Este miércoles se celebra el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, una fecha definida en el quinto Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe de 1990, que busca visibilizar y reivindicar el derecho de las mujeres a abortar de manera segura, libre, legal, gratuita e informada. En ese marco, la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), el colectivo Gozarte, la Red de Acompañamiento Feminista en Aborto Las Lilas y la Secretaría de Género y Diversidad del PIT-CNT convocaron a una conferencia para hacer un balance sobre la situación en Uruguay.

Las organizaciones recordaron que este año se cumplen diez años de la aprobación de la Ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y de la puesta en marcha de los servicios legales de aborto en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Esta norma “puso al país a la vanguardia en la región al atender una demanda histórica del movimiento de mujeres y feminista, asegurándonos la autonomía reproductiva y la libertad de decidir”, resaltó la directora de MYSU, Lilián Abracinskas. Sin embargo, “en este 28 de setiembre y a estos diez años [de la aprobación de la ley], queremos hacer saber cómo están las condiciones hoy en Uruguay”, introdujo la activista.

En la proclama que leyeron las representantes de las organizaciones, aseguraron que “el mundo ya evolucionó” y el marco normativo uruguayo “debe superarse para armonizar con la experiencia acumulada en esta década y en base a las nuevas evidencias y directrices emitidas por la Organización Mundial de la Salud [OMS]”. A la vez, señalaron que erradicar el delito del aborto del Código Penal “es un pendiente”. “Si bien tenemos que celebrar que la IVE sea legal” en Uruguay, “no podemos quedarnos calladas cuando este derecho no es accesible ni respetado” en muchos casos, enfatizaron.

En esa línea, las activistas advirtieron que persisten “problemas” y “vacíos” en la implementación y que esto pasa en “varios niveles”. Entre esos problemas, aseguraron que los “servicios no se difunden ampliamente, gran parte de la población no conoce las condiciones y limitaciones que pone la ley para acceder a abortos legales” y “no se combate el estigma y la discriminación que siguen existiendo”, tanto hacia quienes deciden abortar como hacia los equipos profesionales que brindan atención.

Al mismo tiempo, alertaron que hay localidades y hospitales públicos “con 100% de profesionales de ginecología que rechazan brindar el servicio por sus creencias personales”, amparados en la objeción de conciencia, y señalaron los casos de Colonia del Sacramento, Mercedes y Melo.

En este sentido, cuestionaron que no sólo “poco se hizo para revertir esta situación”, sino que, además, la actual gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) “designó profesionales 'objetores' a cargo de los servicios que reniegan dar”, en clara referencia a la ginecóloga Gabriela Fischer, referente de salud sexual y reproductiva de la Red de Atención Primaria Metropolitana del prestador público, que fue denunciada por interferir en un proceso de aborto legal. “Lejos de avanzar, retrocedimos”, aseguraron las activistas.

Demandas concretas

Otro de los problemas que plantearon es que, desde que asumió el gobierno de Luis Lacalle Pou, las autoridades no han atendido a sus reclamos. Por eso, en este día emblemático, las organizaciones volvieron a recordar cuáles son las principales demandas a “todas y todos los responsables de los poderes del Estado”.

En concreto, pidieron que “garanticen las condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, sin discriminaciones”, y “respeten la autonomía reproductiva y la libertad de decidir” de toda persona que se enfrente a un embarazo no planeado. Además, exigieron el fortalecimiento de los mecanismos de difusión de los servicios y también de los de denuncia, en el caso que “no cumplan con la calidad y condiciones que establecen las normas”.

También insistieron en la necesidad de que se fiscalice de manera eficaz el adecuado cumplimiento en todas las instituciones del SNIS y se garantice que la objeción de conciencia “no sea un obstáculo ni barrera para el acceso a la atención de salud definida por la ley”. Consultada por la prensa, Abracinskas aseguró que MYSU viene pidiendo reuniones con autoridades del Ministerio de Salud Pública y Presidencia “desde mayo de 2020”, pero no hubo respuesta. “No hay posibilidad de dialogar y esto es un problema, porque no queremos que la intervinculación con quienes deciden sea solamente a través de los medios de comunicación”, detalló la directora de MYSU. Además, dijo, “hay un problema de comunicar a la población cuál es el nivel de prioridad que la política en salud sexual y reproductiva tiene en el país”.

Acerca de si consideran que la ley de IVE tiene que ser modificada o si alcanza con que se cumpla a cabalidad, Abracinskas dijo que “son las dos cosas al mismo tiempo”. En ese sentido, aseguró que “las leyes se hacen para que se cumplan, para que se implementen, para que se les dé un presupuesto, para que se garantice que lleguen a todos los rincones del país y a toda persona que lo requiere”, pero que, al mismo tiempo, la norma uruguaya “ya quedó vetusta”.

Puso como ejemplo que legaliza el procedimiento hasta las 12 semanas de gestación, cuando otras leyes aprobadas en los últimos años, como la de Argentina, lo permite hasta las 14. Y se refirió a los avances que ha habido en Colombia, que en febrero de este año despenalizó el aborto sin restricciones hasta las 24 semanas de embarazo, y en México, donde además de los logros en determinados estados, se avanzó a nivel nacional en términos de impedir que se sancione a las mujeres que abortan.

“La OMS plantea que la mejor norma es que no se criminalice el aborto y que realmente se haga accesible, porque hoy existe la posibilidad de que el aborto con medicamentos pueda ser autoadministrado en razones de seguridad y que el sistema de salud sólo intervenga cuando hay complicaciones”, puntualizó Abracinskas; “así que claro que tenemos que revisar, siempre que sea para mejoras”.