El 17 de octubre se cumplieron diez años de la aprobación de la Ley 18.987 que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Uruguay hasta las 12 semanas de gestación (y 14 en casos de violación). En su momento, la norma –que fue aprobada después de una larga lucha liderada por el movimiento de mujeres y feminista– fue pionera en la región y puso al país a la vanguardia en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Sin embargo, una década después, organizaciones, activistas y especialistas recuerdan que no es la ley que querían sino la que se pudo negociar en ese entonces, e insisten con que hoy es necesario actualizarla, sobre todo, en un contexto en el que la legalización del aborto avanza con fuerza en América Latina, en muchos casos con legislaciones más amplias y menos restrictivas.
En el marco del décimo aniversario de la ley uruguaya, referentes en el tema visibilizaron las dificultades que persisten en la implementación y otras barreras que siguen obstaculizando el acceso a este derecho. Estas fueron las líneas centrales de la actividad “A diez años de la ley de aborto en Uruguay: lo que conquistamos, lo que necesitamos lograr”, convocada por el programa Género, Cuerpo y Sexualidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Universidad de la República).
Las expositoras invitadas recordaron que el camino que llevó al aborto legal estuvo plagado de obstáculos e intentos frustrados. La antropóloga Susana Rostagnol, coordinadora del programa Género, Cuerpo y Sexualidad, rememoró que un primer intento tuvo lugar en 2002, con un proyecto que sólo llegó a recibir la media sanción de la Cámara de Diputados. La esperanza se reeditó en 2008, cuando el Parlamento aprobó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que incluía la despenalización del aborto, pero este artículo fue vetado por el entonces presidente Tabaré Vázquez. Así fue que se llegó a la ley de 2012, que “salió como pudo, con mucha negociación”, dijo la académica.
La psicóloga Cecilia Stapff, que integra la asociación civil Iniciativas Sanitarias y ha liderado equipos de capacitación en la temática, remarcó que “en esta negociación” quedaron “aspectos de la ley que quizás no son los más deseables” y son los que hoy generan dificultades.
Desafíos y barreras
Para poder mejorar el acceso al aborto es necesario identificar cuáles son las barreras y dificultades que existen. En ese sentido, Stapff dijo que un primer obstáculo que surge de la ley es la consulta obligatoria con el equipo interdisciplinario que, de acuerdo con la normativa, tiene el rol de informar sobre el procedimiento para que la mujer tome la decisión de manera “consciente y responsable”. “Eso, al principio, era visto como que la mujer tiene que pasar por un tribunal, en donde profesionales la miden, la evalúan y aprueban o desaprueban”, consideró la integrante de Iniciativas Sanitarias. En ese sentido, aseguró que en esta década su organización trabajó para que sea “una instancia en la que la mujer pueda sentirse contenida” y “tener un abordaje más integral, no solamente desde lo biomédico”.
Otro aspecto que cuestionó es el período obligatorio de cinco días de reflexión para que la persona ratifique su decisión de seguir adelante con la IVE. “La mayoría de las mujeres que vienen a la consulta ya vienen con una decisión muy avanzada y muy formada. Entonces, esos cinco días obligatorios también hacen que el proceso sea un poquito más engorroso”, señaló Stapff.
“Decidir sobre mi cuerpo no es mi derecho; lo tienen a la larga esos tres miembros de ese tribunal que no es un tribunal, y que me van a enseñar a reflexionar, porque me van a dar información para que yo reflexione”, apuntó por su parte Lucy Garrido, coordinadora de Cotidiano Mujer. Según dijo, la “verdadera información” debería ser difundida por el Estado en campañas “para que todas las mujeres de este país, y sobre todo las más jóvenes, sepan que tienen derecho y cómo es que pueden hacer para ejercerlo”.
La periodista y activista feminista también resaltó como barrera la disposición de la ley que establece que sólo pueden abortar las extranjeras que acrediten que residen en Uruguay desde hace, como mínimo, un año. A su entender, esto es “anticonstitucional”, porque “la Constitución dice que las personas migrantes tienen los mismos derechos que los nacidos en Uruguay”. Garrido dijo que hay que “arreglar” al menos ese artículo y, si no es posible, “que se arregle en la reglamentación, porque las mujeres migrantes tienen todo el derecho a abortar al otro día de que llegan a este país”.
Por su parte, Rostagnol cuestionó que no se pueda saber qué médicos son objetores de conciencia, algo que evitaría que las mujeres se enfrenten a profesionales que intentan convencerlas de no abortar, algo que hoy “les sucede a muchas”.
Mientras tanto
Las referentes aseguraron que la normativa tiene que actualizarse, pero coincidieron en que hoy no es el momento para abrir el debate y presentar modificaciones. “Tan pionero que fue Uruguay a nivel regional en la promulgación de esta ley hace diez años, hoy por hoy estamos bastante rezagados, porque esta ley ya está quedando un poco vieja, por todo esto que mencionamos, que habría que aggiornar”, apuntó Stapff. De todas formas, aseguró que “políticamente estamos en un momento muy contrario”, por lo que introducir cambios ahora “sería de un riesgo mayúsculo”.
En el mismo sentido, Rostagnol opinó que estas cuestiones “no se pueden poner ahora sobre la mesa, porque las amenazas son múltiples, empezando por la amenaza de proyectos de ley como el que busca dar sepultura a un cigoto”, dijo, en referencia a la iniciativa de “hijos nacidos sin vida”, que está a estudio de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado desde hace más de un año.
En tanto, Garrido recordó que en Colombia el movimiento Causa Justa logró la despenalización del aborto hasta las 24 semanas después de enfrentar una “guerra” que “no es nada al lado de todo lo que tuvimos acá”. Por eso, llamó a “no achicarse”. “Ahora hay que ir preparándose y viendo cómo nos juntamos, cómo nos vamos reuniendo, cómo nos coordinamos, y en algún momento cambiará esto y podremos avanzar un poco”, dijo la activista.
Mientras tanto, se pueden tomar medidas para fortalecer la implementación. “Hay cosas que se pueden ir haciendo mientras vamos buscando el momento para esto otro”, afirmó Stapff. La psicóloga dijo que un primer “aspecto a mejorar” es la capacitación de los equipos de salud, que según recordó se hizo cuando se empezó a implementar la ley, en 2012, “pero después no se repitió y esto tiene que ser continuo”, porque “los equipos van rotando”.
Por otro lado, Rostagnol apuntó a la importancia de la educación sexual integral para que mujeres, niñas y adolescentes sepan que viven en un país donde tienen “derecho a decidir sobre su cuerpo”.
Por su parte, Garrido propuso “trabajar en mejorar la reglamentación para que las mujeres migrantes puedan abortar” sin la condición de haber residido al menos un año en el país.
En cualquier caso, “hay que empezar por algún lugar”, afirmó la activista, “porque estamos haciendo más que hablar del aborto: estamos cambiando el imaginario y luchando contra la hegemonía cultural. Es esta nuestra lucha. Por estar mejor y más felices”.