El conflicto en el liceo IAVA siguió su curso el viernes con una ocupación y consecuente desalojo del centro educativo, primero con una intimación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y luego con la intervención del Ministerio del Interior, que incluyó un corte de calle y despliegue de varios policías. La medida fue tomada por los docentes sindicalizados del liceo y se dio en el marco de un paro de 24 horas de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo.
Desde ADES Montevideo solicitaron a los funcionarios del MTSS que estuvieron en el IAVA una instancia de negociación tripartita con la titular de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), Jenifer Cherro, a quien también le piden la renuncia. Si bien el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, dijo entre semana que desde el organismo están abiertos al diálogo, la propuesta de los consejeros docentes Julián Mazzoni y Daysi Iglesias de generar una mesa de negociación entre los actores del conflicto no prosperó en la sesión del Codicen de esta semana. No obstante, sí se han dado reuniones entre profesores del núcleo sindical, los consejeros docentes y el consejero político Juan Gabito; la última de ellas se llevó a cabo en la tardecita del viernes.
En diálogo con la diaria, Mazzoni señaló que este conflicto debe tener una “salida pedagógica” y resolverse a través del diálogo, como estaba promoviendo el director del liceo antes de ser separado del cargo. De esa forma, el consejero espera que se puedan “minimizar los daños” para los estudiantes, los docentes y el director sumariado. En ese sentido, planteó que el hecho de que se estén generando instancias de intercambio con profesores sindicalizados abre “cierta expectativa” de que ello pueda ocurrir.
Según el consejero docente, para entender el actual conflicto es necesario recordar el contexto en el que se está dando y, en particular, recordar que la ley de urgente consideración eliminó el Consejo de Educación Secundaria, que tenía participación docente. En su lugar, se instaló una “conducción unipersonal con mucho verticalismo, que se ha trasladado también a la forma en que las inspecciones actúan sobre los centros y sobre los directores y su relacionamiento con el movimiento estudiantil”, valoró Mazzoni.
Denuncias por violencia y amenazas
En las últimas horas, el Gremio Estudiantil del IAVA difundió públicamente distintas amenazas y agresiones que llegaron a través de redes sociales y que van dirigidas hacia el colectivo y también hacia Gerónimo Sena, quien fue su vocero en los últimos días. Después de haber recibido asesoramiento y apoyo jurídico brindado por las distintas organizaciones que se solidarizaron con el conflicto en el IAVA, la familia del estudiante definió realizar sendas denuncias penales, una de ellas contra el comunicador Ignacio Álvarez, que entrevistó al vocero el jueves y le dijo que quería “chaparlo de los pelos”, aunque aclaró que “no estaba hablando de violencia”.
Lo jurídico y lo político
Una de las supuestas faltas por las que la DGES está investigando al director es su “insubordinación” por negarse a desalojar a los estudiantes del salón gremial, lo que generó polémica, ya que el organismo se basó en una circular aprobada en dictadura para fundamentarlo jurídicamente. Según un informe que maneja la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), la circular de 1979 mandata a los directores a cumplir con distintos aspectos de la Ley de Educación aprobada en 1972, que fue derogada en el retorno a la democracia.
Por ejemplo, uno de los artículos de dicha ley que la circular mandata a cumplir es que los directores deben tener “la diligencia propia de un buen padre de familia en el cumplimiento de sus obligaciones funcionales” y también “hacer desistir a los educandos de cualquier actitud o comportamiento incorrecto, reputado ilícito o prohibido, no permitiendo que los educandos experimenten presiones o compulsiones individuales o colectivas”.
Si bien otra de las circulares citadas por la DGES para sumariar al director del IAVA deroga aspectos de la norma de 1979, no especifica cuáles. De todas formas, desde Fenapes interpretan que, al haber sido derogada la Ley de Educación a la que remitía, todas las competencias de los directores que están basadas en esa norma no tienen aplicación en la actualidad. El informe concluye que la Ley de Emergencia para la Enseñanza en General aprobada en 1985 para derogar la norma de 1972 recuperó en parte la vulneración de la “libertad ideológica” efectuada por la dictadura. Por lo tanto, establece que “el concepto de insubordinación es material e ideológicamente obsoleto, inaplicable, regresivo y represivo”.
Más allá de la discusión sobre la vigencia de la normativa, la circular de la dictadura había quedado en desuso en los últimos años, según explicaron a la diaria autoridades de la educación de gobiernos anteriores.
“Si te basás en una circular muy antigua, que se redactó en los tiempos de la dictadura y que probablemente todavía mantenga algunos elementos no derogados, pero cuya inmensa mayoría lo están y además está inspirada en la ‘ley de Sanguinetti’ de 1972 -que se usó durante toda la dictadura para destituir a docentes, perseguir a estudiantes o para obligarte a que te cortaras el pelo antes de entrar o medirte el largo de la pollera-, ahí hay una definición para justificar las acciones”, apuntó Mazzoni, y agregó que esa elección “tiene un contenido político”.
Tanto los docentes como los estudiantes seguirán reclamando por la restitución del director separado del cargo. Además de que los profesores del liceo se niegan a tomar el cargo que está vacante, desde ADES Montevideo definieron que ningún docente sindicalizado se presente a elegir el cargo, que fue llamado el jueves por la DGES. En suma, los docentes convocaron a las familias de los estudiantes a una instancia informativa el viernes, que debió desarrollarse afuera del liceo, ya que no les permitieron hacerla adentro. Según dijo a la prensa un vocero de las familias, esperan que Secundaria les responda por qué “se cortó” con “la voz” que tenían en el liceo y que mediaba entre las autoridades y los estudiantes. En suma, el vocero señaló que el año pasado el organismo no respondió ninguna de las notas enviadas por la asociación de padres y que esperan que esa actitud cambie en esta instancia.
Autoridades de la ANEP al Senado
Como habían anunciado el mismo día en que se conoció la decisión de Secundaria, los senadores del Frente Amplio convocaron a la Comisión de Educación y Cultura a las autoridades de la educación para que explicaran la medida, que consideraron “un atropello”. Dicha comparecencia finalmente ocurrirá el miércoles por la mañana.
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