Después de una semana de paralización de actividades, los docentes del liceo de Delta del Tigre volverán a las actividades este martes, después de que lograran ser recibidos por integrantes del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Los profesores y las familias de los estudiantes que concurren al centro educativo de San José reclaman soluciones ante el incremento de situaciones de violencia en la comunidad, lo que tuvo un impacto negativo en el liceo. Según sostienen, ello llevó a que muchos estudiantes tengan miedo de asistir al centro educativo e incluso en algunos casos hayan dejado de concurrir.
Si bien la semana pasada fueron visitados por Santiago González, director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior (MI), las familias y el colectivo docente no quedaron conformes con la respuesta que recibieron. Según señalaron a la diaria, González señaló que se destinaría un patrullero para estar presente en los horarios de entrada y salida al centro educativo, pero el patrullaje no podría sostenerse si debían atender alguna denuncia en la zona.
Las familias y los profesores también reclamaban una respuesta de las autoridades de la Dirección General de Educación Secundaria y del Codicen, lo que no ocurrió hasta hoy. Por ese motivo, después de hacer varias movilizaciones y protestas en Delta del Tigre, en la tarde del lunes definieron manifestarse en la puerta del edificio principal de la ANEP, en Colonia y Libertador. Algunos integrantes de la comunidad educativa ya se habían dirigido al Codicen el viernes, pero las autoridades se encontraban en Soriano, en la inauguración del nuevo edificio de la escuela 98 de ese departamento.
Esta situación generó que el fin de semana la asamblea de delegados de la Federación de Profesores de Educación Secundaria manifestara su apoyo al liceo de Delta del Tigre y denunciara “indiferencia y falta de respuestas” de los consejeros designados por el gobierno en el Codicen. En particular, apuntaron contra el presidente del organismo, Robert Silva, que, entendieron, está “ausente” y “en silencio absoluto”, lo que los lleva a concluir que no quiere hacerse cargo de la situación.
En primera instancia, hoy fueron recibidos por los representantes docentes en el Codicen, Julián Mazzoni y Daysi Iglesias, a quienes después se sumó Juan Gabito, consejero nombrado por el gobierno y expresidente del organismo. Gabito fue informado de la situación de creciente violencia que se vive en la zona y de los reclamos de los profesores y las familias, que pretenden que el centro educativo cuente con más adscriptos y con un equipo multidisciplinario para atender emergentes que se presentan a diario, sobre los que dijeron sentirse “desbordados”. El consejero dijo que no estaba al tanto de la situación y, en acuerdo con Iglesias y Mazzoni, invitaron a una delegación a ingresar al edificio para dejar planteados sus pedidos formalmente.
Después de más de una hora de reunión, Alejandro Di Lauro, profesor y adscripto en el liceo, sostuvo que los tres consejeros se comprometieron a establecer las coordinaciones pertinentes con el MI para que la seguridad mejore. Además, sostuvo que también buscarían generar convenios con el Ministerio de Desarrollo Social o el Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay para llevar actividades socioeducativas a la zona. Uno de los reclamos del colectivo docente es que varias políticas sociales como el Programa de Aulas Comunitarias y los Socat del Mides se retiraron de la zona en los últimos años, por lo que muchos jóvenes quedaron sin respuestas adecuadas por parte del Estado.
Desde el lado de la ANEP, Di Lauro sostuvo que los consejeros se comprometieron a gestionar y plantear en la sesión del Codicen de este miércoles la posibilidad de que rápidamente el liceo reciba a un adscripto más y también un equipo de psicopedagogos. El hecho de haber recibido esta respuesta llevó a los docentes del centro educativo a suspender la paralización de actividades, más allá de que se mantienen en conflicto. Según informaron a la diaria, se apuesta por suspender el paro durante 15 días para evaluar el cumplimiento de las medidas que las autoridades accedieron a evaluar.