Las calles de Montevideo volverán a salpicarse este viernes de música, baile, colores, banderas de arcoíris y glitter, en una nueva Marcha por la Diversidad. La convocatoria busca celebrar las conquistas alcanzadas por el colectivo LGBTI y visibilizar la multiplicidad de identidades que contempla el abanico de disidencias sexuales y de género. Es una fiesta, sí, pero es también una oportunidad para poner arriba de la mesa –o del asfalto– todo lo que falta para ganar más derechos y garantizar el respeto de los que, al menos en papel, ya están consagrados. La convocatoria habilita además a abrir el terreno para plantear los reclamos de otros sectores del movimiento social.

La Coordinadora de la Marcha por la Diversidad, que reúne una decena de organizaciones sociales, convoca a concentrarse a partir de las 19.00 en la plaza del Entrevero para recorrer la Avenida del Libertador hasta la plaza 1º de Mayo. Como todos los años, el trayecto va a estar acompañado de cuatro “chatas” lideradas por DJs y artistas. Una vez en el punto final, a metros del Palacio Legislativo, representantes de los colectivos leerán una proclama con las principales reivindicaciones de este año. El broche de oro será el espectáculo artístico, que vuelve por primera vez tras haberse suspendido por la pandemia, y que estará en manos de Vulvax, Andy Falcone, Dani Umpi & Goro Gocher y Kevin Royk.

Este año, la invitación es a marchar bajo la consigna “Las calles son nuestras, el Estado tiene que dar respuestas”, una frase que puede explicarse en dos partes, según detalló Daniela Buquet, vocera de la coordinadora, en diálogo con la diaria. Por un lado, apunta a la “reivindicación de la toma del espacio público”, pensada para “la comunidad LGBTI, porque se nos expulsa del espacio”, y también en los términos más generales de “salir a manifestarse en un contexto en el que hay una gran persecución de los movimientos sociales y de los sindicatos en particular, como se puede ver muy claramente con todo lo que está pasando con la educación”. Por otro lado, la segunda parte “tiene que ver con marcar quién tiene la responsabilidad de garantizar nuestros derechos y quién está en falta hoy en día, porque no los está cumpliendo”, señaló la activista, en referencia a un Estado “que hace recortes presupuestales, que corta planes y que no toma en cuenta las demandas de la sociedad”.

“Es una marcha bien importante, porque es la marcha luego de la pandemia y esperamos muchísima gente”, auguró Buquet. La activista resaltó que “es una marcha de diversidad sexual, pero pensada desde la interseccionalidad y la unidad de los movimientos”, por lo que consideró que es “importante para la comunidad LGBTI” haber logrado “tal articulación con el movimiento sindical, con el estudiantil, con el afro, con el feminista y con otro montón de luchas, para salir a la calle y hacer estos reclamos en conjunto”.

Así se refleja en la lista de organizaciones que este año forman parte de la coordinadora: Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, Colectivo Diverso de Las Piedras, Colectivo Multimostrxs, Coro de Hombres Gay de Montevideo, Departamento de Jóvenes del PIT-CNT, Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, Maestras Feministas, Ovejas Negras, Serpaj, y Trans Boys Uruguay - Niñez, Adolescencia y Familia.

Faltan respuestas

¿Sobre qué cuestiones el Estado tiene que rendir cuentas? Uno de los primeros reclamos que aparece es la falta de implementación de algunos puntos de la Ley Integral para Personas Trans, aprobada en 2018. En este sentido, Buquet señaló que “está costando mucho” que los entes públicos cumplan con el cupo laboral que exige la normativa y que, en el área de la salud, “las mutualistas privadas siguen sin cubrir lo que les corresponde”.

La vocera dijo que también hay “algunos enlentecimientos” en el proceso para acceder a la pensión reparatoria que les corresponde a las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 que hayan sido víctimas de violencia institucional y/o privadas de libertad debido a su identidad de género. En concreto, aseguró que la Comisión Especial Reparatoria, que recibe y analiza las solicitudes –y funciona en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (Mides)–, “necesita recibir informes de distintos entes estatales y están siendo muy lentos”. “Estamos hablando de personas trans viejas, que nunca han recibido esta reparatoria, que necesitan el ingreso y que las mantenemos ahí a la espera de que el Estado decida por fin darles lo que les corresponde”, cuestionó Buquet.

Las respuestas que exige la coordinadora no se limitan únicamente a la comunidad LGBTI. Según dijo Buquet, el Estado también “tiene que dar respuestas a lo que está pasando con la educación”, ya que “docentes, estudiantes y toda la comunidad educativa están planteando que las reformas [propuestas por el gobierno en esta materia] son impuestas, no son consultadas, no tienen en cuenta el objetivo de desarrollo que pensamos para la ciudadanía, y tampoco está pensado el presupuesto”.

La activista señaló además que las autoridades “no dan alimentación para la gente” y “están yendo para atrás en un montón de programas territoriales, que tenía en particular el Mides, que también ha dejado a las poblaciones más vulnerables completamente desamparadas, sin equipos que trabajaban en territorio y que hoy en día dejaron de hacerlo”. En esa línea, cuestionó que “no están saliendo a decir cuáles son los planes, ni cómo piensan llevar adelante la recomposición del Uruguay de una crisis económica luego de haber pasado una pandemia”.

Acerca de la pandemia, Buquet puntualizó que “está siendo muy complicado salir adelante” para las poblaciones que ya estaban en una situación de vulnerabilidad previo a la crisis sanitaria, como es el caso de muchas personas LGBTI. “Si pensamos en esto transversalizado con la diversidad, tenemos a las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual, que fueron completamente privadas de su trabajo y que el Estado tampoco se hizo cargo de pensar de qué manera se podía sustentar a esta población”, criticó la vocera de la coordinadora, y agregó que “fue el movimiento social el que salió a juntar comida y a hacer ollas populares por todo el país para sostener la situación”.

Buquet aseguró que “la gente que sufrió esta situación hoy está pudiendo volver a trabajar, pero en una crisis económica que nos encuentra mucho peor, con los precios mucho más altos; la inflación creció, entonces falta para poder sostener a esta población”.

También faltan respuestas para atender la violencia de género y esa es otra de las demandas que van a plantearse al final de la movilización. Sobre este tema, Buquet cuestionó que la Ley 19.580 “sigue sin tener el presupuesto que le corresponde”, mientras el Poder Judicial “sigue sin llevar adelante las formaciones en perspectiva de género y diversidad para poder saber qué hacer con esas temáticas”. “El Estado no está proponiendo ninguna medida nueva para pensar cómo resolver esta situación y las mujeres seguimos viviendo en peligro”, señaló la activista.

Pasa lo mismo en el caso de las mujeres trans, apuntó Buquet, y planteó lo que pasa cuando ocurre un transfemicidio: “Nos quedamos en un debate sobre cómo nombrar estos asesinatos y después termina sucediendo que lo que falta es la seguridad para la gente”. En este punto, recordó el transfemicidio de Salomé, la mujer trans de 38 años que fue asesinada a principios de este mes por su pareja en Pando, Canelones, y cuestionó cómo abordó el caso la prensa, que en un principio –y en base a información del Ministerio del Interior– informó sobre el asesinato de un hombre. “Lo que pasó con la prensa también va a ser un reclamo, porque hace falta formación y respeto a las identidades de las personas; es notorio que todavía pasan cosas que ya no son por ignorancia”, afirmó. A su entender, “es fundamental un mayor compromiso de toda la sociedad”.

Reivindicaciones diversas

¿Cuáles son las reivindicaciones, barreras y problemas a los que se enfrenta el resto de la población LGBTI en Uruguay? Para las personas no binarias en particular, el principal reclamo o el más “simbólico” es que, directamente, “el Estado no reconoce su identidad”, aseguró Buquet. “Si una persona nace o si, más adelante, accede a hacer el cambio de nombre y sexo registral, en la cédula no puede poner otra cosa que no sea varón o mujer. Entonces, ahí hay que hacer un cambio y reconocer que como sociedad no le estamos dando la posibilidad de que su identidad exista”, explicó la activista.

En el caso de las lesbianas, mencionó dos cuestiones importantes. Por un lado, dijo que se siguen enfrentando a la “falta de formación y de información de los profesionales de la salud”, sobre todo a nivel de la ginecología, “lo que hace que, por ejemplo, no nos manden a hacer estudios, como el PAP, como si nosotras no tuviéramos relaciones sexuales, entonces nos exponen a peligros constantemente”. Además de la violencia, también reciben “suma hostilidad”. Buquet aclaró que esto “les pasa a todas las personas de la comunidad en general”: “Recibimos una violencia constante cada vez que vamos a cualquier tipo de médico, porque los atraviesan los prejuicios que tiene cualquier persona, pero en el caso de un médico después nos termina dañando la vida”, apuntó.

La otra cuestión es “lo que sucede cuando una pareja de dos mujeres accede al tratamiento de reproducción asistida”, porque, entre otras cosas, “para que las dos madres puedan reconocer a ese niñe que va a nacer tienen que estar casadas”. Esto es porque “la única ley que reconoce la maternidad de esta forma es la ley de matrimonio [igualitario]”, si no, hay que recurrir a la adopción. “Esto en el caso de parejas heterosexuales no sucede: el padre va, dice que es el padre y no hay más nada que necesite el registro para aceptar esa información. En el caso de que sean dos mujeres, necesitan pruebas para hacerlo”, explicó Buquet. “Los logros son impresionantes y hay que reconocerlos, pero hay cuestiones muy pesadas todavía en la parte administrativa del Estado que nos muestran y nos señalan constantemente que somos distintos, que tenemos que pasar por pruebas específicas para que nos reconozcan nuestros derechos”, señaló.

A la hora de reflexionar sobre la situación de los varones gays, la activista consideró que “se nota el aumento de los discursos de odio generalizados hacia toda la comunidad, que también genera una violencia hacia los varones”. A su vez, “es difícil que lo hablen, se les hace mucho más complejo para conversar y para permitir conversar sobre la violencia entre los propios varones, de varones hacia varones”, agregó. Para Buquet, también es necesario que estos temas se aborden en los centros educativos y que se puedan generar políticas pensadas “en cómo mejorar la convivencia entre las personas”. Al respecto, opinó que “las mujeres vivimos violencia constantemente”, entonces a veces nos olvidamos de que “los varones también la sufren, y los varones gays en particular sufren muchísima violencia en el sistema educativo, por lo que sería un buen espacio” para abordar el tema.

En cuanto a las personas bisexuales, mencionó dos problemas. Por un lado, “si son mujeres bisexuales y están en relaciones con mujeres, todo lo que comentaba sobre la salud les va a repercutir y la violencia también les atraviesa”. Por otro lado, se enfrentan constantemente a “la invisibilización, la negación de su identidad, y esta cuestión de plantear que es una ‘etapa’, sin reconocer que son personas que saben perfectamente lo que quieren”.