Carolina Vivero tenía 24 años cuando fue asesinada en la madrugada del 25 de diciembre de 2018 en el dormitorio de su casa ubicada en Parque Rivera, Montevideo. Unas horas antes, después de varios intentos frustrados, había tomado la decisión de separarse de su pareja, con quien convivía. El acuerdo era que el hombre pasara ahí la Nochebuena y, al otro día, agarrara sus cosas y se fuera. Pero antes de que saliera el sol, la mató de 19 puñaladas. Ese día, la noticia apareció en los medios con el mismo titular: “Femicidio en Parque Rivera”.

Durante un juicio oral que terminó en marzo de este año, la fiscalía solicitó una pena de 28 años de cárcel para el agresor y que se aplicara el agravante “muy especial” de femicidio, según se lee en la sentencia, a la que tuvo acceso la diaria. El Código Penal uruguayo establece en el artículo 312 que el femicidio se produce cuando se asesina a una mujer “por motivos de odio, desprecio o menosprecio, por su condición de tal”, e incluye los casos en los que antes del crimen hubiera precedido algún episodio de “violencia física, psicológica, sexual, económica o de otro tipo”, “independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima”.

Sin embargo, en la sentencia, la jueza Blanca Rieiro determinó que el crimen no se ubica dentro de la figura de femicidio y condenó al hombre a 24 años de prisión por un delito de homicidio especialmente agravado por haber sido contra su concubina, con alevosía y durante la noche. La magistrada reconoce que el hombre mató a la mujer “con gran violencia, con bronca, en una situación que la colocó sin posibilidades de defensa, cerrando el dormitorio por dentro para que no recibiera ayuda, dejando a un pequeño niño huérfano. Demostrando crueldad e indiferencia”, pero asegura que no se aplica la figura de femicidio porque, entre otras cosas, no se logran demostrar los motivos de “odio, desprecio o menosprecio” por ser mujer.

La defensa del agresor apeló la sentencia porque busca una pena menor, alegando entre otras cosas que tiene problemas de salud mental y que debería ser recluido en un centro psiquiátrico, en vez de en una cárcel común. En esta segunda instancia, la defensa de la familia de Carolina –que está a cargo del abogado Juan Raúl Williman, responsable del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) y del consultorio descentralizado que funciona en la Asociación de Familiares de Víctimas del Delito– presentó un escrito en el que vuelve a poner sobre la mesa los elementos del proceso que coinciden con los requisitos requeridos por la legislación para imputar el agravante de femicidio.

Mientras espera el fallo del Tribunal de Apelaciones, la mamá de Carolina, Viviana Díaz, decidió acercarse a los medios para pedir que la condena reconozca que a su hija la mataron por ser mujer, que se tipifique como femicidio y “que se haga justicia”.

El reclamo de la mamá

En la casa de Carolina también vivían su hijo –que tuvo con otra pareja y que en ese entonces tenía ocho años–, su hermana y su madre. Viviana dormía en el cuarto de enfrente cuando escuchó los gritos: “Mamá, mamá”. Quiso entrar al dormitorio, pero la puerta estaba trancada desde adentro. Recuerda que agarró un destornillador para intentar abrirla, pero no pudo y salió de la casa a pedir la ayuda de los vecinos. En ese momento, vio por la ventana al agresor, que sostenía una cuchilla ensangrentada. Cuando finalmente abrió la puerta, él le dijo “salvala” y se fue hacia lo de sus padres, que vivían a unas cuadras.

La escena con la que se encontró Viviana detrás de esa puerta le es difícil de describir. “Lo único que me dijo fue que tenía frío y me nombró a su hijo. Fue todo lo que me dijo porque ella estaba en un mar de sangre. Era algo espantoso. Esa película no me la puedo sacar más de la cabeza”, relató Viviana a la diaria.

La mujer contó que tanto ella como el equipo legal que la representa estaban seguros de que la condena iba a ser por femicidio, porque “estaban todas las pautas para determinar que fue un femicidio”. En primer lugar, porque, pese a que no había denuncias previas por violencia de género, Viviana asegura que el hombre ejercía violencia psicológica y también económica sobre Carolina, ya que él sabía que la joven sola “no podía solventar la casa”. También señaló que “siempre había discusiones, que él después venía, le pedía perdón, le hacía regalos y le prometía que iba a cambiar, hasta que ella se dio cuenta de que no pasaba y de que cada vez era más fuerte”.

Pero, además, insistió en que las circunstancias del crimen y la violencia con la que se cometió el asesinato revelan definitivamente signos de “odio” y “desprecio” hacia su hija. “No podía defenderse, la encerró en el cuarto, y luego la forma atroz y la cizaña con la que la mató: no fue un golpe, no fue una pelea, fueron muchas puñaladas”, repitió.

Otros hechos previos muestran que hubo una voluntad de matar a la mujer, como, por ejemplo, el arma que utilizó. En ese sentido, Viviana contó que usó la cuchilla con la que cortaba el asado y que ese día había quedado en la pileta de la cocina, junto a la demás vajilla, para lavar el día después. Sin embargo, “él lavó ese cuchillo, lo subió y cerró la puerta”, insistió Viviana; “él sabía lo que hacía”.

La tensión había empezado varias horas antes ese día, cuando Carolina le dijo que quería separarse. “Pasamos la tarde del 24 [de diciembre] ahí y sabíamos que él estaba enojado, que estaba mal, porque pasaron mensajeándose”, contó Viviana. La madre dijo que, unas semanas antes, su hija ya había intentado terminar la relación, pero no pudo porque él amenazó con matarse.

“Hay muchas cosas y puntos que se mostraron en el juicio, que eran justitos, y pensamos que [la jueza] iba a concluir que fue femicidio. Cuando dijo que no, fue como un balde de agua fría”, señaló Viviana. El reclamo no lo hace para que se le agreguen más años a la pena, aseguró, sino para que se condene de acuerdo a “cómo fueron las cosas”, porque eso también da “un mensaje para la sociedad”.

El valor simbólico

La abogada Natalia Fernández trabaja en servicios de atención a mujeres en situación de violencia de género y es colaboradora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual por el colectivo La Pitanga, además de ser docente en el Instituto de Técnica Forense y en el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho (Universidad de la República). Conoció el caso de Carolina el día en el que Viviana, en la búsqueda desesperada por gestionar el dolor, llegó a una Comuna Mujer de la Intendencia de Montevideo (IM) en la que Fernández trabajaba. Desde ese día, si bien no la representa legalmente, le brinda asesoría y acompañamiento.

Para la especialista, no hay dudas de que fue femicidio porque “los hechos que dieron lugar al asesinato encajan perfectamente en la situación descrita por el artículo 312 del Código Penal en el numeral 8, que dice cuáles son los requisitos de femicidio”, explicó a la diaria.

La abogada dijo que hay varias cuestiones previas al asesinato de Carolina, pero que también se pueden ver en otros femicidios, “que son esos factores de riesgo con los que trabajamos cuando hablamos de violencia de género”. Algunos ejemplos que surgieron son “las amenazas de suicidio”, “la manipulación respecto del cariño de su hijo”, que “no la dejaba cortarse el pelo” o “las separaciones frustradas previas, en las que Carolina había tratado de separarse y él se había negado, había pedido disculpas, le había dicho que iba a cambiar, entonces ella le creía, y esto no ocurría”. Acerca de esto último, resaltó que las personas violentas “no cambian por un efecto mágico”, sino que es necesario “un proceso de reconocimiento” de la violencia. “Es algo que Viviana ha traído varias veces: no importa si va a pasar 24 años privado de libertad; si no hay un proceso de reconocimiento de lo que hizo, no sabemos si no va a volver a pasar”, agregó.

Fernández contó que la sentencia en primera instancia le pareció “una contradicción muy difícil de digerir”. “Compartiendo la conclusión del consultorio a cargo del doctor Williman, respetamos la sentencia, pero no compartimos el criterio, el análisis ni la fundamentación por los que la jueza consideró que no estaba probada la agravante de femicidio. Para nosotros, en todo el proceso, esta agravante sí se probó”, señaló la abogada.

Pero más allá de las cuestiones jurídicas, Fernández insiste en el valor simbólico de que el asesinato de Carolina sea reconocido como un femicidio. “El valor incuestionable de cada sentencia de femicidio es poder visibilizar en la sociedad si el Estado cumple en garantizar que las mujeres tengan una vida libre de violencia, porque justamente la cúspide de la violencia son los femicidios, y eso representa todas las instancias previas que una mujer atraviesa para que finalmente le quiten su vida solamente por su condición de mujer”, consideró.

Por otro lado, la abogada dijo que cuando hay un reconocimiento del femicidio, también hay “un reconocimiento de la víctima como sujeto de derechos”. En esa línea, insistió en la necesidad de “visibilizar que acá hubo una mujer a la que mataron y que ella no fue responsable”. También sirve para visibilizar que los femicidas “no son monstruos”, sino que “pueden ser nuestros hermanos o nuestros compañeros de trabajo, son personas que están caminando como cualquiera en la calle, y lo que ocurre es que son violentos, porque la violencia de género por lo general trabaja de la puerta para adentro, y el reconocimiento del femicidio como tal nos prende las alarmas en este sentido”.

La profesional recordó que Uruguay está en un contexto de emergencia nacional por violencia de género “a la que no se le ha destinado ningún recurso”. Y agregó: “Llevamos más de 20 mujeres asesinadas en lo que va del año y nos parece que cada femicidio que se desconoce como tal, significa desconocer que nos están matando por nuestra condición de mujer”.

La vida después

“Por mucho tiempo, sobre todo el primer año, tenía miedo de que viniera a casa, entrara por las ventanas y se quisiera llevar a mi nieto o tomara represalias”, contó Viviana, e introdujo un tema del que poco se habla: cómo sigue la vida de una familia que es atravesada por este tipo de tragedias.

Como sucede casi siempre, Viviana encontró contención en otras mujeres: fue una vecina la que la llevó a una Comuna Mujer, que según ella fue lo que le “salvó la vida”. Ahí encontró acompañamiento psicológico y el asesoramiento legal, de la mano de Fernández. “Yo acepté porque estaba devastada, y cuando llegué ahí, fue otra cosa”, recordó. Viviana sigue con atención psicológica y psiquiátrica y asegura que, si no toma la medicación, su día a día “cambia totalmente”. “Ahora con la medicación puedo dormir, pero, si no la tengo, empiezo a soñar exactamente lo mismo: ese mar de sangre en el cual estaba mi hija”.

También aseguró que siempre se asegura de que las puertas estén cerradas, “porque empiezo a sentir ruidos, porque de la manera que [el agresor] saltó una reja de dos metros, puede perfectamente hacerlo de nuevo. Vivís con pánico”. Sin embargo, asegura que “trata” de estar bien y aprender a convivir con el dolor, por su nieto y su otra hija, que también están desde entonces con acompañamiento psicológico. “Tengo a mi nieto y a mi hija, que también estuvieron acá en ese momento, y tengo que pelear por ellos. Si no los tuviera, yo no estaría acá, porque es un sufrimiento tan grande, tan grande”, describió. Y volvió a esa imagen: “Pasó casi adelante mío y de mi otra hija. Yo estaba adentro de un charco, por eso sé perfectamente cómo estaba Carolina. Eso no me lo puedo sacar. A nadie le importa cómo quedan las personas más cercanas a la víctima, pero yo estaba ahí. No me lo contaron”.

Atención a la familia

El Instituto Nacional de las Mujeres no cuenta con mecanismos específicos para dar respuesta a las familias de mujeres víctimas de femicidios, aunque según información de la División de Violencia Basada en Género del organismo brindada a la diaria, “lo que hacen los servicios del instituto es estar a disposición de las familias y allegados, coordinando las respuestas interinstitucionales que sean necesarias para cada caso”. Si la mujer asesinada tenía hijas o hijos, por ejemplo, la respuesta es coordinada con el Instituto del Niño y el Adolescente. O, si sucede en alguna localidad del interior, “es el dispositivo de articulación territorial que se acerca a las familias y recoge las necesidades de atención”. En tanto, en Montevideo, las Comuna Mujer brindan atención específica a familiares de víctimas, confirmó a este medio la directora de la División Asesoría para la Igualdad de Género de la IM, Solana Quesada.