El Senado dio sanción definitiva al proyecto de tenencia compartida o corresponsabilidad en la crianza en esta jornada, luego de recibir las modificaciones que se le hicieron al texto en la Cámara de Diputados. A solicitud del Frente Amplio (FA) la votación fue nominal, por lo que cada senador debió pronunciar su voto afirmativo o negativo de forma individual, y obtuvo la aprobación por 17 votos, todos del oficialismo, frente a los 12 en contra de la oposición.

La votación estuvo precedida por un nuevo debate entre los legisladores del oficialismo y la oposición. Mientras la senadora blanca Carmen Asiaín desestimó las críticas bajo el argumento de que “sostener que porque hay situaciones de violencia lamentables, y que condenamos, no podría prosperar un proyecto como este, sería equivalente a meterse con el matrimonio por el hecho de que también lamentablemente existen estas situaciones”, el frenteamplista Charles Carrera consideró que “hoy es un día muy triste para el Parlamento” por el “retroceso” legislativo que la norma implica.

“Abogamos por la responsabilidad compartida en la crianza de los hijos, que es mucho más que tenencia. Por eso el título no es de tenencia compartida, abarca mucho más”, comenzó diciendo Asiaín en su exposición, para la que se apoyó en una presentación gráfica con fragmentos de la iniciativa. La legisladora dijo que se pretende garantizar el “derecho de los hijos” y el “deber de los progenitores” que “parte de lo que es la institución familia, base de la sociedad, y a lo que apunta es a que la convivencia que llevaba esa familia se interrumpa lo menos posible cuando los progenitores se separan”.

Asiaín celebró las modificaciones que se le introdujeron al proyecto que ella impulsó, junto con la senadora Graciela Bianchi –a partir del texto que Luis Lacalle Pou presentó en 2016, cuando era senador–. Planteó que “el proyecto, en esta solución propuesta, [lo que busca] es aterrizar derechos humanos a la legislación y hacerlo posible dando las pautas necesarias, [y] está pensado como se legisla fuera de lo penal, para situaciones sanas, situaciones en que no existan ni violaciones ni abuso ni situaciones de violencia”. Sin embargo, admitió que “también tiene que contemplar alguna situación de violencia que pueda darse”, y pasó así a repasar el contenido del polémico artículo 4.

La senadora afirmó que este artículo mejora lo dispuesto en el artículo 124 del Código de la Niñez y la Adolescencia, modificado en 2019, que establece que “en los procesos por denuncias sobre violencia sexual no podrá disponerse la revinculación de las niñas, niños y adolescentes con el denunciado, salvo que la víctima lo solicitara expresamente y se cuente con el visto bueno de los técnicos que estuvieren interviniendo”. “A mí eso no me gusta”, sostuvo Asiaín, y aseguró que el artículo 4 del proyecto, “que en su modificación en Diputados mejoró y dio más garantías, lo que propone es varias instancias diferentes” para determinar la revinculación, con la participación de un juez de Urgencia y un juez de Familia.

Asiaín también citó el artículo 67 de la ley de violencia basada en género (19.580) que define que en casos de violencia intrafamiliar contra la mujer junto a las medidas de protección se debe también disponer “la suspensión de las visitas con el agresor con los hijas e hijos menores de 18 años de edad”, las cuales podrán reanudarse a los tres meses si no se reiteraron los actos de violencia. Asimismo, el artículo agrega que “excepcionalmente, y si así lo solicitaren los hijos o hijas y se considerare que no existe riesgo de vulneración de sus derechos, podrán disponerse visitas supervisadas por una institución o por una persona adulta de su confianza”. Al respecto, Asiaín planteó que “cuando uno escucha la oposición a este proyecto en base a la desprotección” de niños, niñas y adolescentes “por lo menos, es irónico o contradictorio”.

Carrera: “un día de mucho retroceso”

Por la oposición el primero en hablar fue Carrera, quien comenzó su intervención señalando que “hoy es un día de mucho retroceso” y que “las consecuencias de esta norma serán nefastas”. El senador del Movimiento de Participación Popular citó los [datos del Sipiav del 25 de abril], según los cuales en 2022 hubo 7.473 situaciones de violencia contra niños, niñas o adolescentes, “20 niños o niñas por día, un incremento de 6% con relación al año anterior”, destacó. Asimismo, subrayó que “las personas agresoras fueron, en su mayoría, los progenitores: 40% los padres y 24% las madres”. “Estos datos nos están dando cuenta de forma contundente de que el lugar de mayor riesgo para los niños, niñas y adolescentes es su entorno familiar”, analizó.

Asimismo, Carrera hizo mención a los datos de infanticidios, que fueron ocho en 2022, según los datos de la Unidad de Víctimas de Fiscalía, “por razones de violencia vicaria, la expresión más extrema de violencia de género, que tiene como objetivo vengarse o castigar a la pareja o expareja, asesinando a sus hijos”. “Es una cosa que a mí como padre no me entra en la cabeza, pero desgraciadamente se da, y nosotros aquí lo que tenemos que estar discutiendo son normas que atiendan estas situaciones de violencia”, planteó.

Por otra parte, Carrera recalcó que “no hay un solo estudio que hable de las denuncias falsas”, uno de los principales argumentos de los promotores de la iniciativa. En ese sentido, consideró que “se llegó a esta norma sin evidencias” y con base “en premisas falsas”. Además, sostuvo que buena parte de la argumentación que hicieron legisladores de ambas cámaras “se basa en un síndrome que no está reconocido por la Organización Mundial de la Salud”, en referencia al denominado síndrome de alienación parental. “Y lo citan. Y lo reafirman. Y quieren decir que este es el fundamento. Todo este proyecto descalifica y desacredita la palabra de los niños, niñas y adolescentes”, acotó.

Tal como ya lo había planteado la oposición, Carrera señaló que “luego de muchos años de avances y de destaques en la materia, vamos a ser pasibles de ser observados a nivel internacional por esta norma. Eso que quede claro y queremos dejar expresa constancia hoy aquí”.

Finalmente, Carrera se refirió al agregado que hizo la diputada colorada María Eugenia Roselló para introducir como agravante a la simulación del delito las denuncias falsas para obstruir las visitas por parte de un progenitor al otro: “Para rematarla, y de forma inexplicable, se incluyó un agravante al delito de calumnia y simulación que tiene consecuencias nefastas y muy riesgosas; esto es brutal”. El legislador profundizó en “lo difícil que es para una mujer ir a denunciar, dar ese paso, por presiones psicológicas, por presiones económicas, por temor a perder a sus hijos, por temor a perder su sustento”, e indicó que “aquí lo que se hace es, por encima del problema de las víctimas, que muchas veces no denuncian por miedo, por vergüenza o porque no se les cree, y porque el propio sistema desestimula las denuncias de violencia de género, poner otra barrera más”.

“Hoy es un día muy triste para el Parlamento, para la Cámara de Senadores, y tenemos que ver cómo seguir luchando este tema, porque es un retroceso muy grande el que se va a dar a partir del momento en que este proyecto sea sancionado y promulgado”, lamentó Carrera, pero también dijo confiar “en todas estas organizaciones sociales que se expidieron en contra para armar un gran frente y ver cómo se para el retroceso en materia de violencia y desprotección de la infancia y la adolescencia”.