A mediados de diciembre, Jurídica de Primaria llegó a una decisión final ante el sumario que se abrió luego de que una maestra y la directora de la escuela 35 de Montevideo leyeran una proclama sindical en el centro educativo: sancionarlas con 30 días de suspensión, además de retener sus haberes.
La resolución fue rechazada por la Asociación de Maestras del Uruguay (Ademu) de Montevideo, no sólo estrictamente por la sanción, sino también por dos concretas razones más: que la resolución fue comunicada a las maestras en cuestión tiempo más tarde, el 8 de enero, durante sus licencias, y que utilizaron “un concepto perimido de ‘neutralidad’ (Legislación Escolar, año 1952) para cercenar el derecho a la expresión”, según manifestaron en un comunicado días después de recibir la noticia.
En ese entonces también anunciaron la posibilidad de tomar una medida de paro en marzo, si la situación continuaba incambiada. A días de que las clases comiencen, la medida está a punto de resolverse. Según esgrimió a la diaria Alfonso Larraya, secretario general de la Ademu Montevideo, durante el miércoles y jueves recorrieron las distintas escuelas de Montevideo para hacerles llegar una nómina con la moción a considerar: la realización de un paro de 24 horas para el martes 5 en la zona oeste de la capital, y que luego tenga lugar en dos zonas más: el miércoles 6 en el centro y el jueves 7 en el este del departamento.
Hasta este viernes a las 18.00 continuarán llegando las planillas y prevén tener la resolución final para las 20.00. Las opciones: votar negativo, afirmativo o abstenerse. “Como es norma en nuestra filial, usamos el mecanismo más democrático que hemos construido. Está la asamblea, pero en esta época del año siempre tenemos problemas de quórum”, explicó Larraya.
Por esa razón, utilizaron este mecanismo, que, según especificó, “involucra a 4.000 maestros en un sindicato que tiene alrededor de 5.000 afiliados”. Para el sindicalista, “es muy alto el grado de participación” y, según han observado en esta consulta, va a tener “un récord de votación”.
¿Marcha atrás?
Larraya explicitó que no se trata de un paro de 72 horas, sino que la paralización de 24 horas “se hace en diferentes lugares, con la idea de generar actividades en la zona para difundir la situación que están viviendo las compañeras de la escuela 35”. El fin: “Que rinda mucho más tiempo para estar en agenda y poder explicar de forma clara a las comunidades educativas, a las familias y a la población en general”.
Una de las preocupaciones actuales del sindicato es que la sanción continúa hasta mediados de marzo y, por lo tanto, ni la maestra ni la directora podrían estar en sus funciones para los primeros días de clase. A pesar de que van a tener suplencia, Larraya señaló que el hecho de que una de las sancionadas sea la directora “complejiza más aún la organización del año, las inscripciones y demás”.
La maestra, además, es de primer año, y para Larraya eso “también genera muchos inconvenientes, porque las primeras semanas son bien de establecer rutinas, pautas de trabajo”. En relación con esto, especificó que la escuela en la que trabaja “es de tiempo completo, funciona con modalidad de talleres, entonces, estos días son importantísimos para la planificación y puesta en marcha de todo lo que tiene que ver con lo curricular”.
“Hemos tenido contacto con las familias de la escuela, la comisión de fomento, estamos planificando una reunión con ellas para informar de primera mano. Existe mucho malestar”, continuó. Es que el sindicato considera que “hay muchísima mala fe” en la resolución tomada, ya que consideran que “no es un proceso normal de sumario ante una compañera que cometió una falta, sino que es una persecución que busca amedrentar y generar un clima de miedo en los docentes, cosa que con el paro y las actividades que pensamos hacer queremos revertir”.
En caso de que gran parte de los afiliados voten afirmativamente la moción, puede caber la posibilidad de que den marcha atrás en la realización del paro. Para ello, Larraya dijo que tiene que haber una rectificación de la sanción. “Si la sanción se quita, el paro se desactiva inmediatamente, porque lo que se pretende es que se recapacite con respecto a la sanción aplicada y a los considerandos que llevan a esta, que todo el sindicato ha levantado desde el punto de vista jurídico y administrativo”, apuntó.
El pedido para retroceder en la sanción fue realizado ante la Dirección General de Educación Inicial y Primaria y si dicho organismo responde negativamente o no da una contestación en un plazo de 60 días, el tema pasa al Consejo Directivo Central (Codicen). Mientras la Administración Nacional de Educación Pública procesa el tema, dijo, “hay compañeras que están 30 días sin cobrar y apartadas de sus cargos, cuando no violaron ninguna reglamentación vigente, entonces, es muy grave lo que está sucediendo”, finalizó.