En este artículo pretendo señalar una lectura posible acerca de la Rendición de Cuentas 2021 presentada por el Poder Ejecutivo y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) referente al Consejo de Formación en Educación (CFE). Su elaboración fue posible por consultas con la consejería estudiantil y docente, los intercambios con diferentes docentes, así como por una lectura de los cuatro tomos enviados por la ANEP al Parlamento, más el articulado presentado por el Poder Ejecutivo en el marco de la Rendición de Cuentas y diferentes documentos del CFE.
En el articulado propuesto, para aumentar recursos genuinos sólo refieren a la transformación educativa del actual gobierno, que no es más que la implantación de un modelo neoliberal que parte de una idea de crisis de la educación, cuya única solución son las recetas de organismos internacionales con currículos y lógicas de y para el mercado. Además, ciertos artículos confirman la transferencia de recursos públicos a privados.
El MEC y la formación en educación
No es novedad que una de las disposiciones de la ley de urgente consideración -en su artículo 171- es la creación de un sistema de becas de formación en educación que lleva a que se transfieran recursos públicos a instituciones privadas. En ese sentido, en el proyecto presentado por la ANEP no hay un incremento en las becas, pero sí lo hay en el articulado que comprende al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), con una asignación de 50 millones de pesos, más 30 millones que se suman para apoyos a temas relacionados con las instituciones de formación en educación.
En un primer momento, la distribución va en detrimento del fortalecimiento a la ANEP y al CFE, en tanto incrementa el poder y el presupuesto del MEC. A fin de cuentas, esto repercute en la propia autonomía del ente y en quienes están en calidad de estudiantes, ya que otro organismo sería el que asigne y gestione recursos que por su especificidad comprenden al ente ANEP y su desconcentrado CFE.
Por otra parte, pone al consejo como un prestador de servicios de carreras de formación en educación y lleva al organismo a competir con universidades privadas en el caso de que en 2023 se dé al CFE la posibilidad de acreditar título universitario en sus carreras. Mientras tanto, es seguro que las becas se podrán otorgar para quienes cursen carreras en universidades privadas, lo que hace que el sujeto de la educación pública quede en jaque a la hora de desenvolver su aprendizaje en una institución del Estado.
Carencia y crecimiento de matrícula
La gráfica que se presenta a continuación, extraída del primer tomo de la Rendición de Cuentas de ANEP, marca un crecimiento sostenido de la matrícula del CFE, que pasó de 19.666 en 2015 a 32.250 en 2020. Para 2021, según datos del consejo, la matrícula llegaría a 36.296. Es así que, además de un incremento sostenido desde hace varios años, en el período 2020-2021 hay un incremento del entorno de 4.000 estudiantes.
En total, 10,9% de los los y las estudiantes en todo el país declaran residir en condiciones de hacinamiento en el hogar, según datos tomados del documento Sugerencias para el inicio y desarrollo de los cursos 2022 en los Centros e Institutos del CFE. A su vez, 12,7% vive en una casa con alguna prestación del Estado y casi 50% es jefe o jefa de hogar. Además, allí se señala que 42% (más de 12.000 estudiantes) pidió algún tipo de beca.
Sumado a lo anterior, este año estudiantes del Centro Regional de Profesores en Atlántida denunciaron la faltante de vehículos que llevaban a los estudiantes a la institución. Ello los llevó a tomar una serie de medidas para denunciar la situación junto al Sindicato de Profesores de Formación en Educación, señalado falta de recursos y malas gestiones.
Se pueden agregar otras situaciones más generales, como la faltante de cupos en carreras, modalidades de semipresencialidad con falta garantías, infraestructuras con varias problemáticas, residencias estudiantiles que no cumplen con las necesidades estudiantiles, grupos superpoblados, falta de salones y funcionarios, entre otras.
Ante el crecimiento de matrículas y las necesidades planteadas, el CFE y la ANEP elevaron al Parlamento únicamente dos artículos sobre este desconcentrado: uno atinente a la renovación de un convenio con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y otro para contratar a técnicos que se dediquen a la transformación curricular, que seguramente sean los llamados “dinamizadores”, cargos elegidos por designación directa. Para estos últimos, se destinan alrededor de 60 millones de pesos en 2023 y 2024. Se trata de figuras que no tienen una definición concreta de actuación y que podrían llegar a hacer cosas que ya realizan las comisiones de carrera (órgano que cuenta con estudiantes, docentes y egresados) y coordinadores de departamentos. Si bien estos últimos están en los papeles, no se volvieron a hacer llamados para cubrir los cargos, lo que representa un vaciamiento de la institucionalidad.
La única plata en la que innovan es para la supuesta transformación educativa, que, al parecer, resolverá mágicamente los problemas surgidos por el incremento de la matrícula, los problemas de infraestructura y de gestión.
La pandemia y el estudiantado
Luego de los años de pandemia, en los que a través de pedidos pudimos rescatar algunas computadoras para compañeros y compañeras que necesitaban continuar sus trayectos en la virtualidad, nos obligaron a vivir la total desregulación en nuestras condiciones de estudio. Eso llevó a tener que denunciar públicamente las decisiones unilaterales de las direcciones, que enfrentaron a docentes y estudiantes, así como a estudiantes entre sí, y marcaron una tónica de no retorno.
Mientras el CFE ve como optimización del gasto (-75%) una baja muy pronunciada de pasajes, abonos y viáticos, eso sólo fue posible por la disminución de la movilidad en pandemia: no hubo una política planificada para ese objetivo. Estas reducciones de gastos no se orientaron ni a asegurar la continuidad de estudiantes en las instituciones al nivel de la demanda presentada ni a realizar -pidiendo mayores aumentos presupuestales, por supuesto- esfuerzos para preparar un CFE con todas sus sedes para la pospandemia, contemplando también las situaciones que ellos habilitaron por excepción y que no son parte de la norma. En los tomos de rendición de cuentas de ANEP existe una falta de análisis sobre este tema.
Un ejemplo de ello fue la autorización de la dirección del Instituto de Profesores Artigas (IPA) para que un curso que se realiza de forma presencial se empezara a llevar a cabo de manera virtual. Para esto sólo bastó la voluntad de la docente, que decidió ir a Europa y no pedir licencia. Mientras, las estudiantes que tenían el curso de Danza Contemporánea fueron al IPA en su primera clase y la recibieron a través de un celular.
Lo único que esta Rendición de Cuentas deja en claro es que hay plata para la campaña de Robert Silva y su mentada “transformación educativa”, que lo único que dejará será un triste cambio curricular en la formación en educación, con una falsa participación. Además, deja en evidencia el perfil autoritario y concentrador de las decisiones, que no atendien los problemas reales que tenemos los y las estudiantes. Por lo tanto, inevitablemente es necesario volver a decir que estamos ante un esquema neoliberal de privatización, mercantilización y desregulación en la enseñanza.
Maximiliano Santos es militante estudiantil y estudiante de Historia en el IPA.