Este miércoles 4 los profesores nucleados en la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) de Montevideo hacen un paro de 24 horas y tenían prevista la ocupación del liceo Dámaso.
Sobre el mediodía comenzó una asamblea general para definir un plan de acción ante tres temas de preocupación del sindicato: el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo debe enviar antes del 30 de junio; lo que consideran que es una persecución sindical por parte de las autoridades, y la reforma educativa impulsada desde la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), cuyo marco curricular se discutió en Asambleas Técnico Docentes (ATD) extraordinarias llevadas a cabo a nivel nacional en todos los susbsistemas de la educación pública.
Este martes, además, se sumó otra reivindicación a la plataforma del paro: desde el núcleo sindical del liceo Dámaso se emitió un comunicado manifestando su preocupación por el reintegro de un docente acusado de acoso por parte de estudiantes de cuarto año.
Sin embargo, sobre las 11.45, mientras hablaba con la diaria, la integrante de la Comisión Directiva de ADES Camila Menchaca se disponía a firmar el acta de desocupación luego de que llegara la segunda intimación a desocupar el instituto, en el marco de lo dispuesto por la ley de urgente consideración respecto de ocupar lugares de trabajo. La asamblea, entonces, se trasladó del Dámaso a la sede central del PIT-CNT.
La resolución de asamblea viene “de hace unas dos semanas”, explicó Menchaca, para denunciar “los recortes presupuestales que estamos viviendo que redundan en un recorte de grupos importante”, lo que implica dos cosas: “Por un lado, compañeros y compañeras sin trabajo, y por otro, grupos superpoblados”.
Además, contó, se vienen dando “serias dificultades” en el trabajo y comunicación “con las autoridades”, puesto que “no están funcionando los espacios bipartitos de la forma en que corresponde”.
A modo de ejemplo, Menchaca citó los “enormes retrasos en la elección de horas, lo que hace que haya un montón de grupos que no pueden ser tomados por docentes que en este momento están sin trabajo, mientras que los chiquilines no tienen clase”. En ese sentido, desde ADES exigen “la instalación del calendario permanente”.
Respecto de la reforma educativa, Menchaca sostuvo que se trata de “un documento que se presentó la semana pasada” que a su vez “parte de un documento del año anterior que fue planteado para discutir en distintas ATD”; sin embargo, “nunca se tuvo en consideración lo que las ATD discutieron” porque a su vez no se convocaron a las asambleas a nivel nacional”.
Sí se convocó a la ATD extraordinaria, algo que la dirigente consideró que está “por fuera del reglamento” al no haber previsto “los diez días que debían tenerse en cuenta para el estudio previo y sin haber pasado por las mesas permanentes de las ATD”. Sobre el contenido de la reforma, Menchaca sostuvo que desde ADES observan “un planteo de mercantilización de la educación, un trabajo por competencias que vienen de la mano de lo que plantean los organismos internacionales de crédito”.
Sobre la situación del profesor reintegrado en el Dámaso, Menchaca explicó que se hizo “un conjunto de denuncias en contra de un docente, que fue separado del cargo, y se inició un sumario”; el problema yace en que ese sumario aún no terminó “pero los seis meses de separación del cargo -lo máximo que se establece de forma preventiva- sí culminaron”.
“No hay definición de que el docente haya o no cometido esos hechos, lo que genera una situación compleja a nivel de trabajo institucional”, sostuvo Menchaca, y recordó que las y los estudiantes que realizaron las denuncias recién empezaron a ser convocados a declarar, lo que “no permite tomar una resolución antes de que terminen los seis meses”.
“Los y las estudiantes se ven afectadas y revictimizadas en el sentido de haber sido denunciantes y que el docente vuelva”, añadió, y consideró que no se trata de una situación “que debiera tomarse con la lentitud que se está tomando”.
Atado a esto, Menchaca contó que han “observado” en los últimos años una “facilidad y rapidez para iniciar investigaciones administrativas para realizar sumarios a docentes sindicalizados por cuestiones que tienen que ver o con la actividad sindical o con otros elementos” que a priori “no implicarían la necesidad de generar instancias de separación del cargo”, pero que “en casos como las denuncias de acoso -lamentablemente esta no es la única que hay- no se resuelven con la misma celeridad que las que son de claro tinte antisindical”.