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Marcha en apoyo a docentes sancionados, ayer, en San José.

Foto: Paola Alcorta

Internacional de la Educación presentará denuncia ante la OIT por pedido de destitución a profesoras de San José

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Las distintas filiales de Fenapes hicieron un paro de 24 horas, y también reclamaron por “recortes” presupuestales y elección de horas.

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Leído por Andrés Alba.
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“Frenemos la destitución”, reclamaba la pancarta que abrió la marcha que el jueves partió desde la Plaza de los Treinta y Tres Orientales hasta el liceo 1 de la ciudad de San José, en el marco del paro de 24 horas de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) en todo el país. En la filial de San José, la jornada estuvo marcada por el reclamo para que las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) reviertan el pedido de destitución del que ya fueron notificadas dos de las 14 docentes de ese departamento.

En una conferencia de prensa en la que participaron las dos profesoras implicadas, Ana Claudia Battaglino y Carolina Sacco, el vicepresidente de Fenapes, Marcel Slamovitz, anunció que en las próximas horas la Internacional de la Educación presentará una denuncia por este caso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según Slamovitz, se trata de dos educadoras “intachables” que siempre han tenido buenas evaluaciones y, de confirmarse la destitución, además de quedarse sin trabajo se les retiraría el título, por lo que se quedarían sin posibilidades de trabajar también en la educación privada. Slamovitz consideró que la foto que se tomaron en 2019 contra la campaña Vivir sin Miedo está respaldada por la libertad sindical, por lo que las medidas que se han tomado desde la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) “violan toda la normativa jurídica” en esa área.

Battaglino lamentó que los funcionarios públicos no tengan seguro de desempleo ni derecho a despido, por lo que si la destitución se concreta no sólo se quedarían sin título, sino también sin ingresos. La profesora afirmó que con sus colegas siempre tuvieron la intención de defender a sus alumnos y, en ese marco, definieron pronunciarse en contra de la campaña que implicaba la posibilidad de que militares hicieran tareas de seguridad interna. Además, planteó que los profesores sindicalizados pueden manifestarse “porque tenemos libertad de expresión y el derecho de huelga nos ampara”.

Sobre el escenario futuro, Slamovitz dijo que la filial de Fenapes en San José ya definió que “no volverá al aula si hay una destitución” de los profesores. Para el vicepresidente de Fenapes, la función de un sindicato es luchar por una mejor educación pública para los estudiantes y también para los trabajadores, por lo que deben velar por sus derechos.

Debido proceso

Por su parte, Sacco señaló que la conclusión del informe de la División Jurídica de la DGES no tuvo en cuenta que era la primera vez que los acusados pasaban por una situación de ese tipo y que no había ni siquiera una observación verbal en su legajo. Según planteó, la investigación “desestimó las pruebas y los testigos” que los acusados presentaron, en lo que catalogó como un proceso con “falta total de garantías”.

Sostuvo que cuando el ex Consejo de Educación Secundaria (CES) –luego devenido DGES– trató el tema en 2019 se exhortó a los profesores que fueran cuidadosos respecto de los actos de proselitismo dentro del liceo y es algo con lo que han cumplido desde entonces. Además, se preguntó qué ocurrió con otros dos casos similares que fueron archivados en esa sesión del CES pero que las autoridades que asumieron en 2020 no reabrieron. Al respecto, Slamovitz nombró el caso de un profesor que repartía listas del Sí a la reforma Vivir sin Miedo en el aula y de otro que ofrecía listas del Espacio 40 del Partido Nacional dentro del liceo, lo que claramente constituye un caso de proselitismo partidario, según valoró. 

Para Battaglino, la ANEP maneja distintos criterios sobre el proselitismo en los centros educativos, ya que recientemente permitió que los candidatos a integrar el Consejo Directivo Central del organismo pudieran ingresar a los locales a buscar votos de los docentes, pero considera inapropiado el pronunciamiento por una causa no partidaria como un plebiscito sobre seguridad pública.

El vicepresidente de Fenapes planteó que en Uruguay no hay antecedentes de una destitución de un docente por un caso de este tipo, “salvo en la dictadura”. Como un “antecedente inmediato que hay en la región” mencionó la política implementada por el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, llamada Escuela sin Partido, por la que el Ministerio de Educación de ese país llama a delatar a los profesores e incluso ya ha hecho destituciones. Slamovitz destacó que “Uruguay tiene 100 años de leyes sociales a través de la lucha del movimiento sindical y de gobiernos de todos los colores”, pero advirtió que “se están perdiendo” los derechos a la libertad de expresión y a la sindicalización.

En ese sentido, afirmó que entre los docentes uruguayos “ya hay una autocensura”, porque “la gente tiene miedo” de las represalias que puedan tomar hacia ellos las autoridades, que, según Slamovitz, “quieren soldaditos” que se limiten a cumplir órdenes.

Otros lares

Otra de las definiciones de la asamblea de la Asociación de Profesores de San José es comenzar a juntar firmas de apoyo a los profesores y también que Fenapes evalúe acciones para revertir los pedidos de destitución, en lo que definen como un caso de persecución sindical. Desde la filial de Montevideo advierten que el caso de San José no es el único y, por ejemplo, señalaron que durante un paro realizado el martes, un grupo de docentes del liceo 29 de la capital no fueron autorizados a reunirse dentro ni en la puerta del centro educativo.

Leila Laureiro, integrante de la directiva de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo, dijo a la diaria que el paro nacional de Fenapes también fue por “el recorte presupuestal que se está dando” en la educación, que según el sindicato es de 56 millones de dólares en toda la ANEP. Laureiro aseguró que eso repercute en que haya una menor cantidad de grupos en los liceos, que, por lo tanto, quedan superpoblados.

Según dijo, las autoridades de la DGES no han compartido la matriz que indica cuántos grupos habrá el año que viene y cómo estarán conformados en cada liceo. De todas formas, a través de comunicaciones informales el sindicato maneja que habrá un “recorte de grupos”. Por su parte, Javier Iglesias, integrante de Fenapes, dijo a la diaria que las autoridades también ahorrarán en las horas de tutorías en liceos, que siempre se asignan desde finales del año anterior para que el docente las cobre durante todo el año siguiente, pero en 2022 se asignarán a partir de abril.

El otro tema por el que se concretó el paro de Fenapes fue la definición de la DGES de organizar la elección y designación de cargos y horas docentes para 2022 de forma virtual en 13 departamentos. En el marco de la legislación sobre negociación colectiva, los profesores sindicalizados reclaman ser parte de esas definiciones, ya que entienden que su contralor sería una garantía para la transparencia del proceso. Al respecto, hubo una instancia tripartita con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero desde el gremio no advierten ningún avance. Por el contrario, días atrás, Slamovitz lamentó en su cuenta de Twitter que después de una reunión en dicho espacio la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, publicó un video en el que explica detalles del proceso de elección de horas para el año que viene.

ADES Montevideo ocupó este jueves cinco liceos de la capital e hizo una asamblea durante la tarde. Emiliano Mandacen, presidente del sindicato, dijo a Informe Capital de TV Ciudad que en dicho espacio se definió convocar a un nuevo encuentro el 13 de noviembre para discutir la profundización del conflicto y, en ese sentido, no se descarta ir a una huelga.

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