En los últimos días, la interna de la Universidad Tecnológica (UTEC) se vio sacudida por la renuncia de Daniela González, directora del Instituto Tecnológico Regional (ITR) Centro Sur, ubicado en Durazno, después de una resolución de la Inspección Nacional de Trabajo y Seguridad Social. Junto con Amadeo Sosa, director de Educación de la UTEC, había sido denunciada en 2020 por Silvia Benítez –docente e integrante del Sindicato de Trabajadores de la UTEC (Situtec)– por trato discriminatorio y la afectación de su dignidad como trabajadora.
Según informó el medio de Durazno El Acontecer, el cargo de González iba hasta 2027, pero su renuncia se precipitó por el dictamen del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que establece que la Utec debe pagar 348.000 pesos a Benítez, monto equivalente a 100 jornales de trabajo, sanción más baja dentro de las sanciones muy graves. Además, González y Sosa deberán realizar un curso sobre derechos fundamentales en el trabajo, derechos humanos, género, discriminación, violencia en el trabajo, acoso moral y sexual, a partir del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Uruguay.
González, no obstante, sigue siendo docente de la Utec, ya que tiene un cargo en el ITR del Este. En una carta a la comunidad de la universidad que fue difundida por El Acontecer, la docente repasó su tránsito en la institución y en particular por el ITR Centro Sur y dijo haber construido “mucho más que un campus universitario”. “Construimos oportunidades, proyectos, equipos, vínculos y sueños para miles de personas de nuestra región”, completó. Además, dijo que la situación vivida en el último tiempo impactó en su “bienestar” y en su “salud”, lo que la llevó a tomar la decisión de renunciar, pero seguir vinculada a la universidad.
Según supo la diaria, Sosa está haciendo uso de su licencia y se encuentra muy próximo a jubilarse.
La resolución del MTSS, a la que accedió la diaria, concluye que se registró un “progresivo deterioro de las condiciones de trabajo” de Benítez, que se desempeñaba como coordinadora educativa en el ITR Centro Sur, producto de las decisiones de González y Sosa, lo que le ocasionó “afectación moral y daños físico-psíquicos” que desembocaron en su certificación médica. Según se completa, a la denunciante “se le fueron restringiendo potestades” y ello produjo un “deterioro del clima de trabajo” que afectó “principalmente al personal sindicalizado”. Al respecto, la resolución plantea que varios integrantes de Situtec no fueron recontratados en sus labores, de la misma forma que ocurrió con Benítez. Además, en el caso de la denunciante, se marca que su desvinculación se produjo antes de que se pronunciara un tribunal de alzada que estaba analizando su desempeño.
De acuerdo con la resolución de la Inspección Nacional de Trabajo, el “eventual ‘mal desempeño’” de Benítez tiene que ver con “el conjunto de decisiones que de manera deliberada la convirtieron de una funcionaria que coordinaba la actividad educativa del centro de estudios a una funcionaria que debía pedir permiso para sacar una fotocopia o para usar una sala”. En adición, se destaca que los guardias del ITR le controlaban el horario de trabajo, cuando esa medida no se tomaba con otros funcionarios.
La resolución del MTSS también se refiere a la intervención de la Justicia en el caso, en su momento argumentada desde la Utec en su defensa. Según se afirma, la universidad tenía la potestad de no recontratar a la docente, pero se marca el desconocimiento sobre cuáles fueron las pruebas que llevaron a tomar esa decisión. En relación con el dictamen de un juez, desde el ministerio se consideró que dicho accionar se centró en “determinar si hubo actos de manifiesta anti sindicalidad” en la desvinculación, pero dejó a “entrever que pudo existir alguna situación de acoso o malestar entre las partes”, lo que no fue el objeto de las actuaciones.
La resolución también hace referencia a una sentencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos que años atrás había recomendado a la UTEC revisar los mecanismos de evaluación de sus funcionarios, a partir de varias denuncias de hostigamiento realizadas por Situtec.
Situtec y Aeutec reclaman al consejo directivo de la universidad otras medidas con los denunciados
La resolución de la Inspección Nacional de Trabajo y Seguridad Social fue objeto de distintos comunicados, uno del Situtec y otro de la Asociación de Estudiantes de Utec (Aeutec). En ambos casos se reclaman que, más allá de la sanción impuesta por el MTSS, el Consejo Directivo Central de la Universidad tome otro tipo de medidas con consecuencias a la interna de la institución.
Hasta el momento, la respuesta oficial que ha tomado el consejo es comunicar que “se encuentra abordando el asunto en los ámbitos institucionales correspondientes”, según indicaron desde el organismo a la diaria. De todas formas, según supo este medio, una primera medida que tomó la institución fue la de no apelar la resolución del MTSS, lo que implica que ya se encuentra firme, debido a que venció el plazo para presentar apelaciones.
Un comunicado firmado por la presidenta de Situtec, Melody García, recuerda a las actuales autoridades que, más allá del caso puntual, la institución debe hacer un uso responsable de la autonomía universitaria y ceñirse a “los controles propios de un Estado de derecho”.
“Cuando se presentan circunstancias que interpelan los principios fundamentales que deben orientar la vida universitaria, las respuestas no pueden limitarse a una dimensión administrativa, porque los derechos de las personas no son una cuestión de percepción, opiniones, o de perspectivas contrapuestas: son obligaciones que las instituciones públicas deben respetar, proteger y garantizar, debiendo expresar con claridad cuál es el compromiso ético de la institución y cuáles son los límites que esta se impone a sí misma”, dice la carta, y agrega: “Hay decisiones que resuelven expedientes y hay decisiones que marcan precedentes. Hay resoluciones que responden a una circunstancia concreta y hay otras que establecen principios que orientarán la vida institucional durante muchos años”.
Desde Aeutec, por su parte, se cuestionó que la respuesta del consejo directivo hacia la interna de la universidad haya sido que se tomó conocimiento de la denuncia y que las autoridades se encuentran buscando darle continuidad a la gestión en el ITR. “La presentación de una renuncia no puede considerarse una respuesta suficiente ante hechos de esta magnitud. Tampoco puede convertirse en una vía para cerrar un asunto sin investigación, sin reparación y sin garantías efectivas de no repetición”, señalan los estudiantes.
En adición, el comunicado de Aeutec expresa su preocupación por la no disposición de medidas cautelares hacia González, que planea continuar como docente en otro ITR de la institución. En ese sentido, la asociación de estudiantes reclama que el consejo dé “certezas a la comunidad” y que inicie investigaciones administrativas sobre los denunciados y separarlos de los cargos preventivamente. También pide “garantizar una reparación integral para la persona afectada, así como la restitución de los derechos laborales y funcionales que correspondan”.
Además, Aeutec hace referencia a una denuncia pública que realizó sobre la exdirectora del ITR Centro Sur, quien estaba cobrando una compensación por dedicación exclusiva a la universidad, pero también tenía horas en universidades privadas, según señalan los estudiantes.
