Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: algunos avances, desafíos que persisten y nuevos retrocesos en Uruguay

Editar

La realidad muestra todos los días que la violencia de género es un problema grave en Uruguay. Un país en el que casi ocho de cada diez mujeres vivieron alguna situación de violencia por razones de género en determinado momento de sus vidas, según los datos de la segunda Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género (2019). En donde, de acuerdo con el mismo estudio, casi la mitad (47%) atravesó algún tipo de violencia por parte de una pareja o expareja al menos una vez en la vida. Un país en donde, sólo el año pasado, cada nueve días se mató o se intentó matar a una mujer por ser mujer.

Pese a tener un marco normativo que se considera de avanzada en la región y políticas públicas enfocadas a la prevención y la erradicación de todas las formas de violencia de género, los indicadores siguen siendo preocupantes. Hoy Uruguay es, junto con Argentina, el tercer país de América del Sur con la tasa más alta de femicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con los datos más actualizados del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

En lo que va del año, hubo 26 femicidios y nueve tentativas de femicidio en el país. El último femicidio ocurrió mientras se escribía esta nota. El Ministerio del Interior (MI) registra 17 homicidios a mujeres por violencia basada en género entre el 1° de enero y el 30 de setiembre de 2021, según datos proporcionados a la diaria. En el mismo período de 2020, registró 12. La diferencia en las cifras se debe a que la cartera sólo contabiliza los femicidios que ya fueron aclarados.

Si bien la información sistematizada muestra que hubo un aumento de femicidios respecto de 2020, en general el promedio se mantiene en los últimos años. “El promedio de 25 femicidios es similar al de la prepandemia. Algún año pudo haber sido un poco menor, pero desde hace varios años estamos alrededor de esa cifra”, señaló la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero, a la diaria. Es decir: los femicidios no bajan.

Por otra parte, el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del MI registró 25.622 denuncias por violencia doméstica en los primeros nueve meses del año. Esto implica una baja de 5,8% en comparación con el mismo período de 2020. De todas formas, se trata de casi 94 denuncias por día.

En tanto, los 33 servicios de atención psicosocial y legal para mujeres en situaciones de violencia de género que tiene Inmujeres en todo el país recibieron 22.590 consultas presenciales y telefónicas entre el 1º de enero y el 30 de setiembre, según información del organismo a la que accedió la diaria. En este caso se ve un incremento respecto del mismo período de 2020, en el que hubo 18.706 consultas, y de 2019, antes de la pandemia, cuando la cifra alcanzó 14.976. También aumentó la cantidad de mujeres atendidas en el marco del programa de tobilleras electrónicas, que pasó de 889 a 1.147.

Durante el mismo período analizado, el servicio telefónico 0800 4141 de orientación y asesoramiento atendió 8.901 consultas. El año pasado, fueron 11.281 en los primeros nueve meses del año, con un pico pronunciado en abril y mayo, que coincidió con un período de confinamiento voluntario más estricto debido a la covid-19.

Este jueves se conmemora un nuevo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha sirve de marco para hacer una evaluación sobre la situación en el país, destacar los avances impulsados desde el Estado y, sobre todo, identificar los obstáculos que –como muestran los datos– persisten.

Para los colectivos y las organizaciones feministas, sobran los motivos para seguir reivindicando el derecho a una vida libre de violencia. Por eso, durante la jornada de hoy, tienen previstas concentraciones, marchas y otras actividades en distintos puntos del país, en las que visibilizarán sus preocupaciones y plantearán sus reclamos.

Desde el Estado

En el último año, el Inmujeres aumentó “la llegada, el alcance y la oferta de los servicios”, al promover acciones que refuerzan la atención a mujeres en situación de violencia, aseguró Bottero. Entre otras medidas, mencionó la instalación de un nuevo centro de 24 horas en San Carlos (Maldonado), la ampliación del horario del 0800 4141 y el aumento de 560 horas en los 33 servicios de atención. También recordó que se extendió el horario del Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata con Fines de Explotación Sexual en Paso de los Toros (Tacuarembó) y se abrió uno nuevo en Paysandú.

La directora del instituto dijo que, además, se realizaron alrededor de 30 actividades de capacitación con funcionarias y funcionarios públicos, se está por comprar una casa para abrir un segundo servicio de atención en Montevideo y se instalará un dispositivo para que la línea de asesoramiento pueda atender a mujeres sordas.

Por otro lado, Bottero destacó que, desde que empezó la pandemia, “las formas de violencia registradas y relatadas por las usuarias” a los equipos que trabajan en los servicios de atención son “más cruentas” y “exacerbadas”. Al mismo tiempo, señaló que se pudo ver que las víctimas de femicidio “son cada vez mujeres más jóvenes”.

Consultada acerca de los juzgados especializados en violencia de género previstos en la Ley 19.580, cuya creación ha estado marcada por diferentes trabas, recordó que se firmaron los acuerdos para instalar uno en San Carlos y otro en Rivera, que empezarán a funcionar durante el primer semestre de 2022. Bottero dijo que “quedó pendiente” el tercero, que estará ubicado en Paysandú, por “un tema legal con el local”, pero se estima que podría estar operativo a mediados del año que viene.

“¿Quisiéramos ampliar la cobertura del cumplimiento de la ley [19.580]? Sí. De hecho, hay aspectos de la ley que todavía no los pudimos implementar”, reconoció Bottero. “Pero, en todos los casos, hay una semilla para ir creciendo”.

Contra la Justicia patriarcal y la violencia vicaria

A pesar de los avances, colectivos y organizaciones feministas entienden que Uruguay está lejos de poder garantizar a las mujeres y disidencias una vida libre de violencia y, durante la jornada de hoy, convocan a manifestaciones en distintas partes del país. Este año, a los reclamos de siempre se suman preocupaciones y problemas nuevos.

En la capital se desarrollarán dos grandes movilizaciones a partir de las 18.30 (ver recuadro). Una es la marcha de la Coordinadora de Feminismos, que llama a concentrarse en la explanada de la Intendencia de Montevideo para recorrer la avenida 18 de Julio hacia la plaza Libertad bajo la consigna “Contra la Justicia patriarcal y la violencia vicaria”. El eslogan surgió después de un año en el que las activistas estuvieron en contacto con varias mujeres que se referían a la “violencia vicaria”, un tipo de violencia “que se ejerce sobre las hijas, hijos o hijes para herir y violentar a la madre”, explicó María, representante de la Coordinadora, a la diaria. La vocera dijo que, en muchos casos, cuando las mujeres deciden separarse por haber atravesado episodios de violencia, por ejemplo, los padres de sus hijos “interponen recursos ante la Justicia” y las acusan de “malas madres”, “llevando hacia otro lado el motivo de la separación”.

Por eso, la idea es poner el tema sobre la mesa y visibilizar “que este tipo de violencia es una nueva configuración de ejercer violencia hacia las mujeres porque se hace a través de las hijas, hijos e hijes, y da la sensación de una cierta impunidad y capacidad de los varones para obrar contra las mujeres a través de la Justicia, utilizando justamente a las niñas, niños y niñes”, aseguró la activista. “Nos parece preocupante y era de orden pronunciarnos en este sentido también para alertar a otras mujeres, madres y disidencias de que es una nueva forma de violencia que se está imponiendo por parte de los varones hacia quienes crían y maternan, como una estrategia para continuar la vulneración”, enfatizó.

Agregó que este fenómeno preocupa, además, cuando en Uruguay se debate “una ley sobre tenencia compartida que, a nuestro entender, lo que hace –y lo dice explícitamente en una parte– es avalar los derechos del progenitor no conviviente, partiendo además de una conceptualización de la patria potestad que es anacrónica y desde un discurso súper adultocéntrico”.

En este #25N, la Coordinadora de Feminismos se moviliza también por “los femicidios que no paran, el mal manejo de información de las desapariciones de mujeres, adolescentes y niñas y de los casos de trata y explotación sexual” y “el avasallamiento de normas y leyes que parecen no cumplirse”, expresó María. “Hay algo que está fallando y que no está siendo motivo de preocupación desde las instituciones, pero tampoco se está escuchando a la sociedad civil cada vez que salimos a la calle”, cuestionó.

La activista hizo además un llamado a los medios para que tengan “cuidado” en la forma en que comunican los casos de violencia hacia mujeres y disidencias, “para ser parte de la solución o del intento de avance y no del problema”.

Mares de resistencias

La otra movilización es convocada por la Colectiva por el 25N –formada este año por 34 organizaciones feministas y disidentes– y se trasladará desde la plaza Independencia hacia la plaza 1º de Mayo. En este caso, las organizadoras llaman a manifestarse bajo la consigna “Océanos de violencias, mares de resistencias”, que busca reflejar la diversidad de formas que adopta la violencia machista.

“Quizás la mayoría de la población suele asociar la violencia de género a la que pasa exclusivamente en el ámbito doméstico, a la intrafamiliar o a lo que pasa en relación a las situaciones que después derivan en los femicidios, pero las violencias hacia las mujeres en la sociedad son múltiples”, explicó Valeria Caggiano, una de las voceras de la Colectiva por el 25N, en diálogo con la diaria.

La representante dijo que “no sólo persiste el fenómeno de la violencia sino que, de alguna forma, en el último tiempo estamos viendo aparecer nuevas figuras de violencia institucional que desconocen el marco jurídico o normativo que tenemos”. En ese sentido, mencionó la situación de la Ley 19.580, que está en vigencia desde fines de 2017 pero que, “hasta ahora, no hemos visto que se haya asignado el presupuesto ni se hayan dado las directivas institucionales para su instrumentación cabal”. También se refirió a la preocupación de las últimas semanas en torno al cumplimiento efectivo de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una “discusión ya saldada” pero que “vuelve a poner arriba de la mesa si es un derecho que nos corresponde o no”.

“Frente a estas múltiples violencias y reconfiguraciones de las violencias que nos tocan, las mujeres nos plantamos en resistencia y en acción”, aseguró Caggiano, “porque entendemos que en la resistencia está el decir que no y el traccionar con otras para no permitir retrocesos”.

Otra de las reivindicaciones que plantea la Colectiva por el 25N tiene que ver con un “escenario de empobrecimiento, reajuste, reestructura de los sistemas de políticas públicas y la desaparición de algunos dispositivos y entornos de cercanía institucional” que “tiene impactos diferenciales en las mujeres que están segregadas socioterritorialmente”. Al mismo tiempo, las organizaciones reivindican “las ollas y a las compañeras de las ollas, porque es ahí donde vemos desde dónde se gesta la resistencia más inmediata, más primaria, más básica”.

En materia de acceso a la Justicia, reclaman “la instrumentación inmediata de la Ley 19.580, la no dilación en el tiempo de la instrumentación de los juzgados multimateria, el fortalecimiento del sistema de respuesta” y “la formación de operadores judiciales y policiales”, explicó Caggiano. Y rechazan las “interpretaciones arbitrarias del sistema de justicia de la muerte de algunas de las mujeres”, como el asesinato de Carolina Vivero por parte de su pareja, que no fue tipificado como femicidio. En el eje sobre justicia también está “el reclamo sobre la respuesta a las compañeras que fueron víctimas del terrorismo de Estado, una causa que ya lleva abierta un montón de años y para la cual no hay reparación posible en este escenario”.

Por otra parte, buscan advertir sobre los casos de trata y explotación sexual, una problemática que volvió a generar alerta ante las finales internacionales de fútbol en Montevideo, y “todas las condiciones en las que está transitando la Operación Océano”.

“Es momento de que el compromiso del Estado esté puesto en que una de sus responsabilidades es la vida de las mujeres como ciudadanas del país, porque estamos en esta coyuntura y nada parece indicar que vamos por un mejor camino”, resumió Caggiano. “Parece mentira que aun con un marco normativo que establece obligaciones al Estado, tengamos que salir a decirles cada poco tiempo –y, por lo pronto, todos los 25 de noviembre- que tienen que garantizarnos el derecho a vivir una vida libre de violencia”.