Legisladoras y legisladores del Frente Amplio (FA) decidieron presentar una denuncia contra el programa La pecera de Azul FM, conducido por Ignacio Álvarez, por la difusión de audios relacionados con el caso de violación grupal en el barrio Cordón. Con esta denuncia, las y los dirigentes frenteamplistas buscan evitar la “vulneración de derechos” y la “violencia de género” en los medios de comunicación, dijo a la diaria la diputada de ese partido Verónica Mato.
Por su parte, el fiscal de Corte, Juan Gómez, ordenó de oficio el inicio de una investigación penal por la presunta vulneración del artículo 92 de la Ley 19.580, de violencia basada en género contra las mujeres, que establece la imposibilidad de divulgar contenido íntimo de orden sexual sin el consentimiento de las personas involucradas. También por la vulneración del artículo 259.6 del Código del Proceso Penal, que impide la filtración de información reservada por parte de aquellas personas obligadas a guardar esa reserva.
Mato advirtió que, si bien la Fiscalía intervino de oficio sobre el mismo hecho, el planteo que hacen las bancadas parlamentarias del FA es “más amplio”. Además de la vulneración de varios artículos de la Ley 19.580, las y los dirigentes sostienen que se incumplió con el artículo 19 de la Ley 16.099, que define en qué consisten los delitos cometidos por los medios de comunicación, y con el horario de protección al menor establecido en la Ley 19.307, conocida como ley de medios.
Mato aclaró que la denuncia no se presentará como partido político sino por parte de “personas públicas” que creen que la difusión de estos contenidos “no aporta” en el marco de la investigación judicial del caso y, a su vez, “vulnera los derechos de las personas involucradas”. “Las y los comunicadores deben ser responsables en la forma de comunicar y no intervenir en el proceso judicial a través de la opinión pública”, apuntó.
En un comunicado difundido en las redes sociales el martes, representantes del FA afirman que “la reproducción de estos audios tuvo como objetivo demostrar una supuesta culpabilidad de la víctima en el caso, presentando la situación como una relación consensuada”. Aseguran que este hecho “implica un ejercicio de la violencia mediática” porque “se atenta contra la dignidad de la mujer implicada en los audios (sea quien sea ella)” y “refuerza y justifica la violencia hacia las mujeres intentando demostrar una supuesta complicidad de una mujer en lo que ella misma luego denuncia como violación”.
“Hacer público ese tipo de comentarios, audios privados y sin consentimiento de la persona atenta con las normas vigentes y no aporta a las relaciones entre las personas y para encontrar verdad y justicia”, expresó Mato.
La diputada señaló que la denuncia no promueve un “elemento adoctrinante” para los medios de comunicación y que las personas firmantes reconocen “el valor y la importancia” de la libertad de prensa, pero en este caso “claramente se infringió la ley, y es en ese sentido que como ciudadanas y ciudadanos consideramos que debíamos actuar”.
“Este tipo de situaciones genera mucho dolor en las víctimas, en personas que pasaron o pasan por situaciones similares. Ya sabemos las dificultades que se atraviesan para que una persona pueda efectuar una denuncia vinculada a estos casos. Si en los medios de comunicación se vulneran esas situaciones, no ayuda a que las personas puedan sentirse avaladas y puedan denunciar”, manifestó Mato.
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“Este tipo de periodismo no colabora”
Por su parte, la diputada del Partido Colorado María Eugenia Roselló señaló que entre los partidos de la coalición de gobierno la divulgación de los audios no se ha considerado formalmente, aunque sí se han mantenido conversaciones informales entre dirigentes de las distintas agrupaciones políticas. La diputada colorada planteó que, desde su perspectiva, lo más adecuado es aguardar a que se expida la Justicia y, a partir de allí, “tener una opinión” conjunta. “Realmente es escalofriante lo que le pasó a esta mujer”, consideró.
Para Roselló, la difusión de estos contenidos “no ayuda” y “no conduce a nada”. “Es momento de tratar de aportar para mejorar las relaciones entre las personas y no generar cosas para seguir provocando una grieta. Es muy indignante”, expresó. A su vez, coincidió en que la divulgación de estos audios genera mayores dificultades para que las mujeres que atraviesan situaciones de violencia sexual y de género puedan denunciar. “Este tipo de periodismo no colabora”, apuntó.
“Uruguay, si bien es un país de avanzada en relación a los derechos y protecciones sociales, y sobre todo en los derechos de las mujeres, en este tipo de situaciones está muy rezagado. Una lee los comentarios en las redes sociales o escucha comentarios respecto de estos temas y queda espantada por cómo se juzga a la víctima y no tanto a los victimarios”, manifestó la legisladora.
“Mejores prácticas periodísticas”
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) emitió un comunicado este miércoles a raíz de la divulgación de audios con “contenido íntimo” durante el programa radial conducido por Álvarez, en los que “se expone a la denunciante [de la violación grupal]” sin consentimiento de las partes involucradas.
El texto elaborado por la Comisión de Género del sindicato ratifica la “importancia de realizar una cobertura informativa que siga las mejores prácticas periodísticas”. “Para cubrir temas de agresiones sexuales o violaciones es necesario realizar un abordaje muy respetuoso de la situación de quienes denuncian, así como la defensa, siempre cuidando la sensibilidad del tema que se trata”, agrega el documento.
En esa línea, la comisión hace referencia a dos artículos del Código de Ética de APU. Por un lado, el artículo 21, que establece que las y los periodistas “cuidarán especialmente el uso de la imagen en coberturas de hechos violentos”, y, por otro lado, el 22, que plantea que en las coberturas periodísticas de “crímenes, tragedias o accidentes” se debe ser “respetuosos del dolor ajeno, evitando testimonios que revictimicen a las personas en situación de vulnerabilidad” y “no deben obtener de modo inconsulto imágenes o audio de las personas involucradas en hechos violentos”.
La periodista Pilar Teijeiro, que integra la Comisión de Género del sindicato, dijo a la diaria que el comunicado surgió a raíz de “varias consultas” y “preocupación” de colegas, en su mayoría periodistas mujeres, por el abordaje mediático del caso de la violación grupal en Cordón. La idea de pronunciarse al respecto estaba presente desde hace varios días, pero demoró más de lo previsto por las dificultades propias de elaborar un comunicado consensuado y que lo tome el Consejo Directivo Central de APU, explicó la periodista. En ese proceso tuvo lugar la cobertura del programa radial en Azul FM, que aceleró el proceso.
“Se trata de poner un pienso en la práctica periodística”, explicó Teijeiro. Además de los artículos citados en el comunicado, la periodista señaló que en el Código de Ética hay otros postulados que refieren al abordaje de situaciones de violencia y discriminación de género. “Los artículos citados son los más claros vinculados al tema, pero hay otros sobre todo tipo de discriminación”, sostuvo. Aclaró que el código es “un marco de referencia” y su incumplimiento puede derivar en una sanción, según la gravedad del caso y si la o el comunicador involucrado está afiliado al sindicato.
La visión del director del SECAN
El director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, Gerardo Sotelo, defendió en su cuenta de Twitter la divulgación de la grabación por parte del programa de radio. A su juicio, “la grabación arrojaría elementos clave para determinar la verdad sobre los hechos (en especial sobre si hubo delito y si los involucrados deben ser penal y socialmente condenados) y su divulgación ayudaría a la comunidad, conmovida e indignada, a entender qué pasó”.
En su opinión, la divulgación de grabaciones “es del mayor interés social y, por lo tanto, periodístico, por lo que no divulgarlo significaría una falta ética” y “la legislación nacional e internacional en materia de Libertad de Expresión protege a periodistas y medios aún en casos en los que la privacidad, la sensibilidad y el ‘buen gusto’ puedan verse afectados. El tema es lo suficientemente delicado como para tratarlo con la mayor precaución, procurando, hasta donde se pueda, no hacer más daño a las posibles víctimas”.