Está previsto que el próximo martes se discuta en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado el proyecto de ley de “corresponsabilidad en la crianza” o tenencia compartida, después de que se postergara la votación la semana pasada. La iniciativa, que propone regular la actuación de la Justicia en casos de parejas separadas con hijas e hijos a cargo sin un régimen acordado entre las partes, cuenta con el respaldo acordado de los senadores de la coalición de gobierno.
El anuncio de que se acordó un nuevo proyecto para aprobarlo, tras introducir algunas modificaciones, provocó el rechazo de especialistas en infancia y adolescencia, organizaciones sociales, organismos como la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y de la oposición y algunos integrantes de la coalición de gobierno. En todos los casos, plantean que la propuesta retrocede en materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y no garantiza su protección al establecer, por ejemplo, que el juez tiene la responsabilidad de decidir si se mantiene o no el régimen de tenencia y el derecho a las visitas en caso de que uno de los progenitores tenga medidas cautelares por denuncias realizadas por el otro progenitor.
Este viernes, la Coordinadora de Feminismos se sumó a quienes se oponen al proyecto y alertó en un comunicado que la iniciativa “perpetúa la violencia vicaria”, así como otras “formas de violencia patriarcal hacia mujeres, niñes y adolescentes”. La violencia vicaria es definida en el texto como “aquella que se ejerce sobre los hijos y las hijas para herir a la madre”.
La plataforma de colectivos asegura que actualmente, en Uruguay, “existen muchos casos de violencia vicaria, que se encubren en la disputa por la tenencia compartida o completa” de los hijos o hijas. En esa línea, cuestionan el uso de la vía judicial “para buscar una legitimación cómplice que coloca a las mujeres en la mira de acusaciones y discursos de odio”. “Se desacredita su palabra, se la juzga y condena poniéndola en el lugar de victimaria”, agregan las activistas feministas, y mencionan frases “habituales” que pronuncian los padres en las salas judiciales, como que la madre “manipula” a los hijos, “los pone en mi contra”, “miente, fabula”, “los descuida” o “antepone sus actividades personales a las de ellos”. “La mayoría de las veces, se trata de padres ausentes o con previas denuncias de violencia y abuso” hacia la madre o los hijos, apuntan.
La Coordinadora de Feminismos asegura que el proyecto se basa “sólo en situaciones judicializadas”, ya que “no existen investigaciones nacionales que muestren el incumplimiento de la normativa vigente, por lo que se podría afirmar que las razones que motivan la formulación de dichas propuestas no derivan del orden jurídico”.
Por todo esto, los colectivos alertan que la iniciativa “no sólo es regresiva en cuanto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, sino que reproduce la falsa dicotomía de que un hombre violento puede ser buen padre”. Advierten, además, que la “imposición legal de una tenencia compartida que desconoce la realidad” de la infancia y la adolescencia no resuelve los problemas vinculados con “la división sexual del trabajo, las tareas de cuidado y lo referente a la doble y triple jornada laboral de mujeres y disidencias”. En este escenario, llaman a “estar alertas y movilizarnos”.