La consigna “Una ley innecesaria que daña la infancia” volvió a circular estos días en las redes sociales, impulsada por distintas organizaciones que se oponen al proyecto de ley de tenencia compartida, que será tratado este martes en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. La campaña de la sociedad civil comenzó cuando se presentaron las primeras iniciativas en este sentido, hace dos años, y retomó impulso después de que el proyecto fue presentado el martes pasado con modificaciones en la mencionada comisión, con la intención de votarlo esta semana.
Es en este escenario que organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia y colectivos feministas exigieron este domingo que el Parlamento no apruebe la ley, ya que “pone en riesgo la situación de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia”. De aprobarse el proyecto, se estaría incumpliendo “la responsabilidad que tiene el Estado de proteger y garantizar derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente el de vivir una vida libre de violencia”, según denuncian en un comunicado conjunto, firmado por el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay, la Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, la Red Pro Cuidados, el Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Intersocial Feminista.
Una de las disposiciones más criticadas es la que confiere al juez la responsabilidad de decidir si se mantiene o no el régimen de tenencia en caso de que se adopten medidas cautelares a partir de denuncias formuladas “por parte de un progenitor contra el otro”, así como el derecho a las visitas por parte del progenitor al que se le aplican dichas medidas cautelares. “El nuevo proyecto de ley mantiene en su articulado aspectos que atentan contra el interés superior del niño, ‘forzando’ las visitas a los niños de las personas que ejercen violencia y omitiendo la responsabilidad del Estado de protección contra toda forma de violencia. ¿Un adulto mantiene visitas obligatorias con una persona violenta? ¿Por qué obligar a los niños a repetir las situaciones de violencia?”, cuestionan las organizaciones. “El principio rector debe ser siempre la protección de las niñas, niños y adolescentes porque los daños son irreparables”, agregan.
En ese sentido, y en línea con la posición de especialistas consultadas por la diaria, consideran que la propuesta implica “un retroceso legal”, porque “vuelve a considerar a niñas, niños y adolescentes objetos de tutela del mundo adulto ignorando que son sujetos de derecho y que, por lo tanto, tienen una protección especial por parte de la ley”. Al mismo tiempo, “silencia la voz de los niños y prioriza a las personas adultas” y “desconoce que las violencias son ejercidas por personas en su entorno inmediato y que las situaciones se detectan en una fase crítica, cuando los daños ya están hechos”.
Para las organizaciones firmantes, el proyecto “desconoce”, en general, “la realidad de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes en nuestro país”. Al respecto, recuerdan que, en 2021, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) intervino en 7.035 casos de violencia, un registro que “ha seguido en aumento y da cuenta de un grave problema de nuestra sociedad”.
Por otra parte, denuncian que quienes impulsan el proyecto se “negaron” a “tomar en cuenta todas las observaciones que hicieron al respecto las organizaciones sociales, así como los pronunciamientos que divulgaron las facultades de Derecho y de Psicología de la Universidad de la República, la Asociación de Magistrados del Uruguay, la Asociación de Defensores de Oficio, Unicef y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, cuando se dieron a conocer los proyectos iniciales. “Ninguna de las consideraciones aportadas por diversos especialistas al grupo de parlamentarios fueron tomadas en cuenta”, cuestiona el comunicado.
Frente a la inminente votación, las organizaciones también exhortan a “las funcionarias y funcionarios públicos” a que, “desde su lugar de responsabilidad en la protección de derechos humanos, se pronuncien públicamente al respecto”, en tanto “el silencio es cómplice de su desprotección”.