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Walter Fernández Val, José Olivera, y Alejandra Vespa , durante una reunión entre la Coordinadora de Sindicatos de la Educación del Uruguay y Consejo Directivo Central, en la Administración Nacional de Educación Pública (archivo, mayo de 2020).

Foto: Mariana Greif

Para sindicatos docentes la propuesta presupuestal de la ANEP implica una “reforma educativa” con “cambios sustantivos”

5 minutos de lectura
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Señalan que algunas políticas, como el tiempo extendido, van a dejar de ser universales y se van a focalizar en sectores vulnerables.

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“El presupuesto de la educación no está cerrado aún, hay una propuesta del gobierno, pero sobre todo es la propuesta de la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública], con la autonomía que maneja”, dijo el miércoles 26 en una conferencia de prensa el presidente, Luis Lacalle Pou, y agregó que “hoy hay consonancia” entre las autoridades de la ANEP, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Esa consonancia no le consta a la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), que ayer recibió de manos de las autoridades del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP el último borrador de la propuesta presupuestal que se presentará de forma definitiva el lunes. “No quedó claro cuál es la consonancia. Hay que ver qué plantea el Poder Ejecutivo en última instancia, y eso surgirá cuando se comparen los dos mensajes presupuestales, porque en la reunión con las autoridades de la ANEP no se hizo ningún comentario sobre lo dicho por el presidente. Sabemos que siguen las conversaciones con el MEF y la OPP sobre el tema”, dijo a la diaria José Olivera, secretario general de la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Lo que sí se desprende del borrador que el Codicen entregó a los sindicatos es que el pedido presupuestal de la ANEP busca mantener la línea de base de 2019 ubicada en 76.000 millones de pesos. “Si el Poder Ejecutivo lo acompaña o no es algo que tendremos que ver”, subrayó Olivera.

El documento se aprobó esta semana con cuatro votos a favor, de los tres consejeros políticos y el electo por los docentes independientes, Óscar Pedrozo, y uno en contra, el de Juan Pérez, el consejero electo por los docentes a través del PIT-CNT.

Cinco puntos del borrador presupuestal de la ANEP

Del documento entregado Olivera destacó algunos puntos en particular: “Además de la línea de base se solicitan algunos artículos adicionales que hacen a transformar con financiamiento permanente cuestiones que hasta ahora se financiaban con el fondo de inasistencia”. Asimismo, comentó que en otro artículo se solicita más presupuesto para financiar los servicios personales que tendrán que pagar para todos los funcionarios de la educación que comiencen a trabajar en las obras realizadas bajo la modalidad de participación público-privada que se comienzan a entregar. En esa línea, en otro artículo también se solicita presupuesto para la expansión de los centros educativos asociados, una política que ya comenzó en la administración anterior y que necesita financiamiento.

Olivera señaló que “se constata en los lineamientos estratégicos que hay una reforma educativa cuyo contenido habrá que analizar en profundidad en los próximos días. Claramente hay cambios sustantivos que ya se ven. Por motivos financieros, algunas políticas universales, como la extensión del tiempo extendido, se transforman ahora en una política focalizada, particularmente en los quintiles 1 y 2 [más desfavorecidos a nivel socioeconómico], y no ya como una política universal, tanto a nivel de educación primaria como media”.

Ajuste salarial 2020

Uno de los temas que preocupan a la CSEU está “vinculado al cumplimiento del correctivo [una adecuación del salario a la inflación] que se tiene que desarrollar a diciembre de este año; es algo que el Poder Ejecutivo no contempla en sus lineamientos, pero que ya está suscripto en un acuerdo”, dijo el representante de los gremios José Olivera. Según indicó, “el presidente del Codicen de la ANEP transmitió al pleno del consejo lo planteado por los trabajadores en el MTSS y dijo que también se lo ha marcado al Poder Ejecutivo. Por lo tanto la discusión quedó abierta hasta el 31 de diciembre, el plazo de vigencia de nuestro convenio”.

El sindicalista subrayó que el proceso de elaboración del presupuesto “no fue colectivo”, que las reuniones con la ANEP fueron “informativas” y que la única consulta que recibirán relacionada con la reforma educativa que se plantea será sobre los temas referentes a las condiciones de trabajo. De todas formas, Olivera comentó que desde el Codicen se buscará recoger las opiniones de las Asambleas Técnico Docentes de los subsistemas.

Para Olivera, “lo que surge claramente es que muchas de las cosas que se van a hacer, producto de la reforma educativa, se van a financiar con los mismos fondos con los que hoy se cuenta; es decir, se va a generar un proceso de ajuste interno del gasto educativo dentro de la ANEP. Esa va a ser la discusión en el mediano plazo; nosotros vemos que algunas de estas cuestiones se van a empezar a visualizar en 2021, aunque hay algunas que ya se pueden ver, como los recortes de horas que se vienen anunciando”.

Disminución de grupos de FPB en Canelones y Montevideo

En el ámbito del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP-UTU), el sindicato de funcionarios mantiene un conflicto particular por la reducción de la oferta de formación profesional básica (FPB) para 2021. A diferencia del ciclo básico tecnológico (CBT), la FPB se centra en la formación profesional y combina las materias tradicionales con una amplia cantidad de horas de taller en distintas orientaciones.

Según adelantó a la diaria el director general de UTU, Juan Pereyra, la idea es “reformular totalmente” la FPB para 2022, con el objetivo de mejorar los resultados de aprendizajes, pero de cara al año que viene el consejo recomendó a inspectores y directores no inscribir a niños recién egresados de la escuela en los cursos de FPB, y sí dejarlo como opción para los que ya cursaron el liceo o el CBT y no continuaron.

El miércoles la Asociación de Funcionarios de UTU (AFUTU) hizo un paro de 24 horas por este tema, y si bien tuvo lugar un encuentro tripartito en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), no se lograron avances, según comentó Nelson Jaurena, secretario general del gremio. “No pudimos llegar a un acuerdo”, señaló, ya que las autoridades del CETP “dicen que no dieron lineamientos de bajar los trayectos 1 de FPB y que se están levantando los grupos normalmente, y eso no coincide con la realidad, ya que por ejemplo en Canelones se eliminaron 19 grupos de trayecto 1”, añadió.

La discusión surgió al comenzar el preplanillado, que es la construcción de los grupos de oferta educativa que presentará la UTU en 2021, un proceso que culmina en noviembre.

Según Jaurena, el sindicato pidió que quedara establecido en el acta que el CETP considera que AFUTU “está equivocado y que no se están bajando los grupos, pero no quisieron dejarlo por escrito”. En el próximo encuentro, previsto para el martes, el sindicato espera tener los números concretos de grupos que se propone crear.

AFUTU creó una comisión específica sobre defensa de la diversidad educativa en UTU. Martín Klein, integrante de esa comisión, dijo a la diaria que “cuando hay verticalidad no es una recomendación”, y relató que en algunas escuelas técnicas, como en la de Paso de la Arena, la propuesta original de la dirección fue rechazada por la inspección. Hasta el viernes de noche, para esa escuela, estaba planteada la apertura de cinco grupos de CBT y ninguno del trayecto 1 de FPB, siendo que en 2020 se abrieron siete grupos de trayecto 1 de FPB y ninguno de CBT, ya que en otras escuelas de la zona sí existía esa opción. En la noche se anunció, no obstante, que esa propuesta volvería a cambiar.

Klein añadió que el hecho de que no se abran trayectos 1 de FPB o se reduzca la oferta “implica de por sí que se van a ver afectadas las horas docentes y varios roles que son propios de la propuesta educativa, como los talleristas, educadores y alfabetizadores laborales”, que no podrían “migrar” a otras ofertas de UTU.

Pedido de informes por situación de FPB

El diputado frenteamplista Sebastián Sabini elevó un pedido de informes al CETP por la situación de la FPB, a raíz de la información publicada por la diaria. Entre las preguntas que hace al consejo, el diputado pide el informe de evaluación que se tuvo en cuenta para tomar la decisión. Asimismo, consulta sobre si los cursos de FPB serán “reducidos o eliminados”, y si son eliminados, qué alternativa se va a ofrecer a esa población. Sabini también pregunta si los Centros Educativos Comunitarios seguirán en funcionamiento en 2021, y qué proyección hace el consejo para esta modalidad.

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