Rendición de cuentas sobre lo que se hizo y definiciones sobre lo que se hará. Con esos dos objetivos concretos se reunió este viernes el Consejo Nacional de Género (CNG), el espacio interinstitucional en el que se establecen y evalúan las prioridades de política pública en materia de género, que integran representantes de una veintena de organismos públicos y de la sociedad civil. El encuentro fue presidido por Mónica Bottero, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que durante la apertura señaló que “seguramente” se trate del último CNG de la actual administración de gobierno, y adelantó: “Vamos a rendir cuentas no solamente de 2023, sino también de lo que hemos hecho en todo el período y de lo que tenemos proyectado hacer en lo que nos queda”.
Bottero presentó un informe sobre las acciones que llevó adelante el CNG en tres temas principales: promoción de la autonomía económica de las mujeres, institucionalidad de género y liderazgo de mujeres políticas. El apartado sobre violencia de género -un tema al que se le dedica 95% del presupuesto, dijo la jerarca- quedó en manos de representantes del Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género.
En lo relativo a la autonomía económica de las mujeres, Bottero recordó que al principio del período el consejo formó una comisión dedicada específicamente a trabajar en el tema, tanto en la dimensión de los cuidados como en la de trabajo remunerado. Una de las tareas de esta comisión, asumida en conjunto con el área de Formación Sociolaboral del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), apuntó a que el monotributo social de esta cartera, que en general se entrega a personas que quieren empezar un negocio o un emprendimiento, “tenga perspectiva de género”.
Según explicó la directora, la idea es que se contemple la realidad de mujeres que muchas veces no pueden insertarse al mercado laboral porque tienen que hacerse cargo de los cuidados de niñas, niños, adolescentes u otras personas en situación de dependencia. “Lo que estamos pidiendo es que tengan una prioridad, por ejemplo, en las becas de inclusión socioeducativa, para poder enviar a los niños y niñas a los jardines, a los CAIF o a centros de cuidados, porque sabemos que son personas que tienen que hacer un doble trabajo”, dijo, y aclaró que no se trata “sólo de dar el monotributo, sino también de generar las condiciones para que puedan insertarse laboralmente”.
En cuanto a la institucionalidad de género, Bottero mencionó la creación y el fortalecimiento de las unidades especializadas en género en los organismos públicos, de acuerdo a lo que establece la Ley 19.846. Al respecto, dijo que hoy en día 80% de las instituciones públicas tiene unidades especializadas en género y que poco más de la mitad (56%) de ese total “ha puesto fondos” para su funcionamiento. El fortalecimiento de las unidades se hizo además por un convenio con la Escuela Nacional de Administración Pública, que “ha formado a más de 1.000 funcionarias y funcionarios en materia de políticas públicas de género”, señaló.
Además, en términos de capacitación, Bottero destacó un proyecto con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional que pretende impactar, para 2024, “en más de 500 mujeres que van a hacer cursos que ellas mismas han pedido en territorio y con nosotros”.
En cuanto a la salud, hizo referencia a una línea de trabajo con la Academia Nacional de Medicina para “visibilizar” distintos aspectos de la menopausia y a un plan de capacitación con el Instituto Nacional del Cáncer para la detección de cáncer de cuello de útero.
Por otro lado, mencionó los proyectos junto al Banco de Previsión Social en materia de licencias parentales y pensiones alimenticias, en un esfuerzo por alentar la corresponsabilidad en los cuidados.
En el terreno “mujeres y política”, Bottero aclaró que la dificultad no es en la participación de las mujeres en la política, sino “en el acceso a cargos de decisión electivos y no electivos”, y que es ahí donde hay que poner el foco. La directora dijo que el programa de líderes políticas que Inmujeres lanzó en 2021 alcanzó a 180 dirigentes “de todos los departamentos del país y de todos los partidos políticos”, y anunció que en 2024, “ya con las listas [electorales] en la mano”, la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos hará una “preparación con las candidatas para apoyar el desempeño durante la campaña”.
Todos los esfuerzos contra la violencia
La rendición en materia de violencia basada en género estuvo a cargo de dos técnicas designadas del Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género (CNC). En primer lugar, la socióloga Natalia Reyes, responsable del Sistema de Información de Inmujeres, presentó un breve monitoreo sobre cómo se viene cumpliendo el Plan Nacional de Violencia Basada en Género 2022-2024.
La experta dijo que, para 2022, 13 instituciones y espacios interinstitucionales llevaron adelante acciones comprendidas en el plan, lo que representa 75% del total de organismos. A la hora de evaluar el cumplimiento, Reyes especificó que el año pasado se ejecutó 60% del plan y señaló que la mayoría de las acciones realizadas pertenecen a dos de las cinco líneas de acción contempladas en el documento: fortalecimiento de la respuesta interinstitucional y formación de operadoras y operadores.
En tanto, en lo que va de 2023, se realizó 43% de las acciones y 36% está “en proceso”, por lo que “podemos decir que el plan lleva ejecutado en su totalidad o parcialmente un 79% de sus acciones”, puntualizó la socióloga. “Es por eso que evaluamos que el avance del plan está siendo bueno y los exhortamos a que puedan seguir cumpliendo con las acciones comprometidas” para el resto del año, agregó.
El informe detallado del CNC sobre la situación fue presentado por María Elena Mizrahi, coordinadora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, que llamó a dar una respuesta interinstitucional a lo que calificó de un “problema social grave” en el país. “La violencia está en todos los sectores y en todos los momentos de la vida cotidiana de las mujeres, por lo que todos los sectores tenemos que dar respuesta interinstitucionalmente y coordinadamente”, insistió, y consideró que si bien se destina “95% del presupuesto” al tema, como dijo Bottero, no parece ser suficiente.
Mizrahi dijo que el consejo consultivo propone sobre todo hacer hincapié en la prevención, porque, “en definitiva, cuando una mujer llega a los juzgados, a la fiscalía o a la comisaría es porque nosotros no pudimos prevenir la violencia que esa mujer estaba sufriendo”. En esa línea, planteó la necesidad de “tener campañas de bien público contra la violencia de género y generaciones, fortalecer los espacios de prevención y sensibilización, y capacitar a nuestros técnicos para que los operadores que trabajan en todos los organismos del Estado tengan la capacidad de valorar el riesgo” en el que se encuentran mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia, incluidos los casos de trata.
A la vez, abogó por la necesidad de “homogeneizar los sistemas de información” para poder “detectar dónde tenemos las mayores deficiencias y dónde debemos atender y tener dispositivos”, y así “mejorar la política pública”. También enfatizó en la importancia de “continuar apoyando la implementación de la Ley 19.580”, algo “central, porque es la ley marco del país”, y desarrollar la tercera Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones. Por último, pero no menos importante, habló de “fortalecer el sistema de justicia”, sobre todo en lo que tiene que ver con “la infraestructura y los recursos humanos”.