Desde hace un año está en vigencia en el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia basada en género y laboral. La presidenta del SMU, Zaida Arteta, dijo a la diaria que desde su implementación se han recibido varias consultas y aseguró que de las denuncias presentadas prosperaron alrededor de seis. De todas formas, manifestó que las situaciones de violencia hacia trabajadoras de la salud son “diarias”, pero en la mayoría de los casos no son denunciadas porque son acciones que están “naturalizadas” en el ambiente laboral y por el temor de las mujeres a que no les crean o menosprecien sus planteos.
La creación de un protocolo de actuación surgió en respuesta a varias necesidades. Por un lado, la presentación ante la Comisión de Género del SMU de varios testimonios de mujeres que sufrieron diferentes manifestaciones de violencia en sus lugares de trabajo por parte de colegas, superiores e incluso pacientes. Esto motivó tres acciones distintas. Una de ellas fue una campaña en redes sociales para visibilizar expresiones de discriminación de género frecuentes como “se embarazó para no trabajar” o “este trabajo no es para mujeres”, dijo Arteta. La segunda fue la puesta en marcha de una encuesta sobre violencia basada en género en el ejercicio de la medicina, publicada en noviembre de 2020. Por último, se creó el protocolo.
La determinación de un camino a seguir frente a estas situaciones también estuvo motivada porque hacía falta incorporar la perspectiva de género al servicio de asesoramiento jurídico del SMU para trabajadoras y trabajadores, que atiende diferentes problemas en el ejercicio de la profesión y dificultades entre colegas o con la empresa donde trabajan. Arteta sostuvo que hace “unos años” el SMU hizo un diagnóstico sobre el procedimiento que tiene lugar después de plantear una denuncia por situaciones de violencia de género y la respuesta sindical era “insuficiente” desde ese lado.
El objetivo principal del protocolo es “brindar apoyo, orientación general, asesoramiento en líneas de actuación y seguimiento ante situaciones de violencia basada en género en el ámbito sindical (en cualquier nivel de organización sindical) y laboral vinculado a cada efector de salud, procurando en primera instancia el cese de la situación de violencia”, detalla el documento, al que accedió la diaria. El texto agrega que serán abordados “todos los comportamientos y acciones que puedan caracterizarse como acoso, discriminación o violencia por razones de género, que tengan por objeto excluir, restringir, limitar, degradar, ofender o anular el goce o ejercicio de los derechos dentro del ámbito laboral”.
Además, se plantea la centralización de las denuncias presentadas por mujeres por diferentes medios. “Muchas veces la denuncia llega por correo, [las mujeres] se presentan en la secretaría o concurren directamente a las y los abogados”, dijo Arteta. Con el protocolo se creó una comisión especial que recogerá en un mismo espacio todas las consultas y las denuncias. Pueden recurrir a este protocolo médicas, médicos y estudiantes de medicina socios del SMU, así como funcionarias y funcionarios de la institución.
Esquema de actuación
El primer paso es la recepción de las consultas o denuncias; el segundo, coordinar, a la mayor brevedad posible, una entrevista con la comisión a cargo de la aplicación del protocolo. El SMU pondrá a disposición de la persona denunciante asesoramiento legal y una “atención adecuada”. No obstante, es decisión de la persona formular la denuncia pertinente ante su empleadora o empleador, ante la Justicia o el organismo del Estado correspondiente.
“La intervención del SMU será clara, rápida, imparcial y confidencial en todo el proceso, promoviendo la conservación del puesto de trabajo, la protección no sólo de la persona directamente afectada sino también de terceros y/o de testigos, y se buscará el restablecimiento de las condiciones de trabajo previas al comportamiento que fuera oportunamente denunciado”, sostiene el documento.
Luego, se realiza una “valoración de riesgo” de la situación denunciada para desplegar “acciones para reducirlo y asegurar la protección de los derechos de quien se presenta a denunciar o a consultar, promoviendo las acciones necesarias en un plan individualizado, que tenga como fin primordial la protección”. El cuarto paso es plantear a la persona denunciante una “propuesta de actuación dentro y fuera del espacio gremial”.
Finalmente, se hace un seguimiento de la denuncia a “efectos de la atención de posibles consecuencias que afectan la salud, y en particular en casos de violencia sexual, se sugerirá la consulta con el Equipo de Referencia en Violencia Basada en Género y Generaciones del prestador de salud que corresponda”, dice el protocolo.
Cuando las denuncias sean contra una persona afiliada al SMU, las acciones deberán ajustarse a los mecanismos estatutarios de la organización sindical. En esos casos, la Comisión de Género del SMU elevará un informe al Consejo Arbitral como un insumo para las decisiones que pueda determinar, explicó Arteta. Señaló que se han registrado situaciones de este tipo y que las sanciones pueden llegar a terminar en la expulsión del sindicato de la persona implicada o en la presentación de una denuncia ante el Colegio Médico del Uruguay. La intervención del Consejo Arbitral es independiente de la existencia de una denuncia penal.
Situaciones “muy comunes”
“Tenemos varias denuncias”, aseguró Arteta, y contó que algunas refieren a acciones violentas de trabajadores de la salud, pero también a situaciones de acoso de parte de pacientes. La presidenta del SMU sostuvo que las situaciones de violencia de género en el ámbito de la salud son “muy comunes”, pero las denuncias se presentan en los casos en que las mujeres “ya no saben qué hacer”, como en situaciones de “acoso sostenido [en el tiempo]”. “Jamás llegan a presentarse denuncias por comentarios inapropiados, acciones como que un hombre le toque el pelo a una trabajadora o por otro tipo de gestos en el lugar de trabajo”, señaló Arteta.
Esas situaciones aparecen en los relatos de “prácticamente todas las mujeres” y se logra detectarlos cuando se habla directamente con las mujeres y se les pregunta: “¿Alguna vez te pasó que te hicieran un comentario? ¿Qué situaciones atravesaste durante el embarazo? o ¿Después de tener una hija o un hijo tenías el mismo trabajo? Si preguntamos a la persona si sufrió una situación de violencia dice que no, porque lo asocia a situaciones de violencia física o de violencia sexual”, contó Arteta.
Una carencia que identificó la presidenta del SMU es que no existen cifras en relación a la cantidad de denuncias y a qué tipo de situaciones de violencia corresponden. Por ese motivo, uno de los objetivos del protocolo es generar un registro tanto de las consultas que reciben como de las denuncias. Los únicos datos existentes sobre situaciones de violencia de género en la salud son los obtenidos en la Encuesta de Violencia Basada en Género en el Ejercicio de la Medicina, en la que participaron 1.001 médicas (84%) y médicos (16%). De acuerdo a los resultados obtenidos, 76,7% de las personas encuestadas sufrieron violencia psicológica, 17% violencia física y 16% violencia sexual.
Entre quienes manifestaron haber sufrido violencia psicológica, los tipos de agresiones más frecuentes fueron gritos e insultos; “críticas, subestimaciones, desvalorizaciones y/o menosprecios” sobre su desempeño laboral o intelectual; amenazas verbales y no verbales, y limitaciones en “las oportunidades de capacitación, formación y/o ascenso”.
Los tipos de violencia física más identificados fueron “pellizcos, tirón de pelo, empujones”, “golpes de puño, con objetos, patadas y/o cachetadas” y “restricción de libertad de movimiento, quemada, agredida con arma blanca o de fuego, situación que pone en peligro la vida”.
En tanto, entre los casos de violencia sexual, las y los encuestados manifestaron haber recibido –explícita o implícitamente– “miradas persistentes” y comentarios con connotación sexual; acoso físico “por medio del roce de partes íntimas y no íntimas del cuerpo”; ofertas laborales, ascensos o aumentos de salario a cambio de actos sexuales; “amenazas para ofrecer favores sexuales”; recibir imágenes o videos sexuales sin consentimiento y haber sido víctima de masturbación pública. También se registraron casos de abuso sexual y violación mediante el uso de la fuerza o coerción psicológica.
El estudio concluyó que, en la mayoría de los casos, la violencia basada en género es ejercida desde los varones hacia las mujeres y que se evidenció “un problema de gran magnitud por el número de personas que denuncian episodios de violencia y por la dimensión de los mismos”.
El arduo camino hacia la denuncia
La inexistencia de datos refiere, en parte, a las dificultades que enfrentan las mujeres para denunciar situaciones de violencia, dijo Arteta. Mencionó que las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, “no les dan a estos planteos el peso que requieren, con excepción de las situaciones de violencia física o una violación”. La respuesta que muchas veces reciben las mujeres cuando toman el valor de denunciar es “bueno, te tocó nada más”, relató. “La percepción general es que ir a hacer una denuncia no tiene sentido porque quienes reciben el planteo no les van a creer o van a minimizar el hecho. Así, las situaciones de violencia terminan por naturalizarse”, afirmó.
Otra barrera que identificó Arteta es tener que denunciar a los agresores, que muchas veces ocupan cargos de mayor jerarquía en el propio lugar de trabajo. “Termina pasando que las médicas que denuncian son las que pagan y pierden su trabajo. Me imagino que debe ser algo común y corriente”, expresó la presidenta del SMU.
Frente a las dificultades para efectuar denuncias, el SMU solicitó al Ministerio de Salud Pública (MSP) hace dos años, en el marco de las negociaciones del Consejo de Salarios, establecer un mecanismo de recepción de denuncias por fuera de las instituciones y que garantice la confidencialidad y protección de las denunciantes. Aún no se ha definido el formato en que la propuesta podría funcionar –si a través de una comisión o de un sector específico–, pero la iniciativa tiene el aval del subsecretario del MSP, José Luis Satdjian, aseguró Arteta. Las negociaciones sobre este tema se vieron entorpecidas por la pandemia. “No sé si generar este mecanismo es la mejor respuesta, pero es una forma de visibilizar estas situaciones”, manifestó la presidenta del SMU.
Mientras tanto, desde el sindicato se han realizado y se realizan “intervenciones” en centros de salud en los que se denunciaron situaciones de violencia de género a través de reuniones de abogados en representación del gremio y la institución en cuestión. En ese marco, Arteta contó que se han dado situaciones en que profesionales “son cambiados de lugar [de trabajo]” y, en otras, donde “hay claras situaciones de acoso”, fueron desvinculados de su cargo.
Fuentes del MSP aseguraron a la diaria que, actualmente, las denuncias por situaciones de violencia de género atravesadas por trabajadoras de la salud se presentan en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como “cualquier trabajador”.
Protocolo en ASSE
En agosto de 2020, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) presentó un nuevo protocolo de actuación ante situaciones de acoso y violencia laboral, que incluye el abordaje de manifestaciones de violencia de género. El objetivo es mejorar el protocolo establecido en 2013, mediante la centralización y agilización del trámite de las denuncias ante la Comisión Técnica de Acoso Laboral de ASSE, explica el organismo en su página web. Además, el nuevo protocolo otorga a la comisión la facultad de actuar de oficio ante situaciones de violencia y acoso laboral.
El plan de acción abarca a todas las personas que formen parte de la institución, desde funcionarias y funcionarios hasta estudiantes que trabajan en unidades asistenciales o empresas tercerizadas. Durante la presentación del protocolo, el vicepresidente de ASSE, Marcelo Sosa, dijo a la prensa que en el directorio se han encontrado con varias denuncias presentadas hace años cuyos procesos no han culminado. Sosa sostuvo que desde 2018, año en que se creó la comisión, se han presentado “denuncias importantes, pero no en gran cantidad”.