“Las calles son nuestras, el Estado tiene que dar respuestas” es la consigna elegida para la Marcha por la Diversidad que tendrá lugar este viernes en Montevideo. La frase intenta resumir dos ideas: por un lado, reivindicar la “toma del espacio público” por parte de la comunidad LGBTI y el resto del movimiento social; por el otro, señalar al responsable de garantizar los derechos de estas poblaciones y exigir que dé respuestas a los problemas. Así lo explicó Daniela Buquet, una de las voceras de la Coordinadora de la Marcha. Como todos los años, la principal reivindicación es el “derecho a ser”, a la que se suma la demanda por “una vida digna, con trabajo y educación, con salud y vivienda”.
Será la primera marcha después de la pandemia, que para muchas disidencias significó un agravamiento de las distintas vulneraciones que ya vivían, sobre todo en el caso de las personas trans. Precisamente, la falta de cumplimiento de algunos de los puntos de la Ley Integral para Personas Trans es uno de los reclamos que siguen renovando las organizaciones desde la aprobación de la norma en 2018. El Ministerio de Desarrollo Social, que se encarga del seguimiento de varias de las disposiciones, asegura que trabaja para poder avanzar sobre todo en materia de inserción laboral y educativa de las personas trans, como contó la jefa del Departamento de Diversidad Sexual de la cartera, Luisina Tuduri, aunque reconoció que hay un “montón de cuestiones que todavía no están resueltas”, como la referida a la salud.
Los obstáculos en la atención a la salud se hacen todavía más evidentes en el caso de las infancias trans, que requieren un acompañamiento especial, tanto las niñas y los niños como sus familias. En esto coincidieron Catherine Costa, Fiorella Caballero y Magela Dewailly, mamás de tres niñes trans, que además compartieron sus historias y los desafíos que tuvieron que atravesar en los procesos de sus hijas e hijos.
Las mujeres que tienen vínculos sexoafectivos con mujeres tienen su propia forma de habitar la identidad, un camino de resistencia -y de celebración- que, para muchas, está estrechamente vinculado con el devenir feminista. Especialistas en diversidad coinciden es en que, si bien hubo avances legales, las mujeres lesbianas todavía se enfrentan a diario a barreras “morales” y discriminación en los distintos los espacios que transitan.
La discriminación y la violencia contra lesbianas y personas trans, así como bisexuales y varones gays, fue justamente el objeto de estudio de una investigación que impulsó el Fondo de Población de Naciones Unidas y ONUSIDA con los gobiernos departamentales de Florida, Montevideo y Rocha en estos tres departamentos, que reveló entre otras cosas cómo se entrañan estas problemáticas en los territorios.
Mientras, en América Latina, los grupos que se oponen a los derechos LGBTI y a las luchas feministas reúnen fuerzas contra lo que parece ser su nuevo enemigo: el lenguaje inclusivo.