El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) firmaron un convenio de cooperación, con el objetivo de evaluar los programas educativos dirigidos a adolescentes y jóvenes que cumplen medidas judiciales. Según se informó desde el Ineed, el acuerdo tiene como objetivo “generar insumos técnicos y recomendaciones que permitan mejorar la calidad de las propuestas de enseñanza y acompañar de mejor manera sus trayectorias formativas”.
Hasta el momento, el Inisa tiene varios programas educativos, que abarcan desde educación formal, con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) -concretamente, con la UTU y Secundaria-, hasta propuestas de talleres con diversas instituciones como Ceibal, la Secretaría Nacional del Deporte, la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático o un club de canotaje de Santiago Vázquez.
Uno de los datos que más preocupa a las autoridades del Inisa fue comentado el jueves durante la firma del convenio con el Ineed, y consiste en el porcentaje de culminación del ciclo básico, que va hasta noveno grado -antes tercer año de liceo o UTU-. Según señaló el presidente del instituto, Jaime Saavedra, 85% de los jóvenes y adolescentes que están bajo el amparo del Inisa no tienen aprobado ese nivel educativo. Saavedra indicó que ese dato se desprende de un censo que realizó el instituto por medio de Equipos Consultores y que se va a presentar en abril.
Según el jerarca, es un dato “insólito” y “aterrador” en un país de las dimensiones y las características de Uruguay, y muestra que “está severamente comprometido” cualquier intento de reinserción social de quienes están en esa situación. Además, sostuvo que 40% de los internos del Inisa son mayores y, por lo tanto, están en la edad teórica de finalización de la educación media superior.
Saavedra agregó que “otro dato más aterrador” es que el porcentaje de internos que no tenía ciclo básico culminado era “exactamente el mismo” hace diez años. “En diez años como país no pudimos mover ni una décima”, dijo. El jerarca planteó la necesidad de “perforar” esa situación. Consideró que la medición de la situación actual es fundamental, y que muchas veces el nivel de logro que los adolescentes tienen en el sistema educativo no se corresponde con sus habilidades y, por lo tanto, hay una distancia que dificulta encarar procesos educativos y de capacitación.
Según adelantó el presidente del Inisa, el 17 de abril se firmará otro acuerdo con la ANEP, en ese caso para el abordaje educativo de adolescentes que “están penados por la Justicia, pero no están privados de libertad” por tener medidas alternativas. De acuerdo con datos divulgados por el semanario Búsqueda, en mayo de 2025 el Inisa tenía unos 800 adolescentes y jóvenes a cargo, 414 con medidas alternativas y 376 privados de libertad.
En la firma del acuerdo, el presidente del Ineed, Martin Pasturino, agradeció al Inisa por la confianza en el instituto dedicado a evaluar el accionar del sistema educativo, y manifestó su intención de “dar una mano” y de hacer converger los esfuerzos de las instituciones públicas, también en materia de recursos.
La situación educativa en el Inisa
La firma del convenio se dio pocas horas antes de que ocurriera un nuevo motín con intento de fuga en uno de los centros del Inisa y unos días después de que se registrara un episodio similar en el mismo centro, ubicado en Bulevar Artigas y Cufré. Saavedra planteó que ese tipo de episodios, a los que definió como “dolorosos” y como “parte de la vida cotidiana” en el instituto, no tienen “ni la décima importancia” de lo que tiene la firma del convenio con el Ineed.
Precisamente, las dinámicas del propio sistema de reclusión muchas veces terminan siendo un impedimento para que los adolescentes y jóvenes privados de libertad puedan desarrollar sus estudios a través de los programas que la institución tiene con Secundaria y UTU.
Según datos de 2024 a los que accedió la diaria, de 160 días lectivos que hubo ese año, solo en nueve días los profesores de secundaria tuvieron a los adolescentes en la totalidad del horario de clase. El resto de los días está marcado por llegadas tarde o ausencias de los adolescentes, que deben ser trasladados a clase por encontrarse privados de libertad. Algunas llegadas tarde son de media hora, cuando la hora de clase es de 60 minutos. En cuanto a la no concurrencia a clase, hubo 40 días en los que al menos uno de los grupos de adolescentes que debía concurrir no llegó a clase.