La Organización Internacional del Trabajo (OIT) comenzó a dar trámite a la denuncia presentada por la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) en noviembre por la “política antisindical” que la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) “ejerció” contra docentes sindicalizados.

El escrito que presentó Fenapes, que consta de 34 páginas, denunciaba “una conducción política” de la DGES “tendiente a reprimir la libertad sindical”. En ese marco, señaló cinco casos concretos. Por un lado, la “represión antisindical con amenazas de despidos” contra docentes del liceo 1 de San José por el “ejercicio de actividades de naturaleza sindical”, en alusión a los 14 profesores que posaron con un cartel con la leyenda “No a la reforma” por la campaña de reforma constitucional que promovía en 2019 el nacionalista Jorge Larrañaga.

Esos profesores que posaron en la foto fueron sumariados con separación de cargo y retención de 50% de sus haberes y, previo a fin de año, se dio a conocer que tres de ellos habían sido notificados por la División de Jurídica de la DGES de que se pide su destitución por entender que violaron el artículo 58 de la Constitución de la República, que prohíbe que los funcionarios públicos hagan proselitismo.

Por otra parte, en la queja se refirieron a la investigación de Secundaria que es de “naturaleza disciplinaria” en el que se involucran dirigentes de Fenapes “por su participación en una actividad” con docentes del liceo de la localidad de Empalme Olmos de Canelones. Además, apuntaron también a la investigación, también de “naturaleza disciplinaria”, por el uso de la cartelera sindical por parte de los docentes del liceo 16 de Montevideo. Asimismo, señalaron “actos antisindicales tendientes a limitar y reprimir el uso de licencias sindicales” y, por último, el “desconocimiento” de la negociación colectiva e “injerencia” de la DGES en relación con la asociación de funcionarios no docentes de secundaria.

La directora general del Servicio de Libertad Sindical de la OIT, Karen Curtis, contestó este 17 de enero que la queja ya fue transmitida al gobierno “para que comunique tan pronto como sea posible sus observaciones”. “Una vez que haya sido recibida la respuesta del gobierno, el caso será examinado en cuanto al fondo por el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración”, apuntó en la carta.

No obstante, “tras un plazo razonable”, el comité dijo que se ve “obligado” a examinar este caso “aun en la hipótesis de que no se hayan recibido las observaciones”. En ese marco, la OIT dijo que Fenapes dispone de un mes para enviar informaciones complementarias en apoyo de la queja. “Es oportuno que se proporcione a la atención del Comité de Libertad Sindical toda la información sobre las eventuales acciones administrativas o judiciales planteadas en relación con los hechos denunciados, así como sus resultados”, señaló.

Curtis sostuvo que “sólo son admisibles” las nuevas informaciones que “no hubiesen podido ser enviadas anteriormente”. En ese sentido, el presidente de Fenapes, José Olivera, dijo a la diaria que el lunes van “a salir con una respuesta concreta” a algunos de los planteos que hace la OIT. Por último, la jerarca del organismo asentado en Ginebra pidió que ante la conclusión de algunos sumarios, se mantenga informada “a esta oficina acerca del resultado”.