A lo largo de la discusión en el Parlamento sobre la ley de tenencia compartida o corresponsabilidad en la crianza, recientemente aprobada, se ha repetido sin parar la existencia de las “denuncias falsas” por violencia basada en género. Lo han dicho políticos sin distinción de género, periodistas, abogados, psicólogos e integrantes de los grupos que impulsaron esta iniciativa. Lo hicieron con tanta insistencia que hasta lograron incluir en la ley, de la mano de la diputada colorada María Eugenia Roselló, el artículo 15 que prevé un agravante para las denuncias falsas entre progenitores que estén amparadas por la ley de violencia de género y la de violencia doméstica.
El fundamento de las denuncias falsas por violencia basada en género, al menos en el contexto de la corresponsabilidad en la crianza, sería el de que las mujeres-madres denuncian a los hombres-padres para que no puedan acercarse a sus hijas e hijos. Esta idea no surgió en el contexto de esta ley ni en Uruguay, sino que se viene expandiendo como reguero de pólvora por toda la región. En setiembre está fijado el Día Mundial de las Falsas Denuncias, por lo que el año pasado en Argentina se realizó una marcha en esa fecha. En el país vecino también se creó el Observatorio de Falsas Denuncias con el fin de “monitorear, analizar e investigar datos” sobre este fenómeno.
En los sitios web de organizaciones de toda América Latina y España que dicen apoyar a los padres separados o divorciados se habla del “negocio de las falsas denuncias”, “los patrones” que siguen y “consejos para prevenirlas”. También promueven la existencia del “síndrome de alienación parental”, (para muchos especialistas una teoría sin fundamento científico, y hacen aseveraciones como esta de la Fundación Padres por Siempre de Colombia sobre denuncias por abuso sexual: “Experimentada psicóloga perita forense reconoce que tan sólo el SIETE POR CIENTO (7%) de los casos que ha manejado han sido verídicos, el resto, NOVENTA Y TRES POR CIENTO (93%), son denuncias y acusaciones falsas”. En Uruguay estos argumentos son promovidos por las organizaciones Varones Unidos, Stop Abuso Uruguay y Todo Por Nuestros Hijos Ya, entre otros profesionales.
“Un engranaje más”
El discurso extendido de las denuncias falsas “es una respuesta reaccionaria a la ruptura del silencio histórico sobre la violencia sexual. Si bien la violencia de género y la violencia doméstica han sido problematizadas, la violencia sexual ha llegado más tarde con las denuncias en redes sociales y el Me Too”, explica a la diaria Soledad González. Lo que quiere decir la politóloga y militante feminista -integrante de Cotidiano Mujer y de la Intersocial Feminista- es que “un delito que antes era impune ahora llega a los estrados y tiene condenas”. Pone como ejemplo, como hito, el caso de Operación Océano.
Desde el Programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva del Instituto de Psicología de la Facultad de Psicología (Universidad de la República), el psicólogo Néstor Rodríguez investiga cómo se instala el discurso de las falsas denuncias: “Frente al avance en la consolidación de una agenda de derechos en diferentes países del mundo que favorecen una igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres, personas LGBTI+ y minorías, surge un contramovimiento social que empieza a instalar este discurso de las falsas denuncias en lo que tiene que ver con violencia basada en género y violencia sexual”. El psicólogo considera que, una vez que se instala este discurso en la agenda pública e institucional, “se empiezan a generar dispositivos y normativas para su atención y combate”.
Rodríguez cuenta cómo se fue instalando en Argentina esta discusión en la agenda pública, a raíz de un texto que publicó el reconocido exjuez civil Eduardo Cárdenas a comienzos de los 2000 y que tituló “El abuso de la denuncia de abuso”. Allí el juez advierte sobre una “verdadera industria de denuncias de abuso sexual, promovidas con el fin de aislar al hijo del otro progenitor”. Por eso, el psicólogo entiende que “viendo cómo se desarrolla el fenómeno en la región, en algún momento iba a ocurrir en Uruguay”. Es más, sostiene que las denuncias falsas “son un engranaje más de toda esta maquinaria” (como el rechazo a la educación sexual integral en las escuelas), que es el contramovimiento social impulsado por sectores conservadores, religiosos y antiderechos.
“Ese relato que tratan de instalar de que hay miles y miles de denuncias falsas, y que las mujeres son malas y quieren perjudicar a los hombres”, forma parte del actual negacionismo de la violencia basada en género y de la violencia sexual por parte de algunos sectores de la población, según Alicia Deus. Ella lo ve en el día a día en su trabajo porque es abogada especialista en derechos de la niñez y la adolescencia, además de corredactora de la Ley 19.580 de violencia basada en género y hacia las mujeres.
El “diagnóstico de abuso sexual no es político”
Las y los especialistas consultados no niegan que puedan existir denuncias falsas por violencia basada en género o violencia sexual, y desmenuzan el asunto. Deus dice que “no hablaría de miles de denuncias falsas. La Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, que atiende más de 90% de los casos de abuso, no lo releva como un problema. Pero que hay alguna, sí, sin duda”. Para Rodríguez, “a partir de estudios longitudinales que se hacen a nivel internacional, es recontra sabido que el porcentaje de las denuncias falsas no supera las dos cifras”.
En octubre de 2022, el medio argentino Chequeado publicó un artículo en el que aporta pruebas que desmienten que las denuncias falsas por violencia de género sean un problema extendido. Lo mismo en España, donde datos que aportó Fiscalía para 2022 aseguran que las denuncias falsas sólo constituyen 0,01% del total de las denuncias para estas violencias.
El psicólogo considera que esta campaña que promueve las denuncias falsas “lleva a la violencia basada en género y a la violencia sexual al campo de lo ideológico, cuando la discusión debería ser ética y técnico-profesional”. Y agrega: “Un diagnóstico de abuso sexual no es político, sino que es técnico-profesional y se hace con mecanismos éticos con base en la evidencia existente”. Este impulso ideológico, según Rodríguez, motiva el “error conceptual de atribuirle a cualquier denuncia una intencionalidad de perjudicar al otro”.
Es más, él distingue entre la falsa denuncia y la “denuncia no sustanciada”, la que no tiene elementos suficientes para constatar el hecho. “Una situación no sustanciada no significa que el hecho no haya ocurrido, sino que en el momento en que llega al sistema de justicia no alcanza los estándares mínimos requeridos para condenar a alguien. Ahí sí, el porcentaje de las denuncias no sustanciadas aumenta en un número de dos cifras, pero eso no es sinónimo de que estemos frente a una falsa denuncia”, explica Rodríguez. Él sostiene que en el terreno del abuso y la violencia sexual se “pueden dar situaciones en las que los elementos no son tan claros” o incluso situaciones confusas, “por eso la pesquisa y el análisis del relato de la víctima son sustantivos”.
En el caso de González, parte de su militancia es acompañar a víctimas de violencia sexual a denunciar ante la Justicia, por eso dice: “Creo que hay un mito sobre cómo funciona la Justicia, porque no es que pasa cualquier cosa ahí. Hay instancias judiciales en las que se presentan pruebas. A veces puede ser que una disputa violenta se transforme en una medida cautelar contra el hombre, y capaz que eso no fue una situación de violencia de género. Pero una medida cautelar no es perpetua”. La militante hace esta aclaración porque uno de los argumentos de quienes promueven el relato de las falsas denuncias es que, frente a las situaciones de violencia basada en género, los juzgados toman medidas de protección cortando el vínculo de padre e hijos sin pruebas. La misma idea de que no se cumple con la presunción de inocencia del acusado o que la Justicia falla a favor de la mujer.
Para graficar lo que puede suceder cuando llega una denuncia por violencia sexual ante la Justicia, Deus explica: “A veces las situaciones son de difícil comprobación, sobre todo cuando hablamos de abuso sexual infantil. No hay un procedimiento que pueda ser definitorio y muchas veces quedan en una zona gris. Puede haber una pericia que no es contundente, la otra parte la impugna y presenta una pericia que dice lo contrario. No hay testigos. Muchas veces las secuelas [en las niñeces] no son claras, ni tampoco el relato, porque no tienen conciencia de lo que supone el abuso sexual (siempre que no haya violencia física)”. A esto se le suma, según la abogada, la falta de recursos por parte de la Justicia y la falta de formación y especialización en maltrato, abuso y violencia hacia las niñas y niños por parte de los operadores. “Esta es una de las cosas que el Código de la Niñez y la Adolescencia requiere. Si hubiera, sería más eficiente la determinación frente a una denuncia o sospecha de abuso”, agrega.
Frente al hecho de que la Ley Integral de Violencia Basada en Género suspenda las visitas a los hijos por parte de un padre que fue denunciado por la madre, Deus explica que “la exposición a la violencia de género es violencia directa contra los niños, y las consecuencias son graves en el corto, mediano y largo plazo”. En esto la ley es muy específica: establece la suspensión de visitas por un período de 90 días, en los que no haya “actos de violencia”. Pero este lapso “se alarga por problemas de funcionamiento del propio Poder Judicial. Se ha cuestionado la Ley de Violencia Basada en Género, pero no es un problema de la ley, sino de que no se aplica o se aplica mal”, dice la abogada.
Que no se cumpla la ley, según ella, “hace que los procedimientos se dilaten en el tiempo, y puedan ocurrir situaciones de injusticia”. Esto también puede generar situaciones del otro tipo, en las que “cuesta mucho probar un abuso sexual infantil porque no hay evidencias suficientes. Se terminan habilitando las visitas y el niño queda en un riesgo inminente”, agrega.
Una cuestión de derechos
Para González, las consecuencias de que se propaguen discursos como el de las denuncias falsas por violencia basada en género recaen principalmente sobre las infancias: “A las infancias las cuidamos las madres, y si somos desprestigiadas por los padres por manipuladoras y peligrosas, los niños y adolescentes quedan a merced de los violentos”.
Desde su lugar, Rodríguez sostiene que “el sistema de justicia tiene que poder detectar cuando una denuncia es infundada y cuando no”. De lo contrario, que se instalen relatos como el de las denuncias falsas hace que “haya un descreimiento hacia las instituciones del Estado que son las garantes del derecho”. El psicólogo también considera que la propagación de este discurso recae de forma negativa en las víctimas de violencia basada en género, que una vez más “no tienen condiciones para que le den crédito a su palabra”. Finalmente, dice que tiene un saldo negativo para “la sociedad en su conjunto, porque no estamos respetando los derechos del otro”.