En los primeros días de enero entró al Parlamento el proyecto de ley para crear una Universidad de la Educación (Uned) que había sido presentado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a fines de julio. El trámite del proyecto se había enlentecido en la órbita de Presidencia de la República, pero finalmente llegó al Poder Legislativo para que, tal como estaba previsto, el texto comience a ser tratado por los parlamentarios en marzo.
El texto prevé que la actual institucionalidad del Consejo de Formación en Educación (CFE), que funciona dentro de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), pase a ser la nueva universidad, con la transformación de algunos de sus ámbitos de gestión y conducción. Por ejemplo, se plantea que el consejo directivo de la Uned esté formado por dos estudiantes, dos egresados y tres docentes, uno de los cuales sería el rector. Respecto de este último, se plantea que su elección esté a cargo de la Asamblea Nacional, que estaría compuesta por 18 miembros del orden docente, 12 del orden estudiantil y 12 del orden de egresados.
En diálogo con la diaria, Walter Fernández Val, presidente del CFE, dijo que desde el organismo están “muy esperanzados” de que el proyecto se convierta en ley. “La esperanza no como utopía, sino como la posibilidad real de la condición humana de cambiar las cuestiones materiales”, completó.
Según dijo, el CFE viene de “un devenir histórico” que permitió “la acumulación de masa crítica en conocimiento, en la formación de docentes y en capacidad de gestión”. Fernández Val resumió que el organismo cuenta con 27.000 estudiantes –actualmente terciarios, no universitarios– y 33 centros con dos anexos distribuidos por todo el país. En ese sentido, planteó que “si esta universidad viera la luz, en cada departamento existiría al menos un centro o instituto de carácter universitario”, dijo, en referencia a los institutos y centros de formación en educación del CFE.
Fernández Val sostuvo que la institución que preside es “la base material y académica para conformar la futura universidad en un claro ejemplo de descentralización”, pero con “una forma de creación distinta de la Universidad Tecnológica y, por supuesto, de la Universidad de la República”.
No obstante, recordó que la Constitución de la República establece que para crear un nuevo ente autónomo es necesario llegar a dos tercios de los votos del total de ambas cámaras, disposición que “obliga a que existan acuerdos nacionales”, más allá de la voluntad de un único partido político. En ese sentido, el jerarca consideró que el MEC “presentó un proyecto que tiene que ser enriquecido en el debate parlamentario” para lograr el mencionado acuerdo.
Fernández Val señaló que desde el CFE han recorrido el interior y se han reunido con distintos actores políticos locales, entre ellos intendentes, y “en todos ellos hay una visión positiva de crear una tercera universidad pública”. “Esta visión debe permear de alguna manera a los legisladores de todos los partidos para que se considere la educación como una tarea de todos”, sostuvo, y agregó que los consensos nacionales en educación no son nuevos en Uruguay. Como ejemplos, mencionó el caso de la UTEC y también la continuidad en el tiempo de Ceibal, que ha trascendido a gobiernos de distintos partidos. Por tanto, valoró que el tercer proyecto que fue presentado para la creación de la Uned tiene posibilidades de llegar a buen puerto.
Consultado al respecto, reconoció que la posibilidad de que la Uned mantenga un cogobierno como el que plantea el proyecto de ley es “el nudo gordiano”, y en ese tema se centrará el debate parlamentario. En ese sentido, señaló que el punto de partida es la actual conformación del CFE, que cuenta con tres consejeros designados políticamente, uno electo por los docentes del organismo y otro votado por los estudiantes.
Fernández Val entendió que “ese es el punto que debe ser negociado” para la creación del nuevo ente, que es “el objetivo estratégico” del actual período de gobierno, ya que sería un paso “histórico” para el país. Según completó, esto no debe hacerse “bajo cualquier condición”, pero “sí con una base de cogobierno que podrá ser mejorado o no, según lo que resulte del debate parlamentario”.