Mientras el liceo Miranda estaba ocupado, en el mediodía de este viernes la directora general de Educación Secundaria, Jenifer Cherro, fue consultada por la prensa sobre cómo el organismo está procesando estas situaciones. La jerarca citó la normativa a la que Secundaria apela para considerar ilegítimas las ocupaciones de alumnos y, en particular, aludió al Estatuto del Estudiante, de 2005, que establece que “no pueden interferir con el normal desarrollo de las clases”, según dijo. En caso de que ello ocurra, Cherro indicó que “el estudiante debe ser llamado a un Consejo Asesor Pedagógico y puede tener un problema disciplinario”.
Consultada sobre qué sanciones podría implicar, respondió que “se le puede hacer cumplir tareas comunitarias” o que tengan “algún día de suspensión”, pero, en caso de ser necesarias, se aplicarían en forma gradual. En suma, dijo que todavía no se han activado ese tipo de mecanismos y que se está elaborando un protocolo sobre cómo proceder en el caso de que los liceos sean ocupados.
La titular de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) hizo énfasis en que las actuales autoridades “no inventaron nada nuevo”, sino que se están basando en normas que ya estaban escritas. En ese sentido, se mostró “enormemente” preocupada por que haya estudiantes que están perdiendo clases a causa de las ocupaciones. “Si yo no quiero ir, no voy, pero el estudiante no es un trabajador y, por tanto, no le asiste un derecho a la extensión de huelga, que sería la ocupación”, sostuvo. Además, exhortó a los padres a que “envíen a sus hijos a los liceos” y para fundamentarlo citó los resultados del Monitor Educativo de Secundaria presentados este viernes, porque “los que asisten más promueven más” y “evitan el rezago”, más allá de que en la presentación no se mostró ningún dato que tuviera que ver con la incidencia de la asistencia en la promoción.
Más allá de la preocupación, Cherro minimizó el impacto de las ocupaciones y dijo que en este momento los “intentos de entrar a los centros educativos se dan en dos o tres centros” de los 307 liceos de todo el país. A propósito, consideró que son “un mínimo de liceos los que están en esa situación y habrá que ver cuántos días se han perdido de clase”. La jerarca también consideró que la medida “atenta” con las propias trayectorias de los estudiantes. “Pero como nosotros somos adultos responsables y estamos para apoyarlos, vamos a ir a apoyarlos”, sostuvo, y ejemplificó que el apoyo incluye un programa que la DGES lanzará próximamente para que 2.000 jóvenes que deben pocas materias para egresar del liceo puedan hacer un curso virtual de apoyo y rendir exámenes.
La jerarca también cuestionó la representatividad de los estudiantes que definen ocupar los centros. Si bien las cifras de concurrencia a las asambleas que difunden los centros de estudiantes son bastante mayores, Cherro sostuvo que “si usted en un liceo tiene 2.000 estudiantes y hay 15 en una asamblea, no son representativos para decidir una ocupación”. Según dijo, las “personas más adecuadas” para dialogar son los delegados de clase, que cada grupo elige.
Consultada sobre si -pese a no labrar acta de ocupación- desde Secundaria se están pidiendo los datos a quienes ocupan, dijo que los estudiantes llevan la cédula a las ocupaciones porque así “lo indican ellos en sus carteles” en los que convocan a participar de la medida. “El tema es que la persona que intenta una ocupación tiene que identificarse, [porque] nosotros tenemos que saber con quién estamos hablando, si con mayores o menores de edad”, sostuvo.
Consultada por la diaria sobre si la situación que se presentó días atrás en el liceo Dámaso, donde la propia dirección cerró las puertas para impedir una ocupación, Cherro dijo que los intercambios siempre deben darse “en el nivel de la tolerancia”. “Si usted tiene un conjunto de alumnos que están perdiendo su capacidad de diálogo, el director tiene la necesidad no solamente de proteger a quien quiere expresar su disconformidad, sino al que está dentro trabajando”, sostuvo, más allá de que en el caso mencionado quienes estaban dentro del liceo fueron escoltados por la Policía para salir del liceo, según denunció el núcleo sindical docente.
Con relación a si es legítimo que una dirección cierre las puertas y, por lo tanto, impida que funcionarios y estudiantes ingresen el centro, la jerarca respondió que “esas cuestiones van a ser explicadas en el protocolo” que será discutido próximamente por el Consejo Directivo Central de Administración Nacional de Educación Pública.