El Consejo Directivo Central (CDC) aprobó este martes un documento que establece “principios rectores” para el uso de inteligencia artificial (IA) en la Universidad de la República (Udelar). Se trata de una serie de lineamientos elaborados por un grupo de trabajo que fue encomendado por el organismo y trabajó a partir del intercambio con organismos nacionales, como Ceibal, y también internacionales, como la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, y del análisis de iniciativas internas de la Udelar, como unas pautas aprobadas por la Facultad de Ingeniería.
El documento, al que accedió la diaria, tiene el objetivo de “orientar el desarrollo, la adopción y el uso responsable de tecnologías basadas en IA en las funciones sustantivas de enseñanza, investigación, extensión y gestión institucional”. Respecto de la política de IA en una universidad como la Udelar, establece que “debe consolidarse como un instrumento estratégico de transformación institucional, que combine innovación tecnológica con principios éticos, equidad social y sostenibilidad”.
De acuerdo con el texto, el avance de la IA es “uno de los desarrollos tecnológicos más significativos de la actualidad, con un impacto creciente en todas las áreas del conocimiento y de la vida social”. En el entendido de que la herramienta da la posibilidad de “potenciar las capacidades humanas y de contribuir a la mejora de los procesos académicos y administrativos”, se plantea que “la Udelar promoverá su utilización como instrumento al servicio del interés general y de la persona humana, de manera ética, transparente y equitativa”. Además, se plantea la necesidad de asegurar que “sus beneficios alcancen a toda la comunidad universitaria y que su empleo respete los principios de soberanía tecnológica, seguridad de la información y protección de los derechos individuales y colectivos”.
Principios de la Udelar sobre uso de IA plantean necesidad de mantener la centralidad en las personas
El primero de los principios rectores aprobados por el CDC es el de “interés general y centralidad de la persona humana”. En concreto, esto se traduce en la promoción del “acceso equitativo al conocimiento, la reducción de desigualdades y el aporte a la sociedad”. “En este marco, la adopción de herramientas tecnológicas requiere una evaluación crítica de su impacto, resguardando la soberanía y la autonomía institucional, garantizando condiciones de transparencia, explicabilidad y rendición de cuentas en todos los usos que puedan afectar a la comunidad universitaria”, agrega el documento.
Se marca también la necesidad de “preservar la centralidad de las personas en los procesos educativos, de investigación, de extensión y de gestión, evitando toda forma de deshumanización”. Al respecto, se señala que la IA debe ser visualizada como una herramienta de apoyo “que no sustituye el juicio académico, el vínculo pedagógico ni el desarrollo del pensamiento crítico”. Por lo tanto, “se prioriza la intervención humana en decisiones relevantes” de la vida institucional y el cuidado de las trayectorias académicas.
El segundo de los principios es el de “equidad y no discriminación”, por el que el uso de la IA “debe adoptar un enfoque inclusivo, garantizar condiciones de acceso democrático” y evitar la profundización de brechas digitales entre los actores de la institución. Según completa el documento, eso implica no solo poner a disposición las herramientas tecnológicas, sino también formar para su uso “crítico y efectivo” y evitar “ventajas indebidas” en función de la condición socioeconómica, el tramo etario y la disciplina de la que se trate.
El tercer principio rector aprobado en la Udelar es el de “transparencia y explicabilidad”, que sostiene que, cuando sea posible y pertinente, las herramientas de IA deberán explicar cómo y por qué generan sus resultados, de forma proporcional al impacto y los riesgos de su utilización. Por su parte, dicho principio sostiene que en aras de un mayor acceso a la información, “se promoverá, en la medida de lo posible, el uso de software abierto, documentación accesible y prácticas de ciencia abierta que faciliten la revisión, auditoría y reproducibilidad de los resultados”.
Además, el documento establece que el uso de IA debe ser “informado de manera clara” y que las decisiones que se tomen con apoyo de ese tipo de plataformas deben ser “acompañadas de información suficiente que permita su comprensión, revisión y eventual impugnación”, en particular aquellas que impliquen evaluaciones académicas, asignación de recursos u otras posibles afectaciones de derechos.
El cuarto principio rector es el de “autonomía académica y de gestión” y apunta a que esas herramientas sean utilizadas con control humano. En particular, se señala que “nunca deben reemplazar los procesos de deliberación del cogobierno” ni tampoco “el juicio y la decisión humana en procesos de enseñanza, investigación, extensión” y gestión universitaria.
Preocupación por resguardo de datos personales, uso ético y la generación de capacidades propias en la Udelar
Otro de los principios mandata a la Udelar a velar por el “derecho a la intimidad, protección de datos personales y derechos de autor”, en línea con la normativa vigente en Uruguay. Se establece, además, la necesidad de hacer un uso “ético e imparcial” de la IA y, en concreto, se señala la necesidad de evitar atentar “contra la integridad académica, la libertad de pensamiento o la equidad social”.
El documento afirma que “se debe limitar el empleo de IA únicamente a los fines en que resulte pertinente y beneficioso, evitando su utilización desmedida o innecesaria que pueda sustituir procesos humanos valiosos”. Al respecto, se agrega que “se debe identificar, evitar o, en su caso, mitigar sesgos en los datos, modelos y aplicaciones, evitando que la IA refuerce desigualdades por género, raza, edad, discapacidad u origen socioeconómico”.
El séptimo principio establecido es el de “seguridad y gestión de riesgos”, con una política activa al respecto, especialmente cuando estén en juego datos personales o confidenciales, y con base en lineamientos de ciberseguridad. El octavo, en tanto, reafirma el compromiso de la Udelar con “la soberanía científica y tecnológica, entendida como la capacidad de generar, adaptar y aplicar conocimiento en forma autónoma y en beneficio del país”. Para eso, se sostiene, la universidad debe proyectar el desarrollo de capacidades propias en IA y también desarrollar líneas de investigación en la temática. En esta materia, el documento también establece que la institución debe generar instancias de formación en IA para estudiantes, docentes y funcionarios técnicos, administrativos y de servicios.
El principio de sostenibilidad, por su parte, señala que la Udelar debe promover “el uso y desarrollo de sistemas de IA ambientalmente responsables, socialmente beneficiosos e institucionalmente sostenibles, asegurando el uso eficiente de los recursos, la reducción de impactos negativos y la generación de valor en el mediano y largo plazo”.
Finalmente, el documento establece que todas las decisiones sobre la política de IA de la Udelar deben estar basadas en el principio de participación activa de estudiantes, docentes, egresados y funcionarios.
Udelar organizará “jornadas institucionales de sensibilización” en el uso de IA
El grupo de trabajo que elaboró el documento aprobado por el CDC se creó en 2025 y estuvo integrado por un representante del Rectorado, uno de cada orden universitario y también uno de cada área de conocimiento en la que se agrupan las distintas facultades. Posteriormente se integraron representantes de la Dirección General de Jurídica y del Prorrectorado de Gestión de la institución.
Además de la aprobación de los principios rectores, el documento propone una hoja de ruta que prevé una segunda etapa de “jornadas institucionales de sensibilización sobre los principios rectores y el uso de la IA en la Udelar”. En concreto, se señala que de las jornadas deberían surgir “insumos para luego trabajar en la definición de guías específicas de uso de IA organizadas por funciones clave de la Udelar”. Además, se planteó la necesidad de conformar un grupo de trabajo permanente que, entre otras funciones, incluyas las de asesorar y reportar al CDC en esta área.
