2023 fue un año de conflictos e investigaciones para el liceo IAVA. Además de la apertura de un sumario al director del centro educativo, que desembocó en la retención de la mitad de su sueldo y el apartamiento de su cargo, la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) abrió otra investigación que transcurrió durante casi todo el año: a docentes y funcionarios que estuvieron presentes en el centro educativo el 31 de marzo.
Ese día, en medio de protestas estudiantiles por la tenencia del salón gremial y la denuncia de los profesores sindicalizados que aseguraba que el exdirector del centro, Leonardo Ruidíaz, fue “amenazado” por la inspección de la DGES para que le retirara el salón gremial al Gremio Estudiantil del IAVA (GEI), Secundaria envió al liceo una carta, firmada por la directora general, Jenifer Cherro, que solicitaba la desocupación del centro educativo por parte de estudiantes y docentes.
Sin embargo, estudiantes y docentes negaron que el centro estuviera ocupado. Ese mismo día, las inspectoras aseguraron estar “retenidas”. Sin embargo, tanto estudiantes como docentes sostuvieron que se encerraron solas, que les pidieron que salieran y que ellos sólo buscaron el diálogo.
Finalmente, las peripecias de contraposiciones tuvieron su veredicto final: según el expediente de la DGES, al que accedió la diaria, respecto de “lo actuado por el gremio docente” el 31 de marzo de 2023 “en el marco del paro docente activo, de la instrucción no surge funcionario imputado de falta alguna, por lo que al respecto sugiere la clausura del expediente”.
Asimismo, resolvió “exhortar al núcleo sindical docente (si bien hicieron uso de un derecho sindical) a no adoptar medidas que afecten el servicio y perjudiquen las trayectorias educativas”, en referencia a la toma de medidas de lucha como la paralización.
“No hay prueba”
27 de 28 personas interrogadas sobre lo ocurrido ese día “afirmaron la existencia de una situación que podría calificarse de normalidad, donde era posible el dictado de clases”, aunque afirmaron que se pudo concluir la existencia de un “incumplimiento de algunos estudiantes agremiados” de diversas normativas, y “en especial a lo dispuesto por el Estatuto del Estudiante de Educación Media en cuanto a ‘la conservación de los bienes’”.
De acuerdo al expediente de la DGES, los testimonios recogidos “van en un sentido totalmente diferente al acta y lo que en ella se relata por parte de los Inspectores”, por lo que, ante los hechos del 31 de marzo, en el acta “surge responsabilidad de diferentes integrantes del gremio docente, pero de la instrucción no”.
“Que se dictaron clases con normalidad”, “que se podían dictar” y que “quien quiso pudo hacerlo” fueron algunos de los testimonios relevados. En resumen, la DGES afirmó que “no es posible probar los hechos de otra forma que no sea por el testimonio de funcionarios que asistieron ese día al liceo” y, en ese marco, concluyeron que “no hay prueba dentro del expediente que respalde lo afirmado por el cuerpo inspectivo, al menos con la gravedad descripta”.
Si bien probaron que ese día la jornada fue “calificada” de “paro activo” y que eso implicó que quienes se adhirieron no dictaron las clases, “la ausencia de una reglamentación clara en todo lo que refiere a la actividad gremial, más tal calificación a lo realizado ese día por parte del núcleo sindical y otros docente agremiados, en los hechos desvanece cualquier eventual imputación de responsabilidad concreta a funcionario alguno”.
“Diálogo, cuidado y conservación de los bienes”
El expediente también abordó el accionar del gremio estudiantil el 31 de marzo. Al contrario de lo resuelto respecto de los docentes, encontraron culpabilidad y ampararon a las autoridades por su accionar.
“Resulta claro”, para la DGES, que “no existe normativa que ampare la existencia de un espacio reservado al gremio estudiantil en exclusividad y del que puedan disponer libremente”. Con relación a esto, se refirieron al artículo 55 de la Ley de Educación, en el que se dispone que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) “tiene la administración de sus bienes y los destinados a las Direcciones Generales corresponde a su Director General”.
Para la DGES, este punto “legitima la decisión de la autoridad de solicitar desalojar el espacio destinado a ‘salón gremial’”. Asimismo, a partir de “las actas labradas”, constataron que el estado del salón era de “deterioro” y, en consecuencia, aseguraron que “la responsabilidad” por tolerar “tal estado” es de “la Dirección liceal actual y las anteriores y hasta las Inspecciones supervisoras del Centro de Estudios”.
En este marco, señalaron que “de la instrucción practicada resultó probado el apartamiento de algunos estudiantes del gremio de la normativa que regula su comportamiento dentro del liceo y las responsabilidades que deben asumir”, en concreto, en las referidas a “la conservación de los bienes” del Estatuto antes mencionado y “en cuanto a no reconocer las Jerarquías legítimamente constituidas”.
Es así que, puntualmente, “en virtud de que de la instrucción se desprende la existencia de afectación al servicio por parte de los alumnos al no conservar el bien de forma correcta y vandalizarlo”, la DGES sugirió que las autoridades del centro educativo convoquen al Consejo Asesor Pedagógico (CAP) y apuesten “al diálogo, cuidado y conservación de los bienes”. A su vez, exhortaron a la dirección del liceo “a velar para que estas conductas no se repitan”. Por último, dieron “por concluida la presente investigación administrativa”.
La visión sindical
Lo resuelto por la DGES no fue visto con buenos ojos por el núcleo sindical del IAVA de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo. Irene Taño, una de las docentes integrantes, manifestó, en primer lugar, la preocupación por la fecha en que data el expediente: 10 de octubre de 2023. La disconformidad recae en que la información de la resolución les llegó recién este mes.
Por otro lado, respecto de lo resuelto sobre los docentes, aseguró que acceder al documento les permite “tener vista del expediente”, ya que, de acuerdo a Taño, “los diez docentes no sabemos de qué se nos acusa”. Asimismo, aseguró que “no deja de sorprender la exhortación” de que no tomen “medidas que afecten el servicio y perjudiquen las trayectorias educativas”. “La exhortación es improcedente, pero lógica en la línea de las autoridades”, sentenció.
Sobre lo resuelto ante el accionar del GEI, la docente manifestó que “es terrible el análisis e interpretación que la DGES hace de los derechos de los estudiantes”. “¿Cómo pueden interpretar que los derechos gremiales están supeditados a la conveniencia o parecer de ‘autoridades’ institucionales?”, se preguntó. Asimismo, cuestionó la adjetivación del estado del salón gremial e interpretó que la visión de la DGES desconoce “la libertad de expresión” y que “‘patrimonio’ es derecho y es uso: no es muro blanco”.
Por último, resaltó que junto con el abogado del sindicato están analizando la resolución y verán “qué medidas tomar”. Mientras tanto, recordó que continúa en curso –y que fue ampliada a fines de diciembre– la denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo “por persecución, atentar contra derechos de estudiantes y trabajadores y violentar el derecho a la educación”.