Desde el miércoles pasado hasta el domingo 17 de setiembre, los maestros de educación primaria, de primera infancia y profesores de educación media pueden llenar un formulario que los habilita a realizar la Prueba de Reconocimiento Universitario de la Formación Docente por parte del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en diciembre de este año. De aprobar la evaluación, se les otorgará la certificación de Licenciado en Pedagogía.
El objetivo de que la formación docente tenga un carácter universitario data de tiempo atrás, cuando sobre la órbita del Parlamento estuvo la iniciativa de que se creara la Universidad de la Educación. La discusión no llegó a los acuerdos necesarios para una aprobación y el proyecto no prosperó. Sin embargo, el actual gobierno retomó la preocupación a través de la ley de urgente consideración y la promesa de que los docentes puedan acceder a un título universitario.
El miércoles, en tanto, el MEC anunció la concreción de lo prometido. Cuando la idea se puso sobre la mesa, varias posturas docentes y no docentes se alzaron en contra de la propuesta, bajo el argumento de que se trataba de un mero “título de cartón”. Y esta ocasión no fue la excepción.
“En primer lugar, lo que está claro, es que hay una subestimación por parte del MEC de lo que somos los docentes”, afirmó a la diaria Líber Romero, presidente del Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe). Para Emiliano Mandacen, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), “el primer elemento que queda claro es que no es un título universitario, es una acreditación en una prueba de conocimiento: está muy lejos de saldar el reclamo histórico de los docentes de la Universidad de la Educación, que propone una formación integral”, dijo a la diaria.
En una línea similar se manifestó Diego Silva, consejero docente del Consejo de Formación en Educación (CFE): para el educador social, el título “no tiene ningún efecto práctico que dé una mejora a la educación nacional” y, por tanto, un reconocimiento universitario. Para ello, dijo, “se tendría que desarrollar una institución universitaria”, una “institucionalidad” al proceso educativo.
Por otro lado, Pablo Martinis, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, afirmó que se trata de “una mala solución a un problema que es real, como la construcción de una formación docente de carácter universitario”. De acuerdo con el decano, la titulación “no soluciona, porque no interviene en el proceso de formación, sino que sólo establece un procedimiento evaluatorio”.
Asimismo, el jueves la Asamblea Técnico Docente (ATD) local del Instituto de Profesores Artigas (IPA) se pronunció al respecto: a través de una carta acordada a la que accedió la diaria y que está adquiriendo adhesiones de distintos institutos y docentes para hacerla pública, docentes manifestaron varios puntos para argumentar su desacuerdo y reivindicaron “el carácter universitario en el proceso de formación y no como un producto donde el Estado evalúa al Estado en su proceso de formación, pagando onerosos costos para realizarlo en lugar de invertir en una formación efectivamente universitaria”.
Puntos en cuestión
El primer eje manifestado por los docentes firmantes de la carta es que la acreditación del MEC comprende a tres de las cinco carreras que brinda el CFE, lo que genera “inequidades entre egresados en la propia interna del CFE”. A su vez, dieron cuenta de que los anuncios emitidos por las autoridades al dar inicio a las inscripciones evidenciaron “la imposibilidad del MEC de otorgar y/o registrar títulos como universitarios”, por lo que el MEC otorgará “una acreditación, a través de una recertificación de títulos docentes expedidos por el” Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que consideran como el “organismo con tal competencia constitucional”.
De esta forma, según la ATD local, los egresados del CFE pasan “por una prueba que desconoce los años de formación inicial que atravesaron para la obtención del título que los habilita a ejercer en todo el territorio nacional” y, en tanto, “no obtendrán a partir de la aprobación de esta prueba un título universitario”.
Por último, se detuvieron en que la prueba es elaborada por el Instituto Nacional de Evaluación Estadística (Ineed), con el apoyo técnico del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, y aseguraron que junto a otras consecuencias esta circunstancia “tendrá importantes costos para nuestro país”.
En ese marco, los docentes expresaron que “se pone de manifiesto el intervencionismo permanente del MEC de forma inconstitucional, así como el menoscabo de los cometidos de la ANEP” en cuanto a los “planes y programas”. También aseguraron que desconocen “la validez de una prueba contratada por el Ineed a una institución que evalúa a docentes con modelos de formación muy diferentes a los de Uruguay, en la medida que la certificación universitaria está exenta de la realización de algún trabajo intelectual, de producción académica, de aporte a la educación nacional”.
Asimismo, según la ATD, “se desinforma a la población señalando que ahora se reconoce el título para acceder a posgrados, omitiendo de manera intencional que desde hace décadas ‒y dado el prestigio que tiene la formación de maestros y profesores en Uruguay‒ todos pueden acceder a posgrados”. Por último, esgrimieron que a través de esta titulación “de ninguna manera se salda la deuda histórica con los docentes uruguayos, quienes reivindicamos la creación de una Universidad de la Educación”.
¿Qué significa un reconocimiento universitario?
Romero también hizo énfasis en el vínculo entre el MEC y la ANEP: para el presidente del Sidfe, “colocar una acreditación de un título universitario es una clara injerencia de lo que es el MEC en el ámbito de la ANEP”, y opinó que “obviamente la ANEP no protesta porque hace a la misma coalición de gobierno”. Sobre la participación de un ente extranjero en el proceso, esgrimió que confirma que “se busca la privatización y extranjerización de la enseñanza pública”. A propósito, señaló que actualmente en la Rendición de Cuentas se introduce la posibilidad de que el MEC revalide los títulos extranjeros docentes, lo que para Romero significa que la cartera intenta “desmantelar a la formación docente pública del país”.
En el orden de los sindicatos, Mandacen manifestó que detrás de la propuesta “hay todo un negocio montado”, que se relaciona con “la meritocracia” y que “poco tiene de formación”, como “la venta de posgrados y títulos de grado” hacia la Universidad ORT y la Universidad Católica del Uruguay, que para el secretario general de la Fenapes implica “una transferencia de fondos públicos hacia el sector privado”, de acuerdo a lo informado semanas atrás por el semanario Brecha.
Por otro lado, Martinis destacó que el reconocimiento universitario de la formación docente dista de lo establecido por el MEC. “Si uno solicitara, como en cualquier carrera universitaria, que para egresar o para reconocer un título se desarrollara un trabajo de investigación, o aunque sea un trabajo de tipo ensayístico que mostrara el manejo de ciertos contenidos teóricos y de ciertas herramientas de producción para el reconocimiento, esto podría ser razonable, pero no es lo que sucede”, aseguró. Para el decano, que no ocurra “es paradójico”, porque señaló que quienes ahora desarrollan esta iniciativa son quienes también en su momento criticaron la Universidad de la Educación, “en el entendido de que no se cambiaba nada en términos institucionales, y trae como resultado un procedimiento que es infinitamente de menor rigurosidad y calidad que lo que hubiera supuesto construir la Universidad”.
A su vez, resaltó que el MEC no estableció una “articulación con el sistema universitario y particularmente con el público”: ni con la Universidad de la República ni con la Universidad Tecnológica del Uruguay. En ese entendido, aseguró que se deja de lado “la posibilidad de que [participen] las universidades públicas del país que tienen la competencia para expedir títulos universitarios, según la Constitución y la ley, pero quedan por fuera, lo que es absolutamente incomprensible”.
Para el consejero docente del CFE, las lógicas de lo que sería hacer de la formación docente una formación universitaria también está alejada de la propuesta actual. Según Silva, “lo universitario no es un proceso de reconocimiento sino un proceso formativo, que fortalece el vínculo entre los profesionales de la educación con la producción de conocimiento”. En esa línea, señaló que lo importante es “organizar a los profesores con una lógica de estructura académica, dotar de tiempo, no sólo de dictar clases, sino de tiempo docente dedicado a la investigación, y fundamentalmente que eso no es una tarea de los profesores, sino que involucrar a los estudiantes en el proceso formativo en actividades que tienen que ver con la producción de conocimiento”, como los proyectos de investigación y extensión.
Sin embargo, Silva asegura que el reconocimiento establecido por el MEC, “a partir de una prueba de un sistema cerrado, de siete horas, centrado en competencias básicas, se parece mucho más a una evaluación de las capacidades de los docentes que a una certificación de carácter universitario”. Para Silva, aun así, el tema “ya está saldado”, dado que “la ANEP casi que reproduce los compromisos políticos de la coalición multicolor y no va a tener un rol ni una actitud crítica con la propuesta públicamente”. Romero, en tanto, esgrimió que los sindicatos de la educación han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de la Universidad de la Educación en el marco del Congreso del Pueblo, porque “debería ser parte del proyecto de cualquier gobierno: formar y tener a los mejores docentes posibles”.