En la actual gestión de gobierno se llevaron adelante varios cambios en la gobernanza y las políticas educativas. En particular, 2023 estuvo marcado por la implementación de cambios curriculares en los tramos que van de la educación inicial a segundo de escuela y en el ciclo básico de la educación media. Además, en el tramo final del año se aprobaron los programas restantes para primaria y el nuevo plan para bachillerato. En su última sesión del año, el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) terminó de aprobar el reglamento de evaluación y los programas de primer año de bachillerato, que es el grado que se comenzará a aplicar en marzo.
Todo el proceso tuvo la oposición y la crítica de los dos consejeros electos por los docentes en el Codicen, Julián Mazzoni y Daysi Iglesias, que con distintos argumentos han planteado su desacuerdo con la forma y el contenido de la reforma. En diálogo con la diaria, Iglesias cuestionó los dos supuestos centrales de la transformación: la pretendida innovación con una “articulación programática por competencias” y otra a nivel metodológico, con el impulso de las llamadas “metodologías activas”.
La consejera, quien se ha manifestado a favor de un currículo mixto, que combine el desarrollo de contenidos y competencias, señaló que el enfoque priorizado por la ANEP no es nuevo en el país. De hecho, dijo que este tipo de propuestas llegaron a Uruguay “en la mitad del siglo pasado, particularmente a nivel de la formación de maestros”, con la gran influencia de la obra del pedagogo Jean Piaget. Sobre algunos referentes nacionales en su desarrollo, nombró a Agustín Ferreiro, Carlos Vaz Ferreira y Clemente Estable.
Iglesias aseguró que Uruguay “no sólo estaba actualizado” en metodologías activas, sino que también “venía gente del extranjero a formarse”, concretamente en el antiguo instituto magisterial superior. “Siempre fuimos pioneros en esa materia, lo cual no significa decir que no tuviéramos y aún tengamos problemas en materia educativa”, indicó.
Además, planteó que en el caso de la enseñanza técnica el enfoque de competencias también es de larga data, ya que se trabaja en la formación manual y en talleres, y lo situó al menos en el desarrollo de la obra de Pedro Figari al respecto. Según agregó, mientras se discutían los cambios curriculares unas docentes le hicieron llegar los anteriores programas de Idioma Español de Secundaria, que fijaban esta línea de trabajo, por ejemplo, al plantear el desarrollo del pensamiento reflexivo en los estudiantes.
A medias
Según analizó, si bien en un momento inicial la reforma curricular apostó por el enfoque de competencias, en la apertura de documentos para su discusión pública y en ámbitos técnicos dicho enfoque “empezó a mezclarse con la recuperación de contenidos disciplinares”, algo que vio más marcadamente en los últimos programas aprobados. Si bien aclaró que “los programas por competencias también tienen contenidos disciplinares”, en esos casos “la lógica que los articula no es la de la disciplina, sino de la oportunidad”, es decir, se desarrollan una vez que aparece un tema o problema que lo requiere.
En suma, sostuvo que, con una marcada influencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los programas por competencias están en los sistemas educativos europeos desde hace tiempo y, justamente, actualmente muchos países están dando marcha atrás o están en proceso de hacerlo. Como ejemplos, la consejera nombró a Escocia, donde se creó un movimiento de docentes y familias pidiendo cambios, pero también en Finlandia y España, donde se debate sobre su pertinencia. “Irrumpe muchas veces una moda competencial basada sobre todo en el desarrollo de habilidades y destrezas para resolver situaciones prácticas que barre con el sedimento y con las disciplinas”, explicó Iglesias sobre las críticas, que comparte.
En una línea similar, se mostró crítica con la flexibilización de los requisitos para el pasaje de grado y dijo que “la no repetición fue una tendencia mundial”, pero algunas investigaciones mexicanas ya hablan de “los efectos perjudiciales que tuvo” esa política. “En el terreno de la educación es muy fácil hablar y a veces es muy complicado leer”, cuestionó.
Sobre la implementación de los cambios curriculares el año pasado, la consejera docente dijo que “planificar por competencias es complejo” y se requiere formación para hacerlo. Si bien ANEP ha dado cursos de formación para docentes en esa línea (ver recuadro), los consideró “muy desenfocados” y planteó que “se ha caído en recetarios”. “Eso no ayuda, sólo confunde al docente y lo hace dudar de lo que sabe hacer bien. No le ayuda a avanzar ni a mejorar su trayecto, sino que lo desestabiliza”, criticó, y agregó que esa situación tiene “muy menguados correlatos en el saber hacer” de quienes están en el diseño. “Si no sabés orientar correctamente el aspecto didáctico de los currículos competenciales, es seguramente porque no lo tienes claro, si no, lo harías bien”, resumió.
Las formas
La integrante del Codicen considera que los docentes han sido “subestimados” por distintas acciones que tomó el gobierno y, según planteó, el aspecto que tuvo más incidencia en el malestar docente es la falta de consulta hacia ellos en todo el proceso de reforma. “La imagen que se le devolvió al docente sobre el valor de su opinión fue muy empobrecida.
Si paso un año y medio diseñando algo, no puedo dártelo para que lo discutas un día en [la Asamblea Técnico Docente en] la escuela, el liceo o la escuela técnica y luego cuatro días los delegados a nivel nacional. Eso no es participación, tiene nombre en la teoría, es participación de baja intensidad: cumplimos el requisito burocrático formal, pero no hay participación real”, sentenció.
Por su parte, otra de las acciones que Iglesias colocó en esa misma subestimación es el mecanismo por el que se definió dar reconocimiento universitario a los títulos docentes. “Que después de titulado alguien tenga que pasar por una prueba sigue siendo inexplicable”, consideró. Por su parte, si bien hubo 6.400 docentes que fueron a dar la prueba para obtener el reconocimiento universitario, analizó que “seguramente lo hicieron con la mejor buena voluntad y porque es lo que el sistema oferta, pero no porque vayan 6.400 personas el mecanismo es bueno”.
Además, la consejera consideró como “muy triste” que en la última Rendición de Cuentas no se hayan votado fondos para un aumento salarial para los docentes, ya que los incrementos recibidos son únicamente para recuperar el salario perdido desde 2020, lo que en teoría se logrará en 2025. Según agregó, ello implica que los profesionales de la educación no recibirán un aumento al menos hasta 2026, algo que “no es una buena señal de reconocimiento”.
Según valoró, los países que obtienen mejores resultados educativos “son aquellos que empezaron por donde siempre hay que empezar: la condición docente”. Al respecto, agregó que maestros y profesores son quienes “definen el tránsito del sistema educativo” y si esos profesionales son “desatendidos”, “reciben mensajes de subestimación o no continúan su progresión de mejora salarial, seguramente no se esté trabajando por la mejora educativa”. “Se estará trabajando por aspectos de presentación pública o de debates propagandísticos, pero no por la mejora de la educación pública”, concluyó.
Problemas de gestión
Según la consejera docente, en ANEP la gestión “sigue siendo pesadamente burocrática”. Si bien considera que “el funcionamiento institucional está basado en la función burocrática y que los trámites y los procedimientos son necesarios para dar garantías a todos”, se refiere a que existe un “enlentecimiento” innecesario de los procesos. Como ejemplo, nombró el retraso en la elección de horas docentes en Secundaria, que de forma inédita en muchos años comenzará en febrero. Al respecto, explicó que más allá de las complejidades que eso puede traer en las elecciones de horas en otros subsistemas y en la “inestabilidad” del trabajo de los profesores, dificultará el comienzo de cursos, ya que una vez que los docentes asumen en un liceo luego se deben armar los horarios.
Pese a ser crítica con la gestión de ANEP, Iglesias reconoció como positivo que existan concursos en Secundaria, lo que es un mérito “de la autoridad que recogió la idea, pero también del sindicato de profesores”, que plantea el tema desde hace tiempo, según recordó.
En suma, también vio con buenos ojos que la Dirección General de Educación Inicial y Primaria haya hecho recientemente una rendición pública del servicio comedores escolares, porque, según valoró, ello “te muestra dónde tenés luces y dónde tenés sombras”. Sobre estas últimas, Iglesias se mostró sorprendida por la reciente presentación de investigaciones que muestran que un porcentaje importante de adolescentes no come todos los días. Por ejemplo, se refirió al 7% de los estudiantes de Secundaria que en el último estudio de PISA manifestaron que pasaron un día sin comer, número que se duplicaba en alumnos de UTU.
Por lo tanto, entendió que el sistema educativo “tiene un problema en la extensión del servicio de comedores escolares a la educación media”. Al respecto, si bien dijo que dicha extensión se ha logrado en algunos casos, lamentó que ello implicó que se sobrecargaran las tareas de los auxiliares de servicio de las escuelas públicas, ya que no se previeron más funcionarios para hacerlo.
De consejos a direcciones unipersonales
La integrante del Codicen lamentó que estos problemas de “burocracia pesada” afectan derechos de los trabajadores del sistema, lo que, entendió, “no es una cosa banal” y, por ello, junto a Mazzoni han “estado detrás” de la resolución de múltiples problemas. Si bien durante el debate de la ley de urgente consideración (LUC) el gobierno planteó que el pasaje de consejos colegiados a direcciones generales unipersonales en UTU, Primaria y Secundaria agilizaría la gestión en esos subsistemas, desde la práctica Iglesias afirma que ello “es falso”.
Si bien dijo tener claro que dicho cambio de gobernanza fue ratificado por la ciudadanía en el referéndum contra 135 artículos de la LUC realizado en marzo de 2022, la consejera se mostró crítica con el cambio. En primer lugar, valoró que “haber hecho desaparecer un órgano colegiado es un retroceso”, porque una dirección unipersonal “es una administración de menor entidad que un órgano colegiado”. En suma, entendió que si los consejos colegiados y con representación docente se hubieran mantenido la ANEP se hubiera “evitado muchos problemas”. “Al eliminar los colegiados también se elimina el justo debate, en el que muchas veces reencausamos posiciones, escuchamos argumentos o nos damos cuenta que vamos a cometer un error”, argumentó.
Por ejemplo, y si bien después de un cambio de autoridades consideró que el funcionamiento está siendo “más armónico”, planteó que en la DGEIP se dio un “funcionamiento sumamente confuso”. En concreto, mencionó que se llegó al punto de “olvidarse de que había una circular para comenzar determinado tipo de trabajo y no querer pagarle a la gente que lo había realizado diciendo que se había resuelto otra cosa”.
Resolución “confusa” sobre cursos de la reforma
La consejera docente también se mostró crítica con la resolución que tomó el Codicen para determinar de qué manera se verían afectados los docentes que no hagan los cursos de formación de la reforma curricular. Según valoró, la resolución, que “no es clara”, establece que dichos cursos son obligatorios y que afectarán a los docentes en la antigüedad calificada. Iglesias contó que se han generado confusiones y “dramas” al respecto, como un mensaje erróneo que circuló entre docentes, por el que se planteaba que si no se habían realizado los cursos al 31 de diciembre, los funcionarios se quedaban sin calificación anual o incluso se les sacaría el grado alcanzado. Según la consejera, que aseguró que “nadie se va a quedar sin calificación y sin grado”, ello fue posibilitado por “una circular mal redactada”, ya que, si el texto fuera claro, no se habría dado lugar a confusiones.