La senadora del Partido Nacional Carmen Asiaín presentó el martes la nueva redacción del proyecto de ley de “corresponsabilidad en la crianza” o tenencia compartida en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Tras la divulgación del contenido del documento, distintas organizaciones por los derechos de las niñas, niños y adolescentes se manifestaron en contra, como ya lo habían hecho ante la versión anterior de una iniciativa que se intenta transformar en ley desde hace dos años.
Expertas manifestaron a la diaria que las modificaciones aplicadas no constituyen “ningún avance” respecto del proyecto anterior. De hecho, consideraron que el “contenido” es el mismo, así como la “ideología” que lo atraviesa, y que el proyecto es “igual de perjudicial” para las niñas, niños y adolescentes. Además, destacaron que se mantuvieron las violaciones a las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño y que la propuesta “arrasa” con la Ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género. Las especialistas coincidieron en que aprobar esta norma implicaría un “retroceso de 30 años” en materia de los derechos de la infancia y la adolescencia.
“Estamos muy preocupadas y alarmadas”, dijo a la diaria Ana Lima, abogada experta en derechos humanos de las mujeres, exjueza y actual coordinadora del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem). “Este nuevo proyecto es idéntico al anterior. Prioriza a los progenitores, en especial a los varones, respecto de las niñas, niños y adolescentes”, expresó.
Para la abogada, hay varios puntos de preocupación. En primer lugar, señaló que se “inventa” el “principio de la corresponsabilidad en la crianza”. “En Uruguay, el Código Civil prevé desde el siglo XIX la patria potestad compartida y, por lo tanto, los derechos y obligaciones de ambos progenitores”, apuntó. En ese marco, señaló que, desde entonces, lo que ha cambiado es el concepto de pater familias (padre de familia) entendido como “quien ordena qué es mejor o peor para sus hijas e hijos”, y el “foco” de las políticas públicas pasó a estar en los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, sostuvo que si bien este proyecto dice sostenerse en las disposiciones de la Convención Internacional de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, en los contenidos de dicha norma no aparece este principio. La abogada apuntó que esta norma “lo que hace es decir a los estados que, primero, deben garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, y a partir de allí, establecer las obligaciones y derechos de padres y madres”. “El invento de este principio [de corresponsabilidad] invierte el orden de protección de derechos”, agregó. Enfatizó en que la Convención “no puede interpretarse de cualquier manera”, que “hay reglas” y “no puede usarse para restringir derechos”.
Por otra parte, la especialista aseguró que en el texto hay una “confusión” entre materia penal y materia civil de derechos de familia que es “muy preocupante”. Esto se ve, por ejemplo, al invocar el principio de inocencia para mantener las visitas a pesar de haberse establecido medidas cautelares. Lima apuntó que el principio de inocencia corresponde al derecho penal y “no tiene nada que ver” con las medidas cautelares y modalidades de visita, que están dentro del derecho civil.
“En este proyecto se plasma la desconfianza en la palabra y opinión de las niñas, niños y adolescentes”, “prácticamente los borra”, y sus voces quedan “totalmente supeditadas al criterio y las ideas de técnicos que no están formados en esta materia, y de abogados que hablarán por ellos”, sostuvo Lima.
Sin “garantías mínimas de protección”
Por su parte, Fabiana Condon, psicóloga especializada en violencia hacia la infancia y adolescencia e integrante de la asociación civil El Paso, manifestó que este proyecto de ley mantiene una perspectiva adultocéntrica y pone “en riesgo” la vida de las niñas, niños y adolescentes porque “no da garantías mínimas de protección” a las infancias que se animan a denunciar situaciones de violencia.
Para la experta, que se mantengan las visitas a pesar de haberse establecido medidas cautelares es “una acción de violencia institucional grave”. “Es un grave retroceso que atenta contra el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser protegidos, arremete contra una medida mínima de protección y la posibilidad de evaluar en condiciones seguras a las y los chiquilines que viven situaciones de violencia”, manifestó.
En relación con la tenencia compartida o corresponsabilidad, Condon sostuvo que varias organizaciones involucradas en el tema ya habían planteado que era “sumamente innecesario” y destacó los “errores” en la “forma y contenido” del proyecto actual y del anterior. “Nuestra legislación vigente ya prevé estas situaciones y plantea la tenencia compartida en el caso de que sea lo mejor para las niñas, niños y adolescentes”, apuntó.
“En este proyecto se vulnera de forma grave el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos, se insiste en los niños como propiedad de los adultos, la defensa está centrada en las entrevistas al padre o la madre y después en escuchar al niño en compañía de uno de sus progenitores”, expresó Condon. La psicóloga agregó que “es un proyecto que nació de la presión de colectivos que no presentan evidencia y que parten de premisas falsas, como adultos que dicen verse injustamente afectados por decisiones de la Justicia o que dicen ser víctimas de denuncias falsas”.