Este viernes se celebró la sesión anual del Consejo Nacional de Género (CNG), el espacio interinstitucional de definición de las líneas estratégicas de las políticas públicas de igualdad de género, integrado por autoridades de 26 organismos del Estado y representantes de la academia y la sociedad civil. En el encuentro, que duró alrededor de dos horas, cada organismo informó sobre las acciones que despliega actualmente en la materia y adelantó cuáles son los compromisos para el próximo año.
La instancia estuvo presidida por la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y presidenta del CNG, Mónica Bottero, que antes de dar lugar al intercambio entre las autoridades presentó una rendición de cuentas sobre el trabajo que se realiza en el espacio interinstitucional. En ese sentido, recordó que durante la primera sesión de este consejo, en 2020, se definieron cuatro líneas estratégicas: aumentar, mejorar y profundizar la respuesta en materia de violencia de género; promover la autonomía económica de las mujeres; promover una mayor participación de mujeres en cargos de decisión política; y la “territorialización profunda” de las tres líneas anteriores.
Respecto del eje vinculado a violencia de género, Bottero anunció que la semana que viene, después de un año y medio de trabajo, se presentará oficialmente el Plan Nacional por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres 2022-2024, en el marco del mes del #25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los lineamientos principales del plan fueron presentados por la directora general de Políticas de Género del Ministerio del Interior (MI), Angelina Ferreira, que participó de la reunión como representante del Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres.
Ferreira señaló que el plan fue elaborado con base en dos consultorías, que “fueron llevadas a cabo de manera interinstitucional, participativa, donde también participó la sociedad civil, y contó con apoyo de ONU Mujeres, el Fondo de Población de Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo”. Destacó que el documento “tiene en cuenta” la ley integral de violencia de género y que su objetivo general es “brindar respuesta, atención y acceso a la Justicia para prevenir, enfrentar y reducir la violencia basada en género” y “garantizar el efectivo goce de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia de género”. Además, enfatizó que abarca las distintas interseccionalidades, como “género, etnia, edad y situación de discapacidad”.
En cuanto a los objetivos específicos, Ferreira mencionó la importancia de “fortalecer el trabajo y la respuesta interinstitucional que hacen las comisiones en territorio, que es donde se brinda la respuesta a las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia basada en género”. A la vez, dijo que se busca “la promoción de derechos, que está dirigida a las instancias de formación, capacitación y actualización profesional en esta materia”, e incluye también la elaboración de “campañas informativas dirigidas a la población, poniendo énfasis en el respeto a los derechos humanos, la libertad y no discriminación entre mujeres y varones”.
Otro de los objetivos es garantizar un mejor acceso a la Justicia, y en ese sentido el plan “procura fortalecer la capacidad de atención y respuesta de las instituciones”. También incluye la “reparación de derechos”, centrada en “fortalecer la autonomía personal de las mujeres que viven violencia basada en género mediante la garantía del derecho a la vivienda, la capacitación y la inserción laboral”, “mejorar el registro y la calidad de los sistemas de información”, y “colaborar en la generación de conocimiento acerca de la prevalencia de la violencia basada en género”.
La representante del MI dijo que, con este plan, se espera “aumentar la promoción de la autonomía económica de las mujeres que viven violencia de género”; “incorporar esta materia en la currícula de enseñanza, tanto de la educación pública como de la educación privada”; “disminuir los hechos de violencia obstétrica”; “visibilizar los hechos de violencia en el trabajo”; y “capacitar en forma permanente al funcionariado” de las instituciones involucradas.
Después de la presentación, Bottero dijo que el consejo consultivo de violencia de género ya “validó” el plan y se dirigió a las autoridades presentes para decirles que “si nadie tiene objeciones” se asume que el CNG también lo respalda.
Más adelante, cuando fue su turno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, se refirió a los esfuerzos del Poder Judicial en materia de violencia de género. En esa línea, dijo que se logró “poner en funcionamiento un solo juzgado” especializado de los tres previstos en el Presupuesto 2020-2024, el de Maldonado, y que la demora en la instalación de las otras dos sedes se debe a “problemas burocráticos” y “no es falta de voluntad”. De todos modos, reconoció que hay “problemas presupuestales” que impiden instalar más juzgados.
Autonomía económica y líderes políticas
Acerca del segundo eje estratégico, vinculado con la autonomía económica, la directora de Inmujeres mencionó en particular la creación del Grupo Autonomía Económica del CNG, que se dividió en tres subgrupos: uno dedicado a la “comunicación para la sensibilización ciudadana”; otro para revisar la normativa; y un tercero para “generar y proponer instrumentos para el fortalecimiento del trabajo remunerado de las mujeres”.
Bottero explicó que, a partir del trabajo de estos grupos, se presentaron tres propuestas. El equipo de comunicación para la sensibilización ciudadana está trabajando en el desarrollo de una campaña en torno a la correponsabilidad en los cuidados, con énfasis en las licencias por paternidad. En tanto, la segunda comisión “analizó normativas en variados tópicos, como la categorización de los asistentes personales, para que se transformen en una profesión en sí misma, teniendo en cuenta la alta responsabilidad que significa el cuidado”. Sobre esto, advirtió que se trata de un trabajo “altamente feminizado, que recibe los salarios más bajos y que además está equiparado al servicio doméstico, que no es exactamente igual como tarea”. Por su parte, la tercera comisión abordó la posibilidad de generar “algunos instrumentos que fortalezcan el trabajo remunerado”, dijo Bottero, por ejemplo, el monotributo social del Mides, que es alcanzado por “60% de mujeres y de contextos de pobreza, con dificultades para acceder”.
La directora de Inmujeres mencionó otras iniciativas que lleva adelante el instituto específicamente, como la próxima presentación de una nueva encuesta del uso de tiempo -que mide cuánto tiempo destinan las mujeres al trabajo no remunerado-, y la reglamentación de la Ley 19.846 de igualdad, “que incluye la creación de un fondo administrado por Inmujeres para poder generar proyectos de apoyo a la autonomía económica”.
En materia de participación de mujeres en cargos de decisión política, que compone el tercer punto estratégico, Bottero destacó el Programa de Fortalecimiento para Líderes Políticas, cuya primera edición -que empezó en julio y termina en noviembre- contó con la participación de 63 líderes de todos los partidos políticos, con una formación de 80 horas divididas en cinco módulos.
“Somos una de las pocas democracias plenas del mundo; sin embargo, estamos en el lugar 100 en cuanto a integración de mujeres en el Parlamento. Por lo tanto, hay una necesidad de impulsar liderazgos”, afirmó Bottero. La directora de Inmujeres dijo que el programa tendrá dos ediciones el año que viene.
Promoción del trabajo
Durante la reunión participaron representantes de los distintos ministerios y otros organismos públicos. Debido a que este año el objetivo del CNG era poner el énfasis en la autonomía económica de las mujeres, uno de los primeros en hablar fue el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, que presentó las acciones de la cartera en materia de violencia de género y mencionó algunas “oportunidades futuras” de iniciativas que puede acompañar.
En lo que tiene que ver con violencia basada en género, el jerarca destacó que hace un año se firmó un convenio con el sindicato de trabajadores del ministerio “que extiende la licencia establecida en el artículo 40 de la Ley 19.580, otorgando el uso de una licencia especial mayor a la estipulada con horario especial para aquellas funcionarias que estén viviendo una situación de violencia basada en género” y también incluye el “asesoramiento correspondiente sobre los servicios de atención especializados”.
Por otra parte, dijo que también se desarrolló una “cooperación bilateral” con Argentina, a través de la Red Intercamericana para la Administración Laboral, para “asesorar y apoyar en la elaboración de un manual contra la violencia en el lugar de trabajo”. En ese sentido, dijo que se conformó “un grupo integrado por funcionarias capacitadas en la temática” que está trabajando en este objetivo.
Mieres dijo que el objetivo “inmediato” es “hacer la presentación del manual para los funcionarios, planificar tareas de sensibilización y uso del mismo, mejorar el protocolo de actuación en materia de violencia laboral, y dar difusión del manual entre los integrantes del CGN a efectos de ofrecerlo a otros organismos del Estado”.
Con respecto a la autonomía económica, dijo que la cartera está “totalmente disponible para utilizar los medios de difusión” para sumarse a la campaña sobre corresponsabilidad en los cuidados. Dijo, además, que hay un “compromiso” de “promover en el marco de la negociación colectiva la posibilidad de incorporar elementos que tengan que ver con corresponsabilidad, con la posibilidad de establecer allí cláusulas referidas a la corresponsabilidad de los cuidados en los acuerdo que se establezcan”.
También “se han mantenido reuniones con el Sistema Nacional de Cuidados y en ese sentido una línea de trabajo es establecer en qué grupo de Consejo de Salarios podemos incorporar la negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente cuidadoras, que pueden negociar sus beneficios laborales y su salario”, expresó el ministro.
Con respecto a la formalización de emprendimientos liderados por mujeres y el acceso al crédito, Mieres se comprometió a brindar desde el ministerio “un apoyo de un técnico específico, para el tema de la formalización laboral y en lo que tiene que ver con monotributistas del Mides fundamentalmente”.
Al mismo tiempo, dijo que “se han realizado diversos conversatorios y talleres” para funcionarias y funcionarios sobre lactancia y nutrición, y se firmaron convenios -uno con una guardería y otra con un colegio bilingüe de la zona- “para favorecer el acceso de los hijos de los funcionarios y permitir también el tema del trabajo”.