Con el respaldo de la Internacional de la Educación, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) denunciará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la “arremetida antisindical” que, según el sindicato, lleva adelante la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) contra los 14 profesores que posaron con un cartel con la leyenda “No a la reforma”, en alusión a la campaña de reforma constitucional que promovía en 2019 el nacionalista Jorge Larrañaga.
Los 14 profesores que posaron en la foto fueron sumariados con separación de cargo y retención de 50% de sus haberes y, en las últimas semanas, dos de las docentes fueron notificadas por la División de Jurídica de la DGES de que se pide su destitución por entender que violaron el artículo 58 de la Constitución de la República, que prohíbe que los funcionarios públicos hagan proselitismo.
José Olivera, secretario general de Fenapes, dijo este miércoles en una conferencia de prensa que se presentará una denuncia ante el Comité de Libertad Sindical por “claros elementos” de violación de dicho principio, al igual que el de “la autonomía sindical y el libre ejercicio de acción sindical”.
“A través de diferentes mecanismos, de distintas resoluciones y acciones de la DGES, sin que haya existido también una corrección por parte del Codicen [Consejo Directivo Central] de la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública], hemos visto atacados nuestros derechos sindicales”, señaló Olivera. Por su parte, agregó que esto ha motivado una “profunda reflexión” del sindicato, que buscó un “importante asesoramiento” jurídico y por eso “la conclusión política es, sin duda, la necesidad de que en el ámbito de la OIT” sean analizados estos hechos.
Por su parte, la presidenta del sindicato, Alejandra Vespa, dijo que están haciendo este planteo a nivel internacional porque se debe respetar el derecho “de cada una de nuestras organizaciones sindicales de defender día a día la situación de las condiciones de estudio de nuestros estudiantes y las condiciones laborales de nuestros trabajadores”.
“Lamentablemente, esto no está siendo entendido de esta manera por los jerarcas de la educación. Cada acción está amparada en la legislación, en los reglamentos y en los convenios internacionales, pero ello viene siendo desconocido y desoído reiterada y sistemáticamente por parte de la DGES”, criticó.
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Para la presidenta del sindicato, ello “preocupa profundamente”, porque hace a la “necesidad” de “defender la participación democrática que es y ha sido pilar para nuestra sociedad”. Con esta denuncia ante la OIT, sostuvo, esperan una “reflexión profunda” de “todos los actores políticos”, especialmente los del gobierno de la educación.
En tanto, el abogado denunciante e integrante de Fenapes Daniel Parrilla dijo que llevarán la acción ante la OIT junto al doctor Gonzalo Galíndez. El escrito, que consta de 30 páginas, será presentado ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, en el que se denunciará “una conducción política” de la DGES “tendiente a reprimir la libertad sindical”. “La libertad sindical ha sido declarada y considerada un derecho humano fundamental por los tratados internacionales. No sólo a nivel de la ONU [Organización de las Naciones Unidas], sino también interamericano y, particularmente, de la OIT”, aseguró.
Para Parrilla, con esta denuncia se proponen defender a los docentes maragatos, que participaron en una actividad de “estricto corte sindical” en el marco de “una campaña relacionada con la propuesta de reforma constitucional del año 2019, en el que el movimiento sindical había adoptado una posición”. “Por ese hecho, hoy para algunos de esos docentes se está pidiendo la destitución, y es un hecho grave: ese episodio implica un punto de inflexión en la historia, por lo menos de los últimos años, desde el punto de vista jurídico. Mediante la aplicación de un concepto como el de proselitismo se destruye o se restringe prácticamente a la inexistencia ese derecho humano fundamental que es la libertad sindical”.
A los profesores se les aplica “el concepto de proselitismo, que si bien tiene base constitucional, también lo tiene la libertad sindical”. “Es un momento muy especial en el que se ha prescindido absolutamente de las pruebas que se aportaron para demostrar que se trataba de una actividad sindical y se aplicó un concepto meramente estático: por el hecho de haber participado en una actividad en un establecimiento educativo se pide la destitución”. Según valoró, se trata de “un hecho muy grave que debe ser analizado a nivel internacional”, y afirmó que no es el único, porque la DGES inició una investigación administrativa por una cartelera que daba información sobre la ley de urgente consideración en el liceo 16 de Montevideo. “La cartelera es el santuario del movimiento sindical”, estableció.
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En tanto, denunció que en un liceo de Empalme Olmos hay “un acto de injerencia” de la DGES contra la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria y del sindicato de funcionarios no docentes, porque mediante una resolución “se les dice quiénes pueden participar en las instancias bipartitas o de negociación”. Según consideró, se trata de “una política sumamente dura, que a nuestro juicio debe ser examinada por los organismos internacionales”.
Por último, Parrilla indicó que para la elaboración de la denuncia contaron con la colaboración del catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), Hugo Barretto, y del abogado constitucionalista Daniel Ochs. “Ellos han laburado enormemente en esta defensa que hemos hecho de estos casos y, por supuesto, también hemos utilizado los elementos teóricos que nos han aportado esos colegas y profesionales para redactar esta denuncia”, indicó.