cinco años, esto hace difícil concebir políticas de mediano y largo plazo”.
Respecto de la filosofía subyacente, los educadores recuerdan una frase del maestro Julio Castro al discutir el proyecto de ley general de educación presentado por el entonces ministro Julio María Sanguinetti en 1972: “La cosa es así: el pueblo, titular de la ‘voluntad general’ elige los gobernantes. Estos reciben con sus mandatos la capacidad de interpretar y ejercer esa voluntad general. Por consiguiente son los únicos capaces para ‘imponer las líneas generales de la política educativa’. La enseñanza como ciencia objetiva, como hecho histórico, como técnica experimental, no tiene valor. Sólo sirve si el gobierno lo quiere; sólo participa en la sociedad si transita al ritmo y por los canales que el gobierno le determine”.
Respecto de la transformación de los consejos de educación en direcciones generales unipersonales, el documento afirma que es un “retroceso histórico de más de cien años”, ya que al bajar el rango institucional estas direcciones tendrán “un menor grado aún de autonomía, absolutamente sometidos a la jerarquía del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)”. “Los directores generales de los subsistemas ejecutarán las políticas emanadas del Codicen, que a su vez habrá de supeditarse a las políticas diseñadas por el MEC contraviniendo la disposición autonómica establecida en la Constitución”, añade.
A la “verticalidad y concentración de autoridad” se suma la eliminación de los consejeros electos por los docentes, lo que califican de una “regresión histórica significativa”, y recuerdan que en Secundaria la participación de docentes existe desde 1935 y en UTU desde 1942. Además, añaden que limita la participación estudiantil en los Consejos de Participación en educación media, y la participación en general, ya que el Congreso Nacional de Educación “pierde relevancia y significación ya que podrá ser convocado o no en cada período de gobierno (como máximo una vez)”.
Sobre la carrera docente y la modificación que plantea la LUC, el documento menciona que si bien el pasaje de un régimen a otro es voluntario, el proyecto establece que “en el marco del nuevo régimen se deberán aceptar cambios a futuro que la ANEP imponga, lo que evidencia un riesgo real e instala escenarios de incertidumbre”, además “de contravenir la Ley N° 18.508 de negociación colectiva”. Consideran uno de los cambios más preocupantes “el que dispone que el compromiso con el proyecto de centro será jerarquizado a los efectos de la evaluación del desempeño del docente en el aula”, lo que supone a su entender “un control político-ideológico, además de educativo y didáctico, que impacta directamente en lo laboral”.
Por otra parte, advierten que el artículo 193 establece que el Codicen podrá establecer compensaciones o beneficios por “el cumplimiento de metas de política pública”, lo que “podría ser lesivo para la libertad de cátedra, dado que el plan de políticas públicas sólo es suscripto por los miembros políticos del Codicen. Se introduce claramente el concepto de retribuciones particulares y se relativiza el salario de carácter general, escenario en el cual las direcciones de los centros pasan a tener un rol central”.
Sobre el debate en torno a la formación docente, el GRE considera que la LUC “se limita a introducir modificaciones a la Ley General de Educación que empeoran la situación actual, pues lejos de procurar el crecimiento cualitativo y cuantitativo de nuestra formación pública en educación, la rebaja, debilita y abre caminos a su fragmentación y a la ‘competencia’ tanto al interior de la educación pública como de esta con la privada”, y en particular cuestiona el sistema de becas propuesto en el artículo 170, ya que refiere a programas universitarios de formación en educación, que son actualmente todos privados, salvo el profesorado de Educación Física, ya que la formación en educación pública no logró el rango universitario. “No es para los estudiantes de formación pública en educación. Es ‘premio’ al ‘mérito’ de alguno de estos, para ‘que sigan programas universitarios de formación en educación’. Esto atenta contra la formación pública en educación. Es otro aliciente para no entrar a ella o para salir lo más pronto posible. E incentivo económico público a las instituciones privadas”.