La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) denunció ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) persecución sindical y tras un largo proceso en el que se recibieron las denuncias de los docentes y la respuesta por parte del Estado uruguayo, el Comité de Libertad Sindical de la OIT llegó a ciertas conclusiones.
En concreto, después de analizar la documentación de las partes, el comité tomó nota de la situación y expresó tres recomendaciones al Estado. El comité le pide al gobierno que “se asegure de la existencia de un equilibrio razonable entre la obligación de neutralidad política de los docentes públicos en el ámbito educativo” y “el derecho de las organizaciones de docentes a expresar sus opiniones sobre cuestiones económicas y sociales que puedan afectar a sus miembros y a poder difundir las mismas en el lugar de trabajo”.
El comité señala que se deberá tener en cuenta “la necesidad de no menoscabar la educación de los niños” y pide que “tome las eventuales acciones necesarias a este respecto”. Asimismo, pide al gobierno y a las organizaciones sindicales que se lo mantenga al tanto de los procesos que están en la Justicia.
Finalmente, el comité “expresa la firme esperanza” de que en Uruguay sea “a través del diálogo y de la negociación colectiva bipartita que se aborden y revisen, de considerarse necesario, las cuestiones relativas a la licencia sindical de los profesores de enseñanza secundaria en un clima de confianza, respeto y buena fe”.
Este último punto llega en referencia a las denuncias en el ámbito judicial que se generaron en el Parlamento luego de que se creara una comisión investigadora sobre las licencias sindicales de los docentes de Secundaria.
“Gran victoria”
Fenapes convocó una conferencia de prensa este viernes para presentar los resultados del informe de la OIT. José Olivera, su presidente, señaló que a su entender estas recomendaciones respaldan la posición del sindicato y constituyen una “gran victoria para el conjunto del movimiento sindical, que echa por tierra todos los supuestos jurídicos que se manejaron por parte de la administración a la hora de generar los distintos procesos disciplinarios, así como la propia comisión investigadora”.
Agregó que para el sindicato es importante que se reconozca el “carácter político de las organizaciones sindicales y el derecho a expresar sus opiniones en términos económicos y sociales”, y que es “deber del Estado garantizar ese ejercicio”. Para Olivera, “queda claramente demostrado que se ha violentado” esos derechos sindicales y que también se ha violentado al sindicato al “llevar a la órbita penal elementos que tienen que estar en el campo de la negociación colectiva”.
El presidente de Fenapes sostuvo que “el Estado uruguayo no puede mirar para el costado y debe hacerse cargo y responsable de ubicar rápidamente algunos ámbitos y algunas acciones que permitan corregir estas violaciones que en última instancia son violaciones a elementos tan centrales como la libertad de expresión, la libertad sindical, la acción sindical”.
En este sentido, adelantó que el sindicato está “definiendo en las próximas horas futuras acciones y reclamaciones que vamos a estar haciendo en el ámbito nacional e internacional, porque ahora hay que darles seguimiento a muchas de las recomendaciones” que hizo la OIT, “porque si no hay acción que corrija esta situación, obviamente se van a activar nuevos mecanismos de denuncias tanto en el plano nacional como internacional”.
Los antecedentes
Fenapes denunció ante la OIT, en diciembre de 2021, la “arremetida antisindical” que, según el sindicato, emprendió la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) contra los 14 profesores que posaron con un cartel con la leyenda “No a la reforma”, en alusión a la campaña de reforma constitucional que promovía en 2019 el nacionalista Jorge Larrañaga.
Los 14 profesores que posaron en la foto fueron sumariados con separación del cargo y retención de 50% de sus haberes, y a dos de ellos se les inició la destitución por entender que violaron el artículo 58 de la Constitución de la República, que prohíbe que los funcionarios públicos hagan proselitismo.
El otro gran asunto que entró en la investigación es el tema de las licencias sindicales. Se creó también en 2021 una comisión investigadora en el Parlamento para tratar las faltas de los docentes de sindicalizados en Secundaria. El asunto terminó en que, con rechazo del Frente Amplio, los diputados de la comisión enviaron lo actuado en la investigadora a Fiscalía, a la Junta de Transparencia y Ética Pública y a las autoridades de la educación.