A raíz de la resolución de la Dirección General de Secundaria del lunes 28, en la que se pide a todas las direcciones liceales del país que remitan “de forma urgente toda aquella información que pudiera contener datos referentes a la justificación de inasistencias” en el “marco del usufructo de licencia sindical” durante los años 2015 a 2021, la Asociación de Trabajadores de Educación Secundaria (ATES) emitió un comunicado en el que acusa a la dirección de persecución sindical.
En la resolución de Secundaria se establece que, considerando el pedido de informes que realizó el diputado Felipe Schipani “referente a la justificación de inasistencias para participar de actividades sindicales” en el que consulta “si es una práctica habitual que se soliciten horas para actividades sindicales adicionales a las horas legalmente establecidas”, sumada a la comisión investigadora que trabaja en el Parlamento sobre el tema, es pertinente hacer la consulta a las direcciones liceales.
Sin embargo, desde ATES consideran que “dicho proceder forma parte de una metodología que no prioriza la atención educativa y sanitaria de los educandos de todo el país, hipoteca el proceso pedagógico de los locales de estudio en momentos de emergencia sanitaria y minimiza los temas realmente trascendentes a los que las autoridades deberían abocarse”, según indican en un comunicado.
El sindicato reclama “el cese de estas prácticas que lejos de unirnos para garantizar un retorno seguro a los locales de estudio centra la atención en persecuciones sindicales generando divisiones y no un trabajo mancomunado entre todos los actores en pos de una educación digna”.
Por otra parte, desde la Unión de Funcionarios del Consejo Directivo Central (Codicen) manifiestan su “profundo rechazo a la persecución llevada a cabo desde el Codicen hacia compañeros y compañeras del programa Paemfe [Programas de Apoyo a la Educación Media y Técnica y a la Formación en Educación], dejando sin trabajo en medio de la crisis a tres funcionarios”.
Estos programas se plasmaron en contratos de préstamo entre Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo en 2011 y 2017 y tienen por objetivo “contribuir a la implementación de la política educativa” en esas áreas. Desde el sindicato aclaran, además, que “el financiamiento del programa está vigente durante todo 2021”.
Según el sindicato de funcionarios del Codicen, los tres trabajadores despedidos trabajaban en la institución desde hacía más de cuatro años y tenían informes de sus jefes “sumamente positivos”. En tanto lo “único que compartían era su afiliación con el sindicato”, entienden que es un caso de “persecución antisindical” y advierten en un comunicado que tomarán “todos los caminos necesarios para revertir la situación”.
Juan Gabito, consejero del Codicen de la ANEP, confirmó los despidos en Paemfe, pero aseguró que “no es por persecución sindical”. Señaló que son contratos con vencimiento, que se habían prorrogado hasta el 30 de junio y que tres no se renovaron porque los funcionarios “formaban parte de una mesa de ayuda que dejó de existir”.
“Al principio se los redireccionó hacia otros subsistemas, pero ahora vino la propuesta de no renovarles y apoyamos”, señaló, y puntualizó que no fue por persecución sindical: “No tienen condición de dirigentes sindicales, y se ha cesado a gente no afiliada”, afirmó. De todas formas, dijo que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social los citó a una instancia de mediación por estos despidos, y no descartó que surja en ese ámbito “alguna solución, porque está la parte humana”.